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EL SENADO EN EL ESTATUTO DE BAYONA: ORIGEN DEL DEBATE PARLAMENTARIO EN LAS CORTES DE CÁDIZ

María del Camino Fernández Giménez*

Sumario: I. Introducción. II. Estatuto de Bayona de 1808. III. Debate parlamentario en las Cortes de Cádiz.

I. Introducción

Según es sabido, la historia de nuestro constitucionalismo arranca de la ocupación francesa a principios del siglo XIX, en el contexto de las abdicaciones de Carlos IV y Fernando VII. El constitucionalismo naciente, sustentado ideológicamente en la Revolución francesa, fue el motor sobre el que gravitó el nuevo escenario político de la España decimonónica y que habría de desembocar en el tránsito de la monarquía absoluta a la parlamentaria. El que podemos considerar periodo constituyente se inicia con el Estatuto de Bayona de 1808 que marcará un hito en la historia del sistema bicameral español.

II. Estatuto de Bayona de 1808

La idea de convocar una asamblea e instaurar una Constitución en España, no debió ser de Napoleón sino de Murat, quien habría planteado al emperador la necesidad de reunir en Bayona una asamblea compuesta por clero, nobleza y pueblo llano, con objeto de redactar un proyecto de Constitución y someterlo a debate. Napoleón accede a este planteamiento y envía una carta a Murat el 19 de mayo para que indague en el Consejo de Castilla sobre la aceptación del Estatuto napoleónico y su posible aplicación.1

Existieron tres proyectos de Estatuto.2 En el primero de ellos, Napoleón, con poco conocimiento de la realidad política de España, lo fundamenta en la Constitución francesa del 13 de diciembre de 1791 y en otras disposiciones. Las observaciones propuestas y modificaciones hechas al primer proyecto dieron lugar a un segundo, cuyo contenido en lo fundamental es igual al anterior, con la salvedad de que anula el artículo referente a la abolición de la Inquisición, radicalizando en general la intolerancia religiosa. En ninguno de estos dos proyectos se recoge mención alguna al Senado. La institución del Senado aparece en el tercer proyecto, motivado en buena medida por las deficiencias técnicas del segundo, en el cual hay además diversos artículos nuevos referentes a la Regencia y a las colonias de América y Asía. Los dos títulos de la Regencia y Senado son casi una reproducción íntegra de la normativa francesa.

El 15 de junio se constituye en el Palacio del Obispado Viejo de Bayona una asamblea de diputados pertenecientes a diversas provincias, con el fin de buscar soluciones a los problemas políticos, entre los que se encontraba la aceptación de las abdicaciones de Bayona y la aprobación de un Estatuto. La convocatoria de Bayona, publicada en la Gaceta de Madrid, hacía constar que el número de diputados no debía sobrepasar los 150, elegidos entre el clero, la nobleza y el pueblo. El número de diputados en la sesión inicial fue de 65.

Los datos que tenemos acerca de las sesiones nos indican que las dos primeras se dedicaron a la presentación de José Bonaparte, rey desde el 7 de junio. En la tercera comienza el debate sobre el proyecto de Constitución, que fue repartido impreso entre los diputados para que aportasen sus observaciones y enmiendas.

En la sesión del 20 de junio fue cuando se leyó el proyecto de Constitución, cuyo título VII trata del Senado, desde el artículo 32 al 49.

Según el artículo 32, el Senado se compondrá: "1o. De los Infantes de España que tienen la edad de 18 años cumplidos. 2o. De 24 individuos nombrados por el Rey entre los ministros, los capitanes generales del ejército y armada, los embajadores, los consejeros de Estado y los individuos del Consejo de Castilla".3

Este artículo fue debatido en la sesión décima celebrada el 28 de junio, en la que se trató de cuál debía ser la edad necesaria para los senadores nombrados por el rey. Algún vocal consideró que el contenido del artículo era suficientemente explícito, ya que debían ser personas de edad madura, pero aun así se sometió a discusión acordándose que para ser senador de designación real la edad mínima fuese 40 años.4

