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 REVISTA JURIDICA
Boletín Mexicano de Derecho Comparado
           InfoJus     Publicaciones     Anuario Mexicano     Contenido     Vol. XXII
 


EL INQUISIDOR GENERAL Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ

Eduardo Galván Rodríguez

Sumario: I. Los prolegómenos. II. La renuncia del inquisidor general Arce. III. La Junta Central Suprema y el inquisidor general. IV. Las Cortes de Cádiz y el inquisidor general.

I. Los prolegómenos

En 1808 ocupa el cargo de inquisidor general un cántabro conocido como Ramón José de Arce. Lleva diez años en el cargo.¿Cuáles son las principales funciones de un inquisidor general a fines del siglo XVIII? Básicamente, Arce dedica su tiempo al frente del Santo Oficio a presidir el Consejo de la Inquisición, nombrar oficiales y ministros, gestionar el personal y ejercer sus facultades respecto a la vigilancia sobre los libros.

Pero no están los tiempos para mucha tranquilidad. Al poco de asumir el cargo de inquisidor general, Arce recibe el primer envite público de manos del obispo de Blois. La carta del abate Grégoire manifiesta claramente sus intenciones: "No deja de ser cosa singular una carta escrita por un obispo francés a un obispo español, inquisidor general, solicitando la supresión de la Inquisición". El debate sobre la posible supresión del Santo Oficio está en el ambiente. Junto a ello, el siglo de la Ilustración también ha sido el del lento e imparable declinar de la Inquisición española, manifiesto en la progresiva merma de su posición institucional. En este contexto acontecen los sucesos de Aranjuez, cuando la primavera de 1808 anuncia su llegada.

II. La renuncia del inquisidor general Arce

Es conocido que el 17 de marzo de 1808 comienza el motín (o golpe de Estado) de Aranjuez. Exitoso el golpe de mano, el 19 abdica Carlos IV. Pero dos días más tarde, el 21, alega la nulidad de la abdicación y retoma el trono. ¿Qué ha pasado con nuestro inquisidor general? Pues, Arce renuncia al cargo el 23 de marzo, y el 27 comunica su preocupación ante su "quebrantada salud". A partir de este momento, nuestra historia se bifurca. Por un lado, ¿qué sucede con Arce? Por el otro, ¿qué acontece con el Santo Oficio?

En cuanto a Arce, el 12 de octubre reconoce a la Junta Central Suprema del Reino. Transcurre casi un año y el 17 de septiembre de 1809 esta Junta Central le forma causa por tomar el partido de los franceses. En el bando francés, el 4 de diciembre de 1808 Napoleón había abolido la Inquisición. El afrancesado Arce recibirá su reconocimiento cuando, el 18 de marzo de 1810, José Bonaparte le restituye a sus antiguos cargos de patriarca de las Indias y limosnero mayor.

Contraria la suerte a las armas francesas, en el verano de 1813 emprende el camino del exilio a Burdeos. El 7 de abril de 1814, felicita a Fernando VII y le pide permiso para regresar a su arzobispado zaragozano, solicitud a la que el monarca no accede. Dos años más tarde, el 26 de septiembre de 1816, renuncia al arzobispado a cambio de treinta mil reales de vellón anuales. Sus días concluyen en París un 16 de enero de 1844.

III. La Junta Central Suprema y el inquisidor general

Mientras tanto, ¿qué sucede con la Inquisición? En los periodos de desarrollo institucional ordinario, en los supuestos de renuncia del inquisidor general, ésta no es efectiva hasta su admisión por el pontífice y el nombramiento del nuevo jefe de la Inquisición española (por breve pontificio dictado a propuesta del monarca español) y su toma de posesión. Ahora bien, en los supuestos de vacancia del cargo de inquisidor general, es el Consejo de la Inquisición el órgano que actúa en el ejercicio de las atribuciones conferidas al inquisidor general y asume sus competencias.

Y es el Consejo el que el 6 de mayo de 1808 comunica públicamente su oposición a los disturbios del 2 de mayo. O el que reconoce a la Junta Central Suprema dos días después de su instalación, el 28 de septiembre del mismo año.

En su reunión del 15 de octubre, la Junta Central Suprema nombra inquisidor general al obispo de Orense, Pedro de Quevedo y Quintano. Nuestro nuevo personaje había presidido la Junta Suprema de Galicia en mayo y había rechazado la invitación para asistir a la Asamblea de Bayona, mediante la publicación de un impreso que llama a Napoleón a devolver a la familia real a España y a respetar la soberanía de la nación española. En enero de 1810 lo encontramos al frente del Consejo de Regencia.

No nos consta que Quevedo aceptase el cargo de inquisidor general. Faltaba la admisión de la renuncia de Arce por el papa (cautivo entonces en manos de las tropas napoleónicas) y el consiguiente nombramiento pontificio del nuevo responsable inquisitorial. Nombrado inquisidor general por la Junta el 15 de octubre de 1808, casi nueve meses después, el 9 de julio del año siguiente, le insisten para que acepte el cargo.

