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 REVISTA JURIDICA
Boletín Mexicano de Derecho Comparado
           InfoJus     Publicaciones     Anuario Mexicano     Contenido     Vol. XXII
 


LOS REINOS DE INDIAS Y LA NUEVA NACIÓN ESPAÑOLA*

Rafael Estrada Michel

 

Te he colocado este día sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y romper, para destruir y para derrocar, para construir y planear.

Jeremías 1:10

 

Las leyes que da el rey para el bien público de esta ciudad de Salamanca, deben ser de forma que sean también útiles a esta ciudad y no sean perjudiciales a todo el reino, porque esta ciudad está subordinada al reino. En cambio, las leyes que da para el bien público de España, no es necesario que sean también útiles a Flandes.

Fray Luis de León, De Legibus, I, 13.

Sumario: I. Territorio, poder e historia. II. ¿Reinos por colonizar? III. El reino, provincia de provincias.

I. Territorio, poder e historia

Las decisiones adoptadas en materia de "tierra y poder" (por apelar a la ya clásica expresión de Otto Brunner) durante el Constituyente doceañista, se significaron enormemente en los procesos históricos que les fueron contemporáneos, a saber, las revoluciones liberales hispánicas y las independencias de las Américas españolas.

Comenzaremos por referirnos a la adscripción metodológica que creemos debe corresponder al estudio de este tipo de temas. A este respecto es preciso apuntar que no hemos hecho historia de las instituciones (aunque toda historia del derecho público en cierta forma lo es, además de que nos hemos servido enormemente de ella en temas muy importantes para nosotros, como es el caso de la diputación provincial). En cuanto a la "historia de las mentalidades", término que suena demasiando pomposo, diremos a lo más que nos hemos movido por tierras propias de la historia de los conceptos (es el caso singular de los de "Nación" y "Monarquía") y de su influjo sobre las coyunturas de sociedades determinadas. De esta forma creo factible afirmar que nos colocamos en el terreno de "la historia del derecho, dirigida a estudiar las ideas que o se mueven detrás de las formas y de las instituciones o luchan por materializarse en éstas", según la ha definido el profesor Del Arenal,1 y más concretamente en el de la Historia de las Constituciones de la que habla Maurizio Fioravanti,2 puesto que la existencia de una base constitucional escrita y formalmente normativa, novedad enorme que las Españas deben al año doce, debe transformar, como ha sostenido Marta Lorente,3 la percepción toda de la historia. A ello debe agregarse la pretensión de extender el mundo historiográfico de las revoluciones atlánticas. Una pretensión en la que coincidimos con José María Portillo y que se sustenta en la poco discutible idea de que las realidades históricas no por fracasadas dejan de existir y de que, en tal virtud, nada justifica el que los trabajos que se hacen cargo del tránsito entre los siglos XVIII y XIX en Occidente se limiten a los acontecimientos franceses y anglosajones, pretiriendo entre otras la realidad hispana y, más concretamente, la indiana.4

Hablar de las fuentes directas del periodo es hablar, inevitablemente, del Diario de Sesiones de las Cortes. Sin que nos sean ajenas las consideraciones que algunos historiadores, principalmente Alicia Fiestas, han vertido en contra de su fiabilidad absoluta como manantial de información, creemos posible afirmar que el Diario resulta invaluable a la hora de apreciar los imaginarios, las creencias, los compromisos, los prejuicios y la actividad política de los parlamentarios gaditanos, materias todas ellas indispensables para la comprobación de nuestras hipótesis. Y es que el Diario esconde multitud de claves que, por no haberse traducido en textos constitucionales y legales, han escapado a los observadores más atentos resultando, sin embargo, fundamentales para entender el tiempo histórico de las revoluciones hispánicas. Las afirmaciones dispersas a todo lo largo de más de seis mil páginas, las actitudes y en no pocos casos los silencios de los diputados, tienen todavía mucho que decirnos. Ha sido necesario en tal virtud emplear no sólo la capacidad de conjetura sino la imaginación. Me ha gustado pensar en la historia como prima hermana de la literatura, que decía Edmundo O´Gorman, y en el ejercicio histórico como un experimento en el que participa la imaginación, según cree Mario Vargas Llosa. En un congreso (y más en uno de carácter constituyente con un ejército extranjero encima y con alzamientos en todas las Américas) hay cosas que no pueden decirse. Lo que "está ahí detrás", para usar la expresión que utiliza Milan Kundera en sus hermosas reflexiones sobre la novela, lo que los anglosajones llamarían what lies beneath, el ruido del silencio que se escucha en la Comala de Pedro Páramo, es lo que hemos procurado encontrar. Adelantamos el resultado hallado: el condicionante regnícola americano.

La lectura integral del Diario de Sesiones ofrece la ventaja adicional de permitir hacerse cargo de las tensiones y problemas que en la práctica generaron las figuras constitucionales gaditanas. Así, por ejemplo, en el caso de los novedosos jefes políticos, en no pocos casos enfrentados a las Cortes revolucionarias en favor de Regencias reaccionarias. Y permítaseme una consideración sentimental: no deja de emocionar acudir, en el Diario de Sesiones, al primer (y por desgracia último) desenvolvimiento parlamentario iberoamericano. No está de más mencionar con entusiasmo a esa reunión de acentos diversos, ásperos y suaves, que con la inocencia de la primera hora constitucional hablaban en favor de las más nobles causas de la humanidad: la abolición de la esclavitud (el mexicano Guridi, el gallego García Quintana y el asturiano Argüelles), la reivindicación del indio calumniado por la eurocéntrica "disputa del Nuevo Mundo" (el peruano Inca Yupanqui, sobrino de Tupac Amaru), el combate a la mita y al trabajo forzado (el costarricense Castillo), y así un largo etcétera de reivindicaciones liberales que el Antiguo Régimen había dejado, obviamente, pendientes.

Leído en su integridad el Diario aparecen también con mayor claridad los objetivos de los grupos de interés presentes en la Asamblea. Es, por ejemplo, notable el hecho de que los diputados americanos se abstuvieran casi sistemáticamente (con la excepción del quiteño Mexía, que veía en la Nación española a un ente trasatlántico y uniforme) de participar en los asuntos que atañían en forma exclusiva a la Península (conducción de la guerra contra Napoleón, empleados que estuvieron al servicio del gobierno intruso, etcétera). Apreciar esta circunstancia, que habla bien a las claras de lo que una mayoría de indianos consideraba como su "Nación", habría sido imposible si nos hubiésemos constreñido a analizar el Diario en puntos y discusiones específicos.