Por otra parte, en cuanto a posibles problemas de incompatibilidad de los senadores, es de señalar que Cristóbal de Góngora, oficial mayor de la Secretaría del Despacho de Hacienda, expuso en referencia al mismo artículo que existía incompatibilidad entre el cargo de consejero de Estado y de Castilla y el de senador.5 Como solución Luis Marcelino Pereyra, del Consejo de S. M., y alcalde de su Real Casa y Corte, aconsejó que aquellos consejeros de Estado que tuviesen otros cargos o empleos fuera de la Corte y que además no residiesen en ella, fuesen obligados a elegir entre esos puestos o la plaza de senador, y que si finalmente optaban por ésta debían dimitir de los otros cargos.6 A su vez, Pablo Arribas, fiscal de la Sala de Alcaldes de Corte, y José Gómez de Hermosilla, defendieron que un consejero de Estado podía gozar con carácter honorífico del título de senador, siempre y cuando residiese en la Corte y no tuviera medios económicos para mantenerse con dignidad, aunque si ocupaba el cargo de Senador con carácter efectivo no podía desempeñar el de Consejero de Estado. Añaden, que si esto se incorporara al artículo, sobraría de éste la referencia a que el número de senadores no excediera de 24, ya que no se alcanzaría con tanta facilidad dicho número. Concluyeron su exposición indicando que aquellas plazas vacantes que en adelante surjan deberán ser ocupadas por personas elegidas por el Senado, las Cortes y el Consejo de Castilla, teniendo en cuenta que cada órgano solo puede presentar al rey un candidato.7

En la sesión novena, algunos vocales estimaron oportuno que para complementar los artículos relativos al Senado, se estableciese otro cuyo contenido tratase de la inamovilidad de los senadores. Sometido a votación, hubo acuerdo unánime de que se otorgase a las plazas de los senadores carácter vitalicio, y que sólo se perdiesen por el mismo motivo que se pierde el derecho del ciudadano.8 Estas dos intervenciones materializaron los artículos 33 y 34 de la Constitución.

La mayor crítica al Senado, como nuevo órgano de la estructura política, fue la llevada a cabo por Luis Marcelino Pereyra, al alegar su disconformidad con la elección de los senadores, su dotación y perpetuidad en el cargo. En líneas generales considera Pereyra que el Senado es un órgano superfluo e innecesario, y que todas las funciones que desempeña podrían ser ejercidas por el Consejo de Estado. Con independencia de esta descalificación global, Pablo Arribas y Gómez Hermosilla solicitaron que se incorporasen al título del Senado otros artículos procedentes de los estatutos constitucionales de Francia, como los relativos a la exigencia para los senadores de una edad mínima de 40 años, el carácter vitalicio del cargo o disfrute del propio patrimonio, así como que pudieran ser comisionados por el rey para negocios de notoria importancia tanto dentro como fuera de España.9

Concluido el debate, el texto de la Constitución de Bayona recoge el artículo 32 como se había presentado en el proyecto, pero con alguna ligera variante que es preciso subrayar. En lo relativo a los senadores natos, observamos un mínimo cambio gramatical, pasando de mencionar a "los Infantes de España que tienen la edad de 18 años cumplidos", a "los Infantes de España que tengan 18 años cumplidos". Y en lo que concierne a los elegidos por el rey, que específicamente nos interesan, la antigua referencia a "los consejeros de Estado y los individuos del Consejo de Castilla" es sustituida por "los consejeros de Estado y los del Consejo Real". Ello no conlleva modificación institucional ninguna, sino una mera preferencia denominativa, habida cuenta de que en la tradición jurídica española el Consejo de Castilla siempre había sido el Consejo Real por antonomasia y así era denominado a menudo.

Los senadores de designación real se escogen, pues, de la diplomacia, el ejército y la alta administración, y no del alto clero. En cuanto a los procedentes de la administración, se da cabida tanto a los procedentes del régimen ministerial como a representantes del antiguo régimen polisinodial o de consejos. El rey elegiría así tanto a secretarios del despacho o ministros, como a consejeros de los consejos más importantes de la Monarquía.

Señalemos, que el Senado que aparece en el Estatuto de Bayona no puede ser considerado antecedente de la Cámara Alta en España, ya que las Cortes se reunían en una sola asamblea tanto para deliberar como para votar. No hubo ningún propósito, durante la elaboración del Proyecto de Estatuto, de dividir las Cortes en dos cuerpos colegisladores separados.