Mientras, las Cortes comienzan sus reuniones el 24 de septiembre de 1810. El 23 de octubre el Consejo de Inquisición reconoce la soberanía nacional de las Cortes. Pasan los meses, la guerra, y el 16 de mayo de 1811 el Consejo de Inquisición comunica su constitución formal y la reanudación de sus actividades. Sorprendentemente, tres días más tarde, el 19, el ministro de Gracia y Justicia ordena a sus miembros que se abstengan de ejercer sus funciones.

No acaba aquí todo, el 5 de agosto de 1812, las Cortes de Cádiz ordenan el destierro de Pedro de Quevedo y Quintano, el obispo de Orense al que la Junta Central había nombrado inquisidor general.

IV. Las Cortes de Cádiz y el inquisidor general

Aprobada la Constitución en marzo de 1812, antes de finalizar el año es planteado formalmente el problema de la Inquisición. Resumamos el panorama: tenemos un inquisidor general que ha renunciado pero su renuncia no ha sido admitida por el papa, tenemos también un nombramiento de inquisidor general realizado por la Junta pero no aceptado por el agraciado, tenemos al Consejo de Inquisición reunido pero paralizado por orden gubernamental, y tenemos la Constitución aprobada.

El planteamiento jurídico consiste en analizar la compatibilidad del Santo Oficio con la Constitución. De ahí que su conocimiento corresponda a la Comisión de Constitución, que el 9 de diciembre de 1812 expone su dictamen inicial. En él señala:

    Hoy día existe el inquisidor general, y aunque es cierto que renunció en Aranjuez, también lo es que Su Santidad no ha podido, por razón de su cautiverio, admitirle la renuncia de donde se infiere que no puede ejercer el Consejo [de la Suprema y General Inquisición] su jurisdicción Jamás se dio la Bula que autorizase al Consejo a ejercer la jurisdicción eclesiástica en la vacante del inquisidor general. Luego, ya se considere vacante, o ya no, la Inquisición General, es cierto para la comisión que el Consejo no puede ejercer la jurisdicción eclesiástica del inquisidor general.

En otros términos, si hay inquisidor general, el Consejo no puede actuar. Pero, si no hay inquisidor general, el Consejo tampoco puede actuar. Planteadas las posiciones de la Comisión, comienza el debate entre contrarios y partidarios de la incompatibilidad del Santo Oficio con la Constitución de Cádiz. Las posiciones contrarias a la Inquisición, por lo que toca al inquisidor general, fundan sus planteamientos básicamente en los siguientes argumentos:

    —Si los reyes no solicitan el breve para el nombramiento de un nuevo inquisidor general, la Inquisición deja de existir.

    —La Suprema actúa por delegación del inquisidor general.

    —La independencia del inquisidor general cuestiona la soberanía nacional.

    —El poder civil puede abolir la Inquisición.

    —El poder civil no puede restablecer la Inquisición, porque es una potestad pontificia.

Por su parte, las posiciones favorables a la compatibilidad de la Inquisición con el texto constitucional gaditano, sostienen los siguientes argumentos principales:

    —La jurisdicción del Santo Oficio proviene del papa, no del inquisidor general.

    —La vacante de inquisidor general no extingue la delegación.

    —El estilo y práctica seguidos en anteriores vacantes de inquisidor general que prueba la asunción de funciones por el Consejo.

    —La ausencia del rey o la vacancia del papa no suspende el ejercicio de sus tribunales.

    —El inquisidor general depende del papa y del rey, no es soberano.

Llegado el momento de la votación, el resultado final arroja un balance de 90 votos en favor de la incompatibilidad del Santo Oficio con la Constitución, frente a 60 votos partidarios de la compatibilidad. Este resultado tiene su plasmación en el Decreto de las Cortes del 22 de febrero de 1813 que abole el Santo Oficio de la Inquisición española.

En su explicación a la ciudadanía, el mismo día las Cortes imprimen una proclama que incluye entre sus argumentos el siguiente párrafo: "No existiendo al presente el inquisidor general, porque se halla con los enemigos, en realidad no existía la Inquisición". Luego, al no existir la Inquisición, las Cortes únicamente se han limitado a declarar de iure lo que de facto era ya una realidad.

Mas obsérvese el contraste entre este texto de la proclama y aqué l otro que veíamos al inicio del debate, con el dictamen de la Comisión de Constitución, cuando, menos de tres meses antes, afirmaba que "hoy día existe el inquisidor general", para así poder sostener que el Consejo de Inquisición no podía actuar. Quien a principios de diciembre de 1812 existía, ahora, a finales de febrero de 1813, desaparece del panorama institucional, y con él la institución que preside.

En todo caso, este nuevo panorama tiene una corta vida. Como es sabido, el 21 de julio de 1814 un Real Decreto de Fernando VII restablece el Santo Oficio de la Inquisición Española y, con él, a su inquisidor general.