Según se ha desenvuelto nuestro estudio hemos procurado viajar desde el orden constitucional pretendidamente común a todas las Españas para desembocar en el caso concreto de México. Vamos, pues, de Cádiz a Nueva España, convencidos de que la guerra de la Independencia mexicana no puede comprenderse sin tener un ojo puesto en la Península, de la misma forma que el proceso constitucional gaditano resulta inaccesible si se olvida la realidad americana que planeaba sobre los padres fundadores de la Nación española. Ha escrito el profesor canadiense Timothy Anna que "se vuelve más nítido el significado de la Independencia mexicana en el contexto del vasto mundo de habla española, en donde siempre debía haberse puesto el énfasis".5 Yo creo que hay que ir más lejos, aun afirmando que fuera del contexto del mundo hispánico ninguna Independencia indiana posee un significado siquiera visible. En esto hago eco de las ideas de François Xavier Guerra, incansable impulsor del cultivo integral de lo que llamó las Revoluciones hispánicas.6 El método integral seguido por el profesor Guerra le permitió, entre otras muchas cosas, apreciar la realidad regnícola americana vigente todavía al momento de estallar la revolución. En buena medida nosotros no hemos hecho sino seguir la línea por él marcada adentrándonos en el periodo de las discusiones doceañistas desde la atalaya que nos ha brindado generosa la historia del derecho, perspectiva que nos ha permitido hallar "fragmentos de verdad", según la feliz expresión de Francisco Tomás y Valiente, y huir tanto de una interpretación totalizadora como de una reduccionista de los hechos.

II.¿Reinos por colonizar?

Ha dicho David Brading que ninguna otra "colonia" (aceptemos de momento el término a beneficio de inventario) era tan provechosa para la metrópoli como el virreinato novohispano.7 Esto suscitaba un mayor interés peninsular en torno a lo que ocurría en la América septentrional y una multiplicación de los esfuerzos para mantener a Nueva España dentro de los márgenes de la fidelidad a la España que resistía a Napoléon. Además, el hecho de que México fuera, al momento de la Conquista, uno de los pocos reinos americanos efectivamente articulados merced a la existencia del Imperio azteca o mexica, provocaba que entre los novohispanos la idea de un pacto suscrito con la descendencia de Carlos V fuese particularmente fuerte y que un eventual "austracismo" como el que a fines del XVIII quiso ver Ernest Lluch8 en la Península fuese en Nueva España más perceptible que en ninguna otra región de la Monarquía, con la posible excepción del virreinato del Perú que, sin embargo, había sufrido casi sin chistar durante el Setecientos un sistemático proceso de desmembración que en México no se quiso — o no se pudo— implementar. Los reinos de México y Guatemala, a diferencia de la América meridional — controlada, en grandes extensiones, por la insurgencia—, participaron "íntegramente en la transformación política del mundo español" (la frase es de Jaime Rodríguez),9 y no dejaron nunca de enviar diputados a la Península. En este sentido, cosa que no ocurre en la mayor parte de Sudamérica, la América septentrional nos permite contemplar el desenvolvimiento de la tradición gaditana de gobierno pues, a pesar de la Independencia que obtiene en 1821, la cultura constitucional doceañista llevada a tierras del Anáhuac por los propios representantes que hasta hacía nada habían ocupado una curul en la Península, terminará por imponerse en la lucha de las facciones. En México, como ha expresado Guerra, "la revolución política precede a la Independencia".

La obtención de la Independencia mexicana tampoco se muestra ayuna en significados: En México, quizá por la imposibilidad de consolidar una Junta insurgente de gobierno, la Guerra Civil no se suscita entre ciudades por el control del gobierno independiente (como en Nueva Granada, Venezuela o Buenos Aires) sino entre realistas e insurgentes por el control del reino considerado en su integridad multiprovincial. Esta última idea permite acaso explicar que México sea el país que de manera definitiva resuelve la cuestión independentista con mayor apego a la idea del conde de Aranda, esto es, a la idea plural de la Monarquía española como un conjunto de reinos y no como una mera liga de provincias aglutinantes de individuos formalmente iguales. Quizá fue por esto que Centroamérica se unió al modelo independentista novohispano y no al meridional. Una iniciativa cercana a la proyección americana de Aranda fue formulada en 1820 por los diputados indianos, entre los cuales los novohispanos constituían la "abrumadora mayoría" y también el grupo más influyente y propositivo.

En fin, aun compartiendo la idea de que el proceso revolucionario es uno y el mismo en todo el mundo ibérico, el estudio del caso mexicano arroja conclusiones interesantes y aplicables en cierta medida al resto de los países del área. El profesor Brian Hamnett se ha pronunciado por crear una tipología que permita "identificar los temas y las cuestiones principales que permearon" el proceso de las revoluciones hispanoamericanas.10 No fue otra la preocupación principal del padre Servando Mier cuando en 1813 dio a conocer su Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac, con la que intentaba inscribir la guerra que se peleaba en su patria en el más amplio marco de las rebeliones hispanoamericanas, muchas de las cuales comenzaban a triunfar en la América meridional. Mier es, por cierto, un agudo crítico de la Constitución de 1812 poco tomado en cuenta por los estudiosos peninsulares y, a nuestro entender, fundamental para comprender la cuestión trasatlántica que se debatía en Cádiz.

Es imprescindible retomar la insistencia del profesor González Alonso en torno a la necesidad de volver la vista hacia la Nueva Planta aragonesa, esto es, hacia ese Dieciocho que operó de manera tan diversa a uno y otro lado del Atlántico.11 Sin comprenderlo, el acercamiento al Diario de Sesiones, y en general a Cádiz, resulta inútil. La Nueva Planta puesta en marcha por el rey Felipe V tras su victoria en la llamada Guerra de Sucesión de los primeros años del Setecientos implicó para los reinos de la Corona de Aragón la pérdida de la calidad de tales. En la Península, como ha explicado García-Gallo, "se suprimen los virreinatos —sólo se mantiene el de Navarra que ha permanecido fiel—, cosa lógica porque estos territorios ya no son «reinos» sino «provincias» iguales a las de Castilla". Estarán gobernados por un capitán general, no por un alter ego del rey.12

Las reacciones frente a estos hechos, que hoy se magnifican desde nacionalismos que entonces habrían sido incomprensibles, no resultan lo encendidas que desearían los promotores de esos mismos sentimientos particularistas. Un análisis minucioso, por ejemplo, del Memorial de greuges que en 1760 enviaron los diputados a Cortes de las capitales aragonesas al rey Carlos III, demuestra que las reivindicaciones "austracistas" que ha querido ver Ernest Lluch no son tales, y que lo que se plantea desde las "Españas vencidas" no es una vuelta al pasado diferenciador, sino un esquema igualitario que poco a poco se va acercando a la idea decimonónica de la Nación española. Con ello no estamos diciendo que todo en la Península haya sido consenso unitario (como lo muestran las excepciones a dicho consenso formuladas en la mismísima Corona de Castilla en forma de "cuerpos de provincia", según ha sabido ver Carmen Muñoz de Bustillo en la asturias de finales del siglo de las Luces),13 pero sí que las reformas iniciadas por Felipe V dieron a la España citramarina una contextura protonacional que no se avenía mal con los deseos de la periferia. Ahí están para acreditarlo las reacciones de profundo patriotismo español que hemos hallado en los diputados catalanes durante las sesiones de las Cortes de Cádiz.