III. Debate parlamentario en las Cortes de Cádiz

En los meses anteriores a la convocatoria de Cortes fue objeto de controversia la elección de un sistema unicameral o bicameral para configurar la estructura de las próximas Cortes. La mayoría de los políticos y juristas consultados eran favorables al unicameralismo. Sin embargo, Jovellanos, Campomanes y Martín de Garay, tomando como ejemplo el sistema inglés, apoyaron el bicameralismo. Una de las razones esgrimidas por Jovellanos en favor de las dos cámaras fue la teoría del cuerpo intermedio entre el rey y el pueblo. Esta teoría venía a decir que la base de todo principio democrático requería que el Poder Legislativo se dividiera en dos órganos, uno con los representantes del pueblo llano, y el otro compuesto por el clero y la nobleza, que actuarían como cuerpo intermedio entre el pueblo y el rey. Este cuerpo no tendría un poder superior a los otros dos, sino inferior. En palabras de Jovellanos: "El poder de estas clases jerárquicas siempre será bastante para que, inclinado a una u otra parte, pueda refrenar a la que luchase por trastornar el equilibrio y servir para mantener en fiel la balanza política".10 Jovellanos es así partidario de que el estamento popular lleve a cabo la primera proposición de las leyes, y que el estamento del clero y nobleza se encargue de la revisión y confirmación de las mismas. Con este proceder se facilitaría al rey aceptar leyes previamente conservadas por los dos estamentos. Jovellanos apoyó este argumento por la experiencia que había en el modelo bicameral inglés y el norteamericano.

La Junta Central, antes de disolverse, reguló a través de un decreto del 29 de enero de 1810 la constitución de la Cortes, organizadas en dos estamentos: el Popular, compuesto por los procuradores de las provincias, y el de Dignidades, integrado por los grandes de España, arzobispos y obispos.11 Finalmente esta división no se llevó a efecto.

Las Cortes de Cádiz se constituyeron el 24 de septiembre de 1810, nombrando presidente a Ramón Lázaro de Dou y secretario interino a Pérez de Castro. En esta sesión fueron aprobados una serie de principios que inspirarían el nuevo orden a seguir, de los que destaca el de soberanía nacional: "Hallarse los Diputados que componen este Congreso, y que representan la Nación, legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias, en que reside la soberanía nacional". Y también el de separación de poderes: "Se establecía la separación de los tres Poderes, reservándose las Cortes el ejercicio del legislativo".12

En sesión del 23 de diciembre se dio a conocer el nombre de los trece miembros de la Comisión de elaboración de la Constitución: Agustín Argüelles, José Pablo Valiente, Pedro María Ric, Francisco Gutiérrez de la Huerta, Evaristo Pérez de Castro, Alfonso Cañedo, José Espiga, Antonio Oliveros, Diego Muñóz Torrero, Francisco Rodríguez de la Barcena, Vicente Morales, Joaquín Fernández de Leyva y Antonio Joaquín Pérez.13 El 17 de agosto de 1811, el secretario de la Comisión de Constitución, Pérez de Castro, notificó al Congreso que se habían concluido "las dos primeras y principales partes del trabajo que se le había encomendado, a saber. La formación de un Proyecto de Constitución política para la Nación Española, y que ansiosa de satisfacer la justa impaciencia de la Nación entera y de sus Diputados, y de cumplir lo ofrecido, tendría el honor de presentar el día siguiente su trabajo en las Cortes".14

Ya en 1811, el 25 de agosto el presidente de las Cortes abrió el debate del proyecto que dará lugar a la Constitución de 1812: "Hoy se empieza a discutir el proyecto formado para arreglo y mejora de la Constitución política de la Nación española, y vamos a poner la primera piedra del magnifico edificio que ha de servir para salvar a nuestra afligida Patria, y hacer la felicidad de la Nación entera, abriéndonos un nuevo camino de gloria".15

La Comisión de Constitución, aun reconociendo la tradición española de la división de las Cortes en brazos, sistema heredado —según decían— del feudalismo, donde los nobles y prelados intervenían, no en representación de su clase, sino como defensores de sus fueros y propios intereses, no encontró fundamento suficiente para establecer un régimen semejante. Apoyan esta decisión en razones puramente prácticas, al no existir una regla fija e igual para todos los reinos de España, por las distintas categorías existentes en la nobleza española, los perjuicios que se ocasionarían en las diócesis de ultramar y, en general, las dificultades que conllevaría la separación de los nobles y eclesiásticos del pueblo. Es de hacer notar que todos estos argumentos en contra de la formación de unas Cortes estamentales, eran también en cierta forma contrarios al principio bicameral.