El contraste con las Indias no podría ser mayor. En América no hay Nueva Planta. Los virreyes del Perú y de la Nueva España conservan las fabulosas facultades que les venían desde el siglo XVI. Los reinos permanecen incluso contra las resistencias de algunos oficiales de la Corona. Y los virreinatos, expresiones de ese reconocimiento regnícola, se multiplican con la creación del de la Nueva Granada y, aún en las postrimerías del XVIII, del Río de la Plata. Cuatro "otros yo" del rey de España que actúan en enormes distritos de gobierno superior, divididos en ocasiones para efectos meramente administrativos en provincias o, inclusive, en reinos menores, como era el caso de los de Michoacán, Nueva Galicia y Nuevo León respecto del de México. Distritos superiores a cuya desmembración más de uno se opondrá ferozmente en los años por venir.

Si la ausencia de Nueva Planta quiso paliarse con la introducción de las llamadas reformas borbónicas, el paliativo no resultó eficaz. La vacilante implementación de estas reformas en América, particularmente por lo que se refiere a la de intendencias, provocaría que virreyes y capitanes generales quedasen como una especie de coordinadores superiores de Intendentes, lo que imposibilitaba la existencia de una Monarquía de provincias por más que, como supo ver el perspicaz enviado de su majestad británica a México Henry Ward en 1827, estos intendentes no dependiesen del virrey, sino del Consejo de Indias que los nombraba y dotaba. Las enormes distancias hacían imposible que, suponiendo que tal fuera la voluntad del reformismo borbónico que encabezaba José de Gálvez, un poder tres veces centenario como el del vicemonarca se moderara por funcionarios provinciales en ocasiones débiles y poco conocedores del terreno que pisaban. Ya el profesor Garriga ha hablado de los límites que los reformadores tenían que enfrentar14 . Unos límites tan grandes que permiten poner en tela de juicio la tesis de Lynch en lo que respecta al final de un supuesto "Estado del consenso criollo" como causa fundamental de los movimientos independentistas hispanoamericanos.15

Por sus dimensiones, los reinos aragoneses podían reducirse a entidades provinciales. Con los inmensos virreinatos americanos el intento implicaba forzosamente dispersión, habida cuenta de que cada intendencia equivalía a una provincia. De ahí lo importante, que para los regnícolas indianos devenía la conservación del virrey. Una conservación que para la Monarquía resultaba riesgosa pues del reino del Antiguo Régimen, tan estrechamente ligado a un imaginario pactista, a la Nación del nuevo no había sino un paso: el paso que se daría en la segunda década del siglo XIX con resultados funestos para la integridad del mundo hispánico.

El estudio del virrey y de los distritos de superior gobierno brinda la ventaja adicional de hacerse cargo del proceso revolucionario en su braudeliana dimensión de "larga duración". Ir hasta el siglo XVI es encontrarse con el hecho de que el mismo (y, desde luego, los siglos XVII y el XVIII) impactarían de manera decisiva los trabajos de la Asamblea gaditana. En este sentido Cádiz envía un mensaje a España, incluso a la España de hoy: no es casualidad que ante su obra constituyente las respuestas de la periferia peninsular hayan sido tan distintas a las de la ultramarina. La Nueva Planta, que no llegó a operar en América, contribuyó con gran éxito al proceso de Nación. Los que quedaron fuera de ella quedaron, al final, fuera de la Nación española.

Cuando los reformadores del borbonismo finisecular parecieron decidirse a terminar con la situación particularista regnícola que prevalecía en Indias, se encontraron con que quizá era demasiado tarde. Los vientos del siglo habían suscitado dos grandes revoluciones, una de las cuales, la Angloamericana, había originado la Independencia de trece colonias cuya situación previa podía parecer extremadamente similar a la que vivían muchos criollos indianos. Y, encima, las colonias del Norte se habían dotado con un orden constitucional no unitarista (primero confederal y después federal) que los hispanoamericanos, aunque conocían mal e interpretaban peor, apreciaban como apetecible. La Revolución francesa, por su parte, había provocado en América otra consecuencia de grave riesgo: la sublevación independentista de los esclavos negros de Haití. Y más allá de inútiles "cercos sanitarios" había logrado introducir su radical ideario nacional en las Españas. La obsesión de los ilustrados borbónicos no era la Nación, sino la reasunción de un rol protagónico para España entre las potencias europeas. Cualquier camino que condujera a ello podía emplearse, incluso si se sacrificaba la cara idea de la Nación española multicontinental. La obsesión postilustrada, la doceañista liberal, será también de recuperación potestativa pero acusará la incontenible influencia de la Revolución transpirenaica y del periodo napoleónico; por esto, será declaradamente nacionalista. Y, por ello, América constituirá para ella un elemento muy difícil de cohonestar e, incluso, de digerir.

Al analizar los planes con los que el último reformismo del siglo XVIII pretendió evitar la pérdida absoluta de América, destaca de inmediato el hecho de que entre los ministros de Carlos III campeen ideas muy distintas tanto respecto del papel que las Indias debían jugar en la Monarquía española como en torno de lo que debía entenderse por "Nación" hispana. En este sentido, mientras que los fiscales Campomanes y Moñino se pronuncian en 1767 por extender trasatlánticamente el nacionalismo que la Nueva Planta había logrado formar en la Península abriendo los puestos de trabajo en Citramar a los españoles americanos y reservando los espacios ultramarinos a españoles europeos con la doble finalidad de lograr la anhelada imparcialidad y la no menos importante igualdad entre los súbditos de su majestad, el conde de Aranda, ministro en París, no deja pasar ni un segundo entre el reconocimiento español de la independencia de los Estados Unidos y el envío de su propuesta de creación de una confederación imperial con el establecimiento de tres monarquías en América, centradas en los virreinatos por entonces existentes, con la testa del rey de España coronada a título de emperador y con miembros de su dinastía sentados en los tronos indianos. Este proyecto partía de la base de que resultaría imposible consolidar el sentimiento de Nación española en reinos que por tres siglos habían sido educados en la ponderación de sus singularidades (y ya se sabe que la singularidad es la esencia del privilegio, no de la igualdad nacionalista) y de que los pactos de familia resultarían más sólidos a la hora de enfrentar la inexorable revolución que lo que podía significar una estructura nacional artificiosamente construida. Más aun: para Aranda —aragonés, por más señas— el hecho de que la diversidad de reinos ya no se correspondiera con la realidad peninsular no llevaba aparejado necesariamente el que debiera eliminarse de la realidad institucional indiana. Estamos frente a un reconocimiento de la diversidad —hoy diríamos: del hecho diferencial— con objeto de mantener la unidad.

No faltó tampoco quien, como Bernardo Ward, fascinado ante los espectaculares resultados que el colonialismo colbertiano había arrojado en favor de Francia, planteara la transformación de los reinos y provincias indianas en colonias dedicadas en exclusiva al beneficio de la metrópoli. Sin negar la influencia que tal idea pudo tener sobre las cabezas finiseculares españolas, parece posible afirmar que no llegó a imponerse en el ánimo real, pues a comienzos del siglo XIX el favorito Manuel Godoy propone a Carlos IV, con un éxito que sólo truncaron las circunstancias exteriores entre las que destaca el dominio británico sobre los mares, el seguimiento de un esquema notoriamente parecido al sugerido años antes por Aranda, con la diferencia de que los príncipes enviados a Ultramar actuarían como regentes de los diversos reinos y no como monarcas, calidad que se reservaba al rey de las Españas.

Esta idea, que llevaba implicado el concepto de las Américas como reinos no unidos a la madre España sino a través de la persona del monarca con la cual se había celebrado en tiempos de la Conquista un pacto, será bien recibida por Napoleón cuando en 1807 suscriba con Carlos IV (esto es, con Godoy), el pacto de Fontainebleau por el cual el emperador de los franceses se comprometía a reconocer eventualmente en el rey de España el título de "Emperador de las Indias". Bonaparte meditaba por entonces, sin duda, la deposición de la odiada dinastía de los borbones y el posible encabezamiento por parte de uno de sus hermanos de un conglomerado americano prácticamente autónomo, con lo cual podría cerrarse el cerco sobre una Inglaterra rodeada de enemigos. Napoleón sabía que tan pronto como comenzaran las hostilidades las Indias no cejarían en su inconsciente empeño de transformarse en naciones independientes, y buscaba capitalizar ese sentimiento en su favor. Cuando en 1808 invada la Península, fuerce las indignas abdicaciones de Bayona e imponga en esa misma ciudad del Mediodía galo a su hermano José como rey y a su voluntad como Constitución de España, la misma idea promocional de la autonomía americana guiará, según Eduardo Martiré, sus bien meditados pasos.16

Serán precisamente la invasión napoleónica a España y las abdicaciones de Fernando VII y de Carlos IV en favor del emperador los hechos que provoquen el alzamiento de una Nación que, a uno y otro lado del Atlántico, se intuía y se vivía emocionalmente. Siguiendo el ejemplo del pueblo madrileño que se alzó en contra del invasor el célebre dos de mayo de 1808, los pueblos peninsulares (que no las autoridades constituidas, timoratas en esta primera hora de la lucha) se organizarán para arrostrar al francés. La organización prevaleciente a mediados de año, de corte predominantemente juntista provincial, desembocará poco después en la creación de una Junta Central encargada de la conducción de la guerra y del gobierno legitimista en nombre del deseado rey Fernando. De esta forma, la aparente federalización del proceso conducirá, en breve espacio y por voluntad de las propias provincias, al reconocimiento de la necesidad de la unidad y de la centralización de los esfuerzos.

Las reacciones indianas ante la acefalía de la Monarquía son distintas, si bien se mantienen dentro de la fidelidad a la Corona. La más destacada — y la primera— es la producida en la ciudad de México, cuyo ayuntamiento se niega a reconocer más cabeza en la Monarquía que la de Fernando VII, no se somete a la autoridad de las juntas de Sevilla y de Oviedo que, antes de formada la Central, habían enviado representantes a Indias con objeto de obtener tal sometimiento, y plantea de común acuerdo con el virrey Iturrigaray la formación de una Junta-Congreso de las provincias y villas de la Nueva España proclamando, por vez primera en las Españas, que la soberanía pertenece al pueblo y que las abdicaciones de Bayona son nulas no sólo por hallarse en ellas viciada la voluntad de los reyes, sino (y fundamentalmente) por carecer de la imprescindible voluntad de la Nación. Este proceso, que algunos han calificado de autonomista y que otros han considerado precursor de la Independencia, fue truncado por el golpe de Estado dado contra Iturrigaray por un puñado de comerciantes europeos residentes en México, actuando de consuno con la Audiencia, el Arzobispado y los enviados de las juntas peninsulares. Arroja algunos datos valiosísimos, como son el sentimiento de la existencia de una entidad regnícola que incluía a todas las localidades sitas dentro de las difusas fronteras del virreinato, así como la alianza entre el virrey y el cabildo de una ciudad que se asumía como "cabeza de estos reinos" y como "metrópoli de la América septentrional", sin que el enigmático concepto de "Nación soberana", que hacía su aparición en la revolución hispana, adquiriera, sin embargo, la claridad que habría sido deseable.

Sin preterir este fundamental antecedente, lo cierto es que las reacciones americanas ante la innegable debilidad peninsular sorprenden por su lealtad. La vieja interpretación que pretende que los acontecimientos de la Península sirvieron como pretexto para una lucha independentista que había venido fraguándose a lo largo de décadas cae por tierra cuando se piensa que en 1808 (el año que presentaba la coyuntura más propicia para la separación absoluta) América permaneció fiel. También lo había hecho frente a la guerra contra la Convención revolucionaria francesa, acaso porque en tales situaciones no se había discutido la posición de las Indias en el entramado de la Monarquía. La coyuntura variará rápidamente: un manifiesto expedido por la Junta Central el 22 de enero de 1809 reconocía graciosamente a América la calidad de "parte esencial e integrante" de la Monarquía y ordenaba que las estructuras de gobierno indianas, que provenían del Antiguo Régimen y se mantenían incólumes ante la lejanía del francés, enviasen a la misma Central un representante en calidad de vocal por cada distrito de superior gobierno (virreinato o capitanía general). La diferencia era notoria, en tanto que a cada provincia europea, por pequeña que fuera, le correspondían dos centrales.

La división intendencial, con su innegable impacto en la idea provincial, había acentuado la idea americana de un reino dividido en provincias al no haberse eliminado al virrey. Luego, no podía satisfacer mandar a un representante a la Junta Central por cada "provincia", entendida ésta como distrito de superior gobierno y no como división administrativa de éste. La vieja táctica de los reyes españoles (mantener las instituciones llamadas a ser sustituidas al lado de las sustitutas) resultó contraproducente en este caso, por cuanto consolidó la situación virreinal y, por ende, la idea regnícola. América, sin embargo, resistió y eligió vocales a la Central (elecciones éstas cuya radical importancia ha destacado el profesor Guerra). Los fracasos de la Junta Central en la dirección militar llevarán, empero, a la creación de un Consejo de Regencia formado por cinco miembros, sólo uno de ellos indiano. El abandono del criterio de representación territorial, así como la noticia de la caída de Andalucía, provocarán ahora sí, en 1810, que la rebelión independentista se expanda por todo el continente hispanoamericano. Sólo tomando en consideración estos datos es posible apreciar las independencias americanas dentro de lo que Hamnett ha llamado el "colapso del sistema imperial". Las concepciones sobre el verdadero sentido del vocablo "Nación" van alejándose a cada extremo oceánico con gran velocidad entre 1808 y 1810. Pesaba mucho la representación mental indiana de los "dos pilares" de la Monarquía (el americano y el europeo), una cuestión que los peninsulares no tenían clara y tampoco sabían si les interesaba promover. La desigualdad en los criterios representativos removerá los peores fantasmas borbónicos para un orgullo criollo bastante proclive al complejo y al resentimiento. Y las particularistas naciones ultramarinas se abrían paso sobre la base de esos "protoestados" (la denominación es de Horst Pietschmann)17 que constituían los distritos de superior gobierno.