En las sesiones del 12 y 13 de septiembre tuvo lugar el debate acerca de la estructura de las Cortes, para decidir si debían estar compuestas por estamentos o por una o dos cámaras. La sesión del 12 contó con la intervención de cuatro diputados, Borrull, Inguanzo, Cañedo y Ostolaza, detractores del sistema unicameral.

Borrull se manifestó contrario a que se convocaran las Cortes sin los tres brazos, solicitando, en defensa de los intereses del pueblo, que para la aprobación de cualquier ley era imprescindible el consentimiento de esos tres brazos, clero, nobleza y pueblo. Y justificaba esta exigencia para evitar el despotismo real, aunque para el rey sería más fácil el control de las Cortes si éstas no estuviesen divididas en estamentos. Habla también de la necesidad de un cuerpo intermedio entre rey y pueblo, y que esa fuerza o poder intermedio deberían ser los estamentos del clero y la nobleza, "por el grande interés que tienen en la conservación de su libertad y legítimos derechos, y la disposición que logran para estorbar cualesquiera alteración".16 Menciona a Montesquieu, claro defensor de este poder intermedio en el gobierno monárquico, y pone de ejemplo a Inglaterra donde se mantiene este criterio que ha elevado al Estado al más alto rango.

Pedro de Inguanzo también defendió ese cuerpo intermedio con las siguientes palabras:

    Armonía que si una vez se rompe entran en una lucha, de que habrá de resultar una de dos cosas, o que las Cortes opriman al Rey y peligre la Monarquía, o que el Rey oprima a las Cortes y perezcan éstas. ¿Cuál es pues el interés de uno y otro? El que haya una fuerza intermedia que reúna los intereses de todos, que tenga los comunes de la Nación y del pueblo, y que los tenga también en mantener los derechos del Rey.17

Además, al igual que Borrull, puso como ejemplo a Inglaterra, donde para el buen equilibrio del gobierno se consideró necesaria la existencia de las dos Cámaras,18 insistiendo en que desde el punto de vista político, histórico y del propio interés del Estado y de las Cortes, éstas no deberían ser un cuerpo único sino que deberían estar compuestas de cámaras o estamentos.19 Y es más, advierte que en todos los Estados monárquicos donde ha habido Cortes, éstas se han dividido en estamentos o cámaras, refiriéndose a los casos de Francia, Suecia, Alemania, Hungría, Polonia e Inglaterra. Respecto a España, comenta que "en los diferentes reinos que en otros tiempos la dividían, como León y Castilla, Valencia, Navarra, Aragón y Cataluña, todos los cuales tuvieron sus Cortes y conservan algunos, y en todos se observó inviolablemente el sistema de Estamentos".20 Finalmente, señala que las Cortes no deben componerse sólo de un estado simple, sino de dos partes o cámaras, una que estaría integrada por los prelados de la Iglesia y la alta nobleza, y la otra, del pueblo, representado por medio de los diputados.21

En esa misma sesión el turno de réplica, defendiendo la postura de la Comisión, correspondió a Argüelles, quien realizó en su intervención diversas puntualizaciones. En primer lugar, que la Comisión no pretendía excluir a los estamentos, sino en cuanto a la forma de convocarlos. En segundo lugar, que Borrull en su intervención había omitido que los estamentos eran distintos en Aragón, Castilla, Navarra, Cataluña y Valencia, dato esencial por el que la Comisión consideró que no se podía aplicar este sistema, ya que no existían unas reglas fijas para todos los reinos en cuanto al número de miembros que debían constituir cada estamento.22 En tercer lugar, que además la comisión valoró y consideró absurdo el antiguo método de los brazos, y por ese motivo intentó reformarlo: "Porque el decir la comisión que su objeto es restablecer las leyes antiguas, no es sentar por principio que el Congreso no pudiese separarse de ellas cuando le pareciese conveniente o necesario. La antigüedad no hace respetables los absurdos, no consagra los errores".23

En contestación al diputado Inguanzo, le reprocha confundir estamentos con cámaras: "la comisión confiesa expresamente en su discurso preliminar que en todos tiempos ha habido brazos en Aragón, en Navarra y en Castilla. Pero Cámaras jamás se han conocido en ninguno de estos reinos, y por eso dice en el mismo discurso que adoptar el sistema de Inglaterra seria una verdadera innovación".24 Añade, además, que aunque en Inglaterra las cámaras se componen de estamentos, al igual que antes las Cortes en España, sin embargo la organización del sistema legislativo es diferente:

    Se juntan por separado; deliberan en apartamentos diversos; tienen entre sí relaciones determinadas por las leyes; concluyen a la formación de estas con autoridad diferente, con arreglo a trámites igualmente fijos, y con independencia la una de la otra Cámara; tienen un gobierno y policía interior diversos entre sí, y en fin, constituyen, bajo todos respetos, cuerpos separados. ¿Dónde está esto en las antiguas Cortes de España?