De que las ideas de "Monarquía" y de "Nación" eran distintas a ambas orillas atlánticas nos ofrecen muchas pruebas los debates en las Cortes que al fin pudieron reunirse en el último reducto de la España europea libre, la ciudad de Cádiz, el 24 de septiembre de 1810. Argüelles, el jefe y vocero de la fracción liberal metropolitana, denunciaría, por ejemplo, la inoportunidad del decreto de la Central al que nos hemos referido por considerar que la parte "América" no podía ser mayor al todo "España". El novohispano Guridi y Alcocer tendrá que recordarle de inmediato que el "todo" no era la España europea sino la Monarquía trasatlántica, evidentemente mayor a la parte americana. Las bases ideológicas para lo que Marta Lorente ha llamado la "expulsión de América" parecen, sin embargo de enmiendas, suficientemente sólidas. Tras un estudio de lo que para el proceso revolucionario hispánico significaron el establecimiento parlamentario de la soberanía nacional y la definición constitucional de la Nación como la "reunión de los españoles en ambos hemisferios", es factible analizar a la "Nación de hemisferios" que en buena y contradictoria medida la obra gaditana planteaba como posible. Los hemisferios (el europeo-africano y el americano-filipino) no eran sino los "pilares" de la Monarquía del imaginario criollo, y pronto mostraron su antirrevolucionaria faz de estamentos que reclamaban privilegios (piénsese en los empleos que en cada reino se exigían para los nativos de él). Nada más contrario a la Nación trasatlántica compuesta por individuos iguales y hermanados en torno a una ciudadanía común. Una ciudadanía que, más allá de su evidente correlación con el ideario revolucionario ortodoxo (el que venía de Francia), traía implicados sus propios problemas. Por encima de todos, el de la igualdad absoluta que suponía ceder en favor de América el control de la Monarquía (16 millones de indianos se imponían a algo más de diez citramarinos). Para evitarlo, salvando de paso a la revolución de una eventual alianza entre americanos y reaccionarios europeos, la mayoritaria fracción liberal-peninsular sacó adelante una ominosa regulación constitucional que excluía a los españoles afroamericanos no sólo de la ciudadanía sino aun de la capacidad para aparecer en los censos (al fin y al cabo el venerado barón de Montesquieu había afirmado que costaba creer que seres tan negros y con la nariz tan chata pudiesen poseer un alma humana). El control sobre las Indias, veladamente colonialista, se mantendría también a través de los ministerios de gobierno radicados en la metrópoli, de la prohibición del comercio de las Américas con las naciones extranjeras, y por medio de un Consejo de Estado integrado mayoritariamente por europeos. En todos estos temas la derrota para la fracción congresual americana, que a grandes rasgos y a pesar del racismo que manifestaban algunos representantes procedentes de virreinatos y capitanías en las que la sangre esclava era abundante, actuaba todavía como un todo compacto y organizado, resulta patente.

Será con ocasión del abordaje de otros temas cuando el grupo hispanoamericano se divida en varias fracciones. Los liberales soñaban con una "Nación de individuos" como producto del revolucionario exterminio de los privilegios estamentales y territoriales. Se trata de la Revolución de Nación de la que ha hablado el profesor Portillo18 . A pesar de esa auténtica obsesión, el modelo territorial gaditano acusó una extraordinaria flexibilidad que le permitió ser a un tiempo central-unitarista sin cerrar de un tajo las puertas, pensando sobre todo en América, a cierto tipo de federalismo e incluso de confederacionismo. Sin obstar que los hispanos hayan puesto en operación las únicas utopías que han funcionado por siglos (los pueblos hospitales de Vasco de Quiroga en el Michoacán del Quinientos, la experiencia jesuita dieciochesca en el Paraguay) es preciso reconocer, con Edmundo O´Gorman, que contra lo que cree la mitad del mundo llevamos ya varios siglos siendo profundamente racionalistas: no nos gusta jugar con modelos más o menos utópicos sino hasta que estos han sido probados en latitudes y contextos muy distintos a los nuestros. Ortega llamaba despectivamente "política de Onán" a la utopía, y creo que este recelo frente a esquemas aventurados se inaugura en Cádiz y llega hasta nuestros días (no en balde la primera Constitución social del mundo, la de Querétaro de 1917, ha contemplado sin chistar en sus más de quinientas reformas el desmontaje cínico del Estado social mexicano, esto es, de la utopía revolucionaria de 1910, sólo porque desde el Fondo Monetario Internacional se ha afirmado que no es un esquema funcional). El orden constitucional inaugurado en 1812 es un orden que participa de las tres versiones de lo que Fioravanti ha llamado las "fundamentaciones teóricas de las libertades": la historicista pues, como en Inglaterra, en España se apela a una tradición constitucional (en este caso perdida aunque recuperable), que se remonta a tiempos anteriores a la irrupción del despotismo (por lo general, los visigóticos y, en el caso indiano, los del pacto con Carlos V o, incluso, los prehispánicos); la individualista, pues no se rompe con la idea de un fractura revolucionaria que, a pesar de aquella "tradición" que se venera, logre como en Francia exterminar los estamentos y las desigualdades en la consideración de los sujetos individuales agrupados en una Nación que no es más que el "tercer Estado" del que hablaba el abate Sièyes, y la estatalista en tanto que se reivindica para el poder nacional (en primerísimo término el Parlamento, como han probado los profesores Varela Suanzes19 y Fernández Sarasola)20 un poder de conducción de la cosa pública capaz de sobreponerse incluso al individuo y a sus derechos si la revolución así lo exige. Intentamos ser, y lo seguimos intentando, a un tiempo Francia, Inglaterra, Estados Unidos y la Europa de la restauración. Esta pretensión (paradójicamente auténtica e invencible utopía) se señalará desde Cádiz por sus fundamentales consecuencias articulatorio-territoriales. El modelo (por llamarlo así), extraordinariamente abierto, permitirá realizar concesiones y suscribir compromisos de fórmula dilatoria con las fracciones aparentemente derrotadas en el Congreso.

Nación soberana, Nación de hemisferios, Nación de individuos... Individuos agrupados en pueblos, sujetos últimos, según el historicismo al uso de un Martínez Marina, de un orden constitucional que es necesario restaurar. Así es que también Nación de pueblos (que no Nación igual a pueblo, diferencia radical con el jacobinismo francés que conviene recalcar). Pero los pueblos han gozado históricamente de una adscripción territorial que, por más variaciones que haya sufrido, es una realidad ante la que no se puede cerrar lo ojos: los pueblos de las Españas han pertenecido, según el sitio y la época, a determinados reinos o a determinadas provincias. La indefinición con la que el asunto llega a Cádiz provoca que los diversos grupos de interés entren en pugna por lograr el reconocimiento de su ideario de articulación territorial. Y es aquí donde es posible agregar a la clásica distinción del doctor Varela entre parlamentarios liberales de la metrópoli, realistas y americanos una diferenciación entre los constituyentes según soñasen en una Nación de pueblos agrupados en provincias o en una — por lo demás imposible— Nación de reinos: i) en primer lugar tenemos a los mayoritarios liberal-peninsulares, que buscaban establecer una Nación unitaria que fuese una liga de agencias del Ejecutivo central en provincias. Su recelo frente al federalismo hacía de este grupo un férreo defensor del monopolio legislativo de las Cortes, cuyas agencias provinciales, las diputaciones, carecerían por completo de facultades normativas; ii) en segundo, los regnícolas citramarinos, poseedores de un sincero patriotismo hispánico y satisfechos con la idea de que los resabios de sus reinos (Cataluña, Levante, Aragón) diesen el paso definitivo hacia una planta provincial siempre que se respetasen sus límites geopolíticos históricos (por toda prueba remitimos a las participaciones de estos diputados europeos en la discusión sobre el artículo 11 constitucional que compelía a las Cortes futuras a hacer, por medio de una "ley constitucional", una división "más conveniente" del territorio español); iii) en tercer sitio, los regnícolas americanos, diputados que no por casualidad provenían en su mayoría de las capitales de los distritos superiores de gobierno, exigían el reconocimiento de la realidad de los reinos indianos como conglomerados de múltiples provincias-intendencias. Muy próximos al premoderno pactismo de corte dualista, veían en el alter ego del rey un aliado para la conservación de la integridad territorial de sus reinos y pugnaban por el reconocimiento de la calidad inmemorial de sus ciudades como cabezas de reino, con facultades para hablar en nombre de él; iv) por último, los provincialistas ultramarinos, que provenían de pequeñas capitales de intendencia y que luchaban por el reconocimiento de la igualdad interprovincial y por el abatimiento de la intermediación regnícola-virreinal en sus relaciones con la Corona. Cercanos al ideal liberal de la Nación de provincias, estos constituyentes se manifiestan, empero, mucho más entusiastas de un régimen tendencialmente federal que con el tiempo pudiese convertir a las diputaciones provinciales en auténticas legislaturas locales.

III. El reino, provincia de provincias

Reconocidas las partes en conflicto, es posible contemplar la estrategia del grupo dominante, es decir, de los liberales europeos. Consistió ésta en asegurar la viabilidad de la revolución (en 1812 la Revolución francesa no podía ser vista sino como un proceso abortado por el despotismo napoleónico) a través de la suscripción de compromisos dilatorios que satisficieren a la mayoría de los miembros del Congreso, muchos de los cuales, recordémoslo, habían sufrido sonoras derrotas en asuntos delicados como el de las castas. La Constitución (y la breve práctica del gobierno liberal) sancionó así acuerdos contradictorios: aseguró a los regnícolas americanos la conservación provisional de sus reinos pero ilusionó a los provincialistas con la potenciación autonómica de sus provincias-intendencias. Así, mientras que el artículo 10 incluyó dentro de los territorios integrantes de la España americana únicamente un listado de los distritos de superior gobierno, el artículo 11 prometía la ya mencionada "más conveniente" (a no dudar provincialista, como mostraría para la Península el proyecto Bauzà de 1813) división geopolítica. Las audiencias "provinciales" no serían tales, sino que tendrían jurisdicción sobre territorios multiprovinciales que en muchos casos se asemejaban a los supuestamente eliminados reinos. Sus sentencias, sin embargo, no podrían ser casadas por Tribunal Supremo alguno. El jefe político, encargado del gobierno de las provincias nombrado desde el centro, gozaría en América de competencia sobre los enormes distritos multiprovinciales en los que se establecerían diputaciones. Estas últimas, ejes del sistema constitucional en la periferia, como ha sabido ver Carmen Muñoz de Bustillo, no se establecerían en cada provincia-intendencia indiana (para enojo, por cierto expreso, de los diputados provincialistas) sino que se asignarían a distritos muy semejantes a los del antiguo superior gobierno, es decir, a los territorios mencionados en el artículo 10 con alguna que otra corrección posterior de menor entidad. De esta forma, "provincia" sería un concepto equívoco, pues no significaría lo mismo para efectos electorales que para efectos diputacionales y, por ejemplo, el virrey de la Nueva España, ahora jefe político de México, no vería pulverizado su ámbito de acción en tantas partes como intendencias novohispanas existían, sino que gozaría de competencia sobre el extenso territorio de la diputación multiprovincial de México, agrupadora de varias intendencias. Y eso sólo como jefe político. Pronto veremos lo que podría hacer como jefe militar. De momento es necesario recalcar los triunfos del regnicolismo, victorias que el provincialismo sabía provisionales. Los provincialistas, con una América incendiada, intuían que su momento no tardaría en llegar. Representaban a las elites locales de las capitales intendenciales que por entonces disputaban el poder político y económico a las añejas capitales de los reinos. Optaron por el gradualismo y se dieron perfecta cuenta de lo que una Constitución que mandaba implantar por todas las Españas el régimen municipal para los pueblos de mil o más habitantes podía significar para el localismo. Además, la "Nación de reinos" era un imposible jurídico, político y lógico. De reconocer el dualismo que repartía el poder entre el soberano y los reinos tendría que optarse por una estructura confederal, más cercana a las ideas de Aranda y de Godoy que al ideario doceañista. De ahí que los compromisos signados entre regnícolas y liberal-peninsulares no pudiesen durar.

Se equivoca, en suma, Guerra cuando afirma que los reinos no fueron tomados en cuenta en la sede gaditana sino retóricamente. Si nos preguntamos, con Tomás y Valiente, qué sitio correspondió en la Nación de individuos a las partes territoriales "con sustancialidad propia",21 parece que podemos contestar que todos los sitios y ninguno, esto es, que la fracción constituyente triunfadora creyó conveniente compensar de tal forma a los afectados por su triunfo que llegó a varias soluciones de compromiso, las cuales al final impidieron que la cuestión auténticamente constitucional se resolviera en definitiva. Tal vez a ello se debió el que la "conveniente división" del territorio se dejara para ocasión más propicia. Frecuentemente olvidamos (y más cuando de historiar a los parlamentos se trata) que los diputados no son sólo ideólogos comprometidos con su imaginario sino políticos empeñados en sacarlo adelante. Olvidándolo perdemos de vista la dimensión de los compromisos dilatorios y de los pactos a los que se llega con los perdedores aparentes, cayendo fácilmente en reduccionismos inmovilistas. Si es cierto, como quería Borges en Artificios, que nadie se resigna a buscar algo que no tiene la menor intención de encontrar ("Alguien observará que la conclusión precedió sin duda a las pruebas. ¿Quién se resigna a buscar pruebas de algo no creído por él o cuya prédica no le importa?"), también lo es que en el decurso de las investigaciones sociales se va desterrando una serie de prejuicios. En el caso de esta historia constitucional, el prejuicio desterrado más visible es aquél por cuya virtud apreciábamos en Cádiz una asamblea decidida a imponer la inflexible idea de una Monarquía constituida por individuos agrupados (a efectos no políticos sino "económicos") en pueblos y provincias. Se ha aceptado con demasiada facilidad la afirmación de que todos los americanos querían una diputación para su provincia entendida en sentido intendencial. En otras palabras, la historiografía ha olvidado al grupo regnícola indiano que si no pudo o no quiso expresarse con claridad en las Cortes, lo haría de manera definitiva en las guerras de Independencia ultramarinas. Desterrar el prejuicio permite reconocer las fracciones regnícolas que operaban en las Cortes y los compromisos a los que la fracción dominante estuvo dispuesta a llegar con ellas.