Argüelles recuerda incluso que en Valencia y Cataluña los brazos, ya fuesen dos, tres o cuatro, se reunían en la misma Iglesia, se sentaban por separado y aunque para sus conferencias y deliberaciones pudiesen en algún momento estar en salas distintas, no se tenía constancia de que fuese un uso común o frecuente en todos los reinos. Lo que si era cierto y conocido es que deliberaban unidas, discutían sus negocios y todos los votaban. Estas circunstancias demuestran que evidentemente en España no había habido cámaras, y que, por tanto, establecerlas sería una autentica novedad, por lo que la Comisión había considerado que no era procedente. Insistió también en que si se tenía que restablecer el antiguo sistema de las Cortes, debía hablarse de estamentos y no de unas cámaras desconocidas en España.

Finalmente, el célebre diputado asturiano reconoce que en las Cortes españolas han existido brazos, pero que él no sabe, ni cree que lo sepa nadie, el sistema seguido para formarlos. La Comisión en su discurso ha argumentado la necesidad de reglas generales, métodos fijos de elección para toda España y que la petición de instaurar los antiguos brazos era fácil de decir, pero difícil de aplicar.25 En cuanto a la necesidad de que existiese un cuerpo intermedio, Argüelles en cierta manera elude la pregunta y simplemente indica: "para suplir el efecto de ese poder intermedio que tanto se ensalza y que es una verdadera teoría sobre las teorías que aquí se denuncian tan a menudo, hay en la Constitución otros medios mejor meditados y más compatibles con un buen sistema representativo".26 Y concluye diciendo: " yo, Señor, desearía hablar todavía de ese artificio de poder intermediario, de que se habla con tanto énfasis y aparato; más temo molestar al Congreso, y mis dignos compañeros tendrán que exponer otras razones más sólidas y luminosas que yo".27

La sesión del 13 de septiembre comenzó con el diputado Cañedo, que inició su intervención con dos observaciones. La primera, que históricamente la Monarquía española siempre había sido una, desde los godos hasta el reinado de los Reyes Católicos, de forma que siempre había existido una autoridad legislativa representada en la figura del rey y de las Cortes reunidas en brazos o estamentos. La segunda, por su parte, plantea el interrogante de la compatibilidad del sistema de cámaras con el de estamentos. Argumenta así este diputado que la Constitución de un país es buena o mala en función de los resultados a lo largo del tiempo, de tal forma que en la historia de la legislación española, desde la monarquía goda hasta la castellana, en las Cortes siempre han figurado el clero, la nobleza y el pueblo divididos en estamentos, y si durante todo ese periodo en España ha funcionado, la pregunta es obvia, ¿por qué cambiar el sistema? Afirma que bajo el régimen de Cortes, los españoles alcanzaron etapas de prosperidad, y añade que él no defiende esas leyes por ser antiguas sino porque son útiles, y que si entre las clases no hay una proporción establecida en cuanto al número de representación, lo lógico es que se adopten las medidas que sean necesarias para reformarlas.28 Y concluye diciendo:

    persuadido de que el sistema o formación de Cortes pos estamentos o clases establecido por una ley fundamental de la Monarquía, es el más oportuno para promover y conservar la felicidad de la Nación, y por el contrario, muy expuesto a inconvenientes de gran consideración el nuevo método de representación propuesto por la comisión, soy del sentir que no se admita el artículo en cuestión, sino que se encargue de nuevo a la comisión que conservando en lo sustancial el método de los estamentos, proponga las reformas o mejoras de que le crea susceptible, y le presente a V.M para su aprobación.29