La conservación fáctica (metaconstitucional, para usar un término caro a Jorge Carpizo)22 de un virrey, que más de uno ha dado apresuradamente por desaparecido siguiendo la línea trazada por los estudios de Nettie Lee Benson,23 fue, a nuestro entender, una más de las concesiones hechas en favor del regnicolismo. En efecto, el virrey de Nueva España, ya no superintendente de Hacienda ni regente de la Audiencia (lo que, por lo demás, ya no era desde tiempos del reformismo borbónico), continuaba siendo jefe político de México y capitán general de todo un virreinato enardecido por la guerra. Los liberal-peninsulares no podían permitir que a su revolución le fuese achacada la pérdida de América, por lo que se preocuparon en disimular el mantenimiento de gobiernos castrenses encargados a auténticos alter ego del soberano. Para reprimir las medidas abiertamente inconstitucionales del virrey Venegas (nada menos que la suspensión de la libertad de imprenta y la anulación de las elecciones en que salieron triunfantes los candidatos criollos independentistas) los doceañistas no se ocupan más que en remitir los asuntos con especial recomendación a los cada vez más reaccionarios consejos de regencia, actitud muy contrastante con la que se guardaba en la Península hacia los enemigos de la Constitución. Lo propio puede decirse respecto del gobierno del general Calleja, a quien nunca dejó de llamársele "virrey" en la documentación de la época, Diario de las Cortes incluido. Este apasionante personaje, avecindado de antiguo en México y obsesionado con la integridad territorial de la Nueva España, se preocupa por someter a su dominio a todas las autoridades del reino, incluyendo a las diversas diputaciones provinciales, a saber las de México, San Luis Potosí, Guadalajara de Nueva Galicia, Mérida de Yucatán, Saltillo y Chihuahua. En el caso de estas dos últimas, las correspondientes a los extensos territorios de las llamadas "provincias internas" que ocupan hoy los Estados septentrionales de la República mexicana y los meridionales de los Estados Unidos, es particularmente destacable la actividad del padre Miguel Ramos Arizpe, diputado en Cádiz por Coahuila, una de las internas orientales, promotor entusiasta de la diputación doceañista, enardecido enemigo de virreyes y sólo aparente jefe de la fracción provincialista indiana. Aparente solamente, hemos dicho, pues la idea de Arizpe no es propiamente provincianista sino que parece ver en el conjunto de las provincias internas la posibilidad de creación de un todo cohesionado a manera de reino multiprovincial (la vieja idea del sexto virreinato español que quizá habría evitado los despojos angloamericanos de 1836 y 1847), independiente primero de México y después, acaso también, de España. Tras su encarcelamiento en 1814 y su importante paso como diputado en el Trienio liberal, el padre Arizpe volvería a Nueva España para participar en los primeros congresos constituyentes del México independiente, amenazando con la secesión de los territorios norteños si no se establecía la forma federal de Estado, de la cual es reputado padre y principal impulsor.

En todo caso, el análisis del funcionamiento efectivo del aparato institucional novohispano durante el periodo 1812-1814 muestra, a nuestro entender, que se ha puesto, con Benson, demasiado hincapié en la descentralización que para la Nueva España representó el sistema gaditano de las diputaciones provinciales. Se afirma también, con una fruición no siempre lo suficientemente reflexiva, que el deseo descentralizador de las elites locales condujo a la Independencia. No estaría de más enfatizar que la descentralización implicaba pérdida de control para la elite de la ciudad de México (la "fuerza central creadora de la Nación", que decía Ortega), misma que controlaba la Diputación de la Nueva España pero no las otras. El virrey representaba la cohesión de un reino que evidentemente más de uno consideraba conveniente mantener (y no necesariamente por vías gaditanas, poco "análogas" con la peculiaridad mexicana). No me parece claro que las diputaciones provinciales hayan encantado en sumo grado a toda la población neoespañola. Lo que sí es factible es que, al hacer innecesaria la intermediación virreinal, provocaran que las oligocracias particularistas pensaran en una relación directa con un gobierno supremo más cercano. El virrey podría convertirse en emperador o en presidente de la República, pues el rey de las Españas salía sobrando ante la realidad imaginada, pero cada vez más patente, de la Nación mexicana.

No es extraño que los regnícolas viesen en el virrey a un aliado útil en la lucha por la conservación integral del reino de la Nueva España. Timothy Anna ha descrito en un libro fundamental el contencioso que existía entre el cabildo capitalino y el virrey.24 Pero también los intentos que, una y otra vez, hacía el Ayuntamiento por hablar en nombre de toda la "Nación" mexicana. A los virreyes se les rechazaba por sus políticas autoritarias en concreto, pero la figura del vicemonarca se consideraba indispensable para el mantenimiento integral de un reino del cual la ciudad se asumía "metrópolis".

Cuando, dejando atrás el sexenio absolutista, Fernando VII es obligado en 1820 a jurar la Constitución de Cádiz, los grandes temas de la articulación territorial, que habían quedado suspendidos, vuelven a la palestra. Los provincialistas indianos logran tempranamente que las Cortes decreten el establecimiento de una diputación provincial en cada intendencia del Nuevo Mundo. Con ello queda al fin sancionada la equivalencia entre intendencia y provincia, así como el final del compromiso signado entre liberales de la Península y regnícolas de Ultramar. La alarma de estos últimos es evidente: encabezados por los novohispanos, franca mayoría entre los pocos americanos que aún concurrían a la Asamblea, los diputados indianos proponen en junio de 1821 un esquema de autonomía regnícola muy cercano a las ideas de Aranda y Godoy. De conformidad con esta iniciativa, habrían de crearse tres "secciones de Cortes" en Indias, estableciendo sendas capitales en Lima, Santa Fe de Bogotá y México. A cada "sección" (auténtica legislatura con amplios poderes normativos) le correspondería un departamento del Poder Ejecutivo, encabezado por quien el rey decidiese, incluyéndose dentro de la posibilidad a miembros de la casa real. Sin decirlo, lo que se proponía era una Confederación Hispánica de Reinos Autónomos, confederación evidentemente inconstitucional y que había flotado en el ambiente congresual al menos desde 1813, pues el padre Mier la propone (si bien haciendo abstracción de la España europea) en una nota al pie de su Historia de la revolución. Años más tarde afirmaría, en la Memoria política instructiva enviada a los jefes independientes del Anáhuac, que no otra había sido la intención de los hispanoamericanos doceañistas, con el volteriano quiteño José Mexía a la cabeza. Las Cortes hicieron caso omiso de la propuesta del año veintiuno que, sin embargo, parece haber estado a punto de triunfar en el seno del gobierno y en el ánimo de Fernando VII.

Fuera de ello lo que fuere era tarde, al menos para la Nueva España. Para junio de 1821 llevaba varios meses de iniciada la rebelión del coronel Iturbide, quien en su Plan de Iguala había propuesto la creación de un Imperio mexicano absolutamente independiente, dotado no de secciones sino de Cortes propias que tendrían que expedir una Constitución "análoga del reino", ofreciendo la corona del mismo al propio Fernando o a alguno de los infantes de la casa real. En carta al gobernador de Veracruz, Iturbide — antiguo y eficaz realista— urgía a la Independencia con el fin de precaver al reino de los funestos resultados del provincialismo. Es evidente que en el Plan se hacía eco de la alarma regnícola y que buscaba la conservación de la entidad multiprovincial llamada "México" (una de las "tres garantías" que postulaba era precisamente la "Unión"). Su Imperio, que incluiría a las provincias internas y que se extendería por América central al unírsele poco después el reino de Guatemala, obtendría la Independencia al suscribirse en Córdoba los Tratados correspondientes con el último alter ego español, el militar liberal Juan O´Donojú, el 24 de agosto del propio año. Resultaba claro que en la ecuación rey —reino— provincias lo que salía sobrando era el primer término. Provincialistas y regnícolas lograron llegar al acuerdo que permitiría fundar, sobre las bases geográficas y geopolíticas del tricentenario virreinato, el Estado nacional mexicano.

Se ha hablado mucho del último movimiento independentista mexicano como un simple movimiento reaccionario contrario a la Constitución de Cádiz y a la interpretación ultraliberal que a la misma daban los veinteañistas peninsulares. Creemos que es la falta de perspectiva lo que en esta cuestión ha enturbiado los juicios, y que colocándonos en una atalaya como la que hemos propuesto (esto es, en una que privilegie el análisis de la articulación territorial) se puede llegar a conclusiones menos inexactas. 1821 es el año en el que el patriotismo criollo del Setecientos desemboca en un nacionalismo que concibe a la Nación mexicana como en ente capaz de llegar al Oregón (pasando por un "Nuevo México") y al istmo de Panamá fundiéndose con el reino guatemalteco. No parece lógico que un proyecto tan ambicioso, y que requería de tanta fuerza para consolidarse, fuera sacrificado por sus propios impulsores en orden a cumplir con un sistema constitucional que les era ajeno y antipático y que los obligaba a desmembrar lo que ya veían como su Nación. Iturbide condensa la idea regnícola perceptible en 1808 y en los iniciadores del movimiento independentista y, por otro lado, se sirve del descontento que tanto entre realistas como entre insurgentes provocaba la Constitución de Cádiz. Va, por ejemplo, mucho más allá que los doceañistas en los temas de la igualdad racial y del acceso a los empleos, en los que abre de par en par las puertas de la ciudadanía mexicana a afroamericanos, indígenas y peninsulares. Por lo demás, proclama el cumplimiento de la Constitución de 1812 en todo lo que no se opusiera al Plan de Iguala. La forma regnícola que revistió la obtención de la Independencia de México permite, de esta forma, replantear la hipótesis del patriotismo o protonacionalismo criollo, tan cuestionada por la historiografía. Resulta inquietante el hecho de que allá donde primaba el espíritu de nación mexicana sigue habiendo México, mientras que la periferia discutiblemente novohispana se perdió en poco más de veinticinco años.

La Nación transoceánica como federación de provincias a que pudo haber llevado el desenvolvimiento de Cádiz ya no era suficiente para los insurgentes americanos en 1820. La única salida viable para la conservación del conglomerado hispánico era la de la confederación de grandes distritos. Me parece suficientemente explicativo el hecho de que en 1821 todos los diputados novohispanos (incluido Arizpe) se decantaran por una solución regnícola, esto es, por una confederación de reinos y no por una federación de provincias. Varias lógicas los mueven: Cataluña podía ser una provincia. Nueva España, como provincia, resultaba paquidérmica, desmedida. Su jefe político habría devenido en un funcionario poderosísimo, quizá el más poderoso de la Monarquía a cuenta habida de la desmembración sistemática que el virreinato del Perú había venido sufriendo desde el Setecientos. Era (aunque ni citra ni ultramarinos se atrevieran a decirlo) una protonación que requería esquemas confederales para permanecer en la obediencia al rey de las Españas. No resulta exagerado decir que México se independizó para poder seguir siendo México, lo cual explica el tránsito del virreinato a la Nación, esa que constituye un auténtico milagro, la que le parece a Ferrer Muñoz25 más invertebrada que la España que agobió a Ortega y cuya supuesta "irrealidad" pretendió denunciar Pérez Collados en un libro que, por cierto, le publicó la Universidad Nacional de México.26 Milagro, sí, pues en México y en su América las naciones no han sido sino proyectos que han fracasado hasta lo cómico en el punto más importante, el de llevar alegría y bienestar a sus integrantes. Tentativas fallidas que, empero, no parecen proclives a la desmembración, como sí lo están las recientemente exitosas española e italiana.

La Nueva España tiene mucho que aprender de la España nueva, la de 1978, la del Estado social y democrático de derecho. Algo hace, sin embargo, que la relación se torne dialéctica. Para la España nueva, la España de las Españas peninsulares, la forma en que México (y en general las naciones hispanoamericanas) ha resuelto su cuestión territorial parece atendible. No veo razón para no expresar el legítimo orgullo de un país que podría ser quince; un acierto político que no hemos apreciado de la mano de los ilustrados europeos, de la filosofía de la historia de Hegel, de los Estados Unidos y de sus prejuicios contra lo hispano y contra la labor americana de España. Desvirtuar perversión semejante es, entiendo, una forma de cristalizar el compromiso que, como ha señalado el profesor Garriga, compele al iushistoriador con su presente y con el futuro. Es hallar y vivir, al fin, la utopía hispánica. Es conciliar los sueños y los actuares del Quijote y del Zorro.

Pero no sólo de los casos y soluciones particulares podemos extraer valiosas lecciones. El proceso todo de las independencias primodecimonónicas, tan poco y tan mal conocido, es un pozo fecundo para la reflexión. Cuba ochenta años antes: la importancia de la América continental, minusvalorada desde entonces, luce descomunal. El fracaso de la organización nacional de unas provincias que