En esta misma sesión, la defensa de la Comisión corrió a cargo de otro distinguido asturiano (como Argüelles e Inguanzo) de la mano del conde de Toreno, quien planteó el siguiente interrogante: "¿cómo puede imaginarse que una Cámara alta sea la que ponga freno y coto al despotismo?".30 Lo normal es que esa Cámara esté compuesta por miembros distinguidos que se unirían al rey por los beneficios y privilegios obtenidos. De esta manera sólo se evitarían las frecuentes desavenencias con el monarca si los miembros de la Cámara se eligiesen entre gentes corrientes. El conde indica que si las personas que integran la Cámara baja son parte de la plebe, considerada como descuidada y sin educación,31 los miembros de la Cámara alta serían un tipo de aristocracia peor que el mismo despotismo. Y, además, añade que si lo que se pretende en España es aplicar el sistema inglés de dos cámaras, hay que tener en cuenta una diferencia notoria. En España existe una gran variedad de aristócratas debido a que cualquier persona que tenga una mínima fortuna es considerado noble, siendo difícil comprobar su alcurnia, hecho que no ocurre en Inglaterra donde sólo hay una clase alta de nobles, únicos integrantes de la Cámara alta.32

Para reafirmarse en la defensa del sistema unicameral, el conde de Toreno asegura que lo que para Inglaterra es bueno, para España no, ya que si se optara por establecer dos cámaras habría pugnas constantes entre una y otra, de tal forma que la mejor solución es el sistema actual, en el cual forman parte de las Cortes todos los individuos: "formarán al cabo de todos ellos una masa común que será el único medio de asegurar nuestra felicidad venidera".33 Se queja el conde de que en España se critica el sistema aprobado por la Comisión, pero que si lo que se reclama es la creación de la segunda Cámara, será necesario decidir cuál va a ser su composición y plantea los siguientes interrogantes: ¿estará la Cámara alta integrada por todos los nobles o sólo por los grandes de España?; en el caso de que fuesen todos nobles, ¿cómo se hará la elección?; si se sigue el criterio de igualdad para todas las provincias, ¿se podrán sentir ofendidas las del norte que tienen un número mayor de nobles que el resto?, y si se da preferencia a las del norte, ¿no se quejarán las demás?; ¿cómo se va a hacer la elección?; ¿cómo se van distinguir los que son nobles de los que no lo son?; si por el contrario la Cámara alta estuviese integrada sólo por grandes, ¿dónde se situarían a los nobles? (Lógicamente, nunca en la Cámara baja que debe estar integrada por gente de la plebe, pero tampoco en la Cámara alta porque tienen prohibida la entrada). Llega, en fin, a la conclusión de que todos estos interrogantes afectan negativamente a la figura de los grandes de España. El conde de Toreno es partidario, en fin, de que queden integrados en el Consejo de Estado.34

Los debates no dejan ver una distinción clara entre Cortes estamentales y Cortes bicamerales. En las intervenciones de Borrull y Cañedo se defiende la tesis de Cortes estamentales, pero también la de unas Cortes bicamerales cuando hablan del cuerpo intermedio entre el rey y el pueblo. En la intervención de Inguanzo ocurre algo parecido y contradictorio: cuando quiere restablecer las Cortes en su forma legítima constitucional, habla de Cortes estamentales, pero cuando indica que no sólo se componen del estado popular sino del mixto, o sea de dos partes o cámaras,35 se refiere a una segunda Cámara compuesta por los prelados de la alta nobleza. Al final del discurso de Cañedo también surge la duda del sistema que escoge para organizar las Cortes, ya que aunque defiende el de estamentos o clases como idóneo, no está conforme con el parecer de la Comisión, y que ésta mantenga en lo sustancial el método de los estamentos pero que proponga las reformas o mejoras de que le crea susceptible, y le presente a V. M. para su aprobación.36 Al sugerir esas reformas o mejoras, ¿no se estará refiriendo a la creación de una segunda Cámara que estuviera integrada por el estamento del clero y de la nobleza?

El Congreso, considerando suficientemente debatido ese artículo 27 en cuanto al modo de formarse las Cortes, procedió a votación nominal. El artículo cuyo texto definitivo es: "Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan la Nación",37 fue aprobado por 112 votos en favor y 31 en contra.

Observemos, para concluir, que con el paso de los años, aquellas personas que defendieron el sistema unicameral, cambiaron de opinión. Tal cual fue el caso del conde de Toreno, quien defendió el modelo inglés y la tesis de Montesquieu que anteriormente había rechazado. También ocurrió lo mismo con Argüelles, que de haber sido gran defensor del sistema unicameral en la Constitución de 1812, optó por el bicameral cuando formó parte de la Comisión en las Cortes constituyentes de 1836-1837. El hecho de haber aceptado el unicameralismo de la Constitución de 1812, fue así un tema que gravitó durante los debates parlamentarios a lo largo del siglo XIX.

* Profesora titular de la UNED.

Notas:
1 Sánz Cid, Carlos, La Constitución de Bayona, Madrid 1922, p. 70.
2 Estos tres proyectos han sido estudiados por el profesor Ignacio Fernández Sarasola, La Constitución de Bayona (1808) , Iustel, 2007, pp. 45 y ss.
3 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Actas de Bayona (en adelante DSCD). Serie histórica, p. 55.
4 DSCD, 28 de junio de 1808, p. 43.
5 DSCD, p. 86. "Que no haya senadores que al propio tiempo sean Consejeros de Estado y de Castilla efectivos".
6 DSCD, p. 77.
7 DSCD, p. 73.
8 DSCD, 27 de junio de 1808, p. 39.
9 DSCD, p. 55.
10 Melchor de Jovellanos, Gaspar, Memoria en defensa de la Junta Central, Biblioteca de Autores Españoles. Obras publicadas e inéditas de Don Gaspar Melchor de Jovellanos, Madrid, núm. 1, 1951, p. 554.
11 Bertelsen Repetto, Raúl, El Senado en España. Estudios de historia de la administración, Madrid, Instituto de Estudios Administrativos, 1974, p. 35.
12 DSCD, p. 3.
13 DSCD, p. 217.
14 DSCD, p. 1647.
15 DSCD, p. 1683.
16 Diario de Sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias, 1810-1813, sesión del 12 de septiembre de 1811, p. 1820.
17 DSCG y E, 1810-1813, p. 1825.
18 Idem. "Por eso no hay publicista juicioso que no enseñe que la verdadera temperatura o moderación de un gobierno está cifrada en la mezcla de los tres poderes o formas de gobierno, y en esto consiste la excelencia de la Constitución inglesa, que las reúne todas, afianzada en las dos Cámaras del Parlamento y el Rey".
19 DSCG y E, 1810-1813, p. 1823.
20 Idem.
21 DSCG y E, 1810-1813, p. 1826; "Si pudiera desconfiarse de nuestras instituciones por ser viejas, tenemos el ejemplo de las naciones más sabidas e ilustradas. Todo el mundo conoce la excelencia de la Constitución inglesa; en la organización y combinación de sus poderes, es sustancialmente la misma que la española antigua; sigámosla. Este es mi voto".
22 DSCG y E, 1810-1813, p. 1826.
23 DSCG y E, 1810-1813, p. 1827.
24 Idem.
25 DSCG y E, 1810-1813, p. 1828; "La comisión dice en su discurso, que lo que necesitaba eran reglas, métodos fijos de elección; más en este punto todo se reduce en reticencias de los señores preopinantes, y al decir que vengan los antiguos brazos, que hayan estamentos como en las antiguas Cortes. ¡Qué fácil es hacer milagros de esta especie!".
26 DSCG y E, 1810-1813, p. 1830.
27 DSCG y E, 1810-1813, p. 1831.
28 DSCG y E, 1810-1813, p. 1839; "Si los estados o clases no tienen la proporción que conviene en su respectiva representación, hágase sobre este punto algún arreglo o reforma; señálese un número determinado de Prelados; hágase lo mismo en la clase de los grandes o de alta nobleza, institúyase enhorabuena otra especie de representación a la clase del pueblo en lugar de los votos de las ciudades, y auméntese esta representación hasta el número que parezca justo, y compártase entre reinos y provincias del modo más oportuno para evitar los grandes escollos en que estamos tan expuestos a que parezca avería la nave del Estado".
29 DSCG y E, 1810-1813, p. 1839.
30 Idem.
31 Idem.
32 Idem, " Citásemos a la Inglaterra; pero ¡qué diferencia! En aquel país solo hay una clase alta de nobles, y no se llaman tales una porción de ricos propietarios, de grandes capitalistas, que vienen a formar la Cámara baja; no así entre nosotros, que a toda persona que se halla con mediana fortuna o en algún destino público se le tiene, como he dicho, por noble, y odioso sería e imposible escudriñar su alcurnia".
33 Idem.
34 Ibidem, p. 1836.
35 Ibidem, p. 1826.
36 Ibidem, p. 1839.
37 Esteban, Jorge de, Las Constituciones de España, Madrid, Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000, p. 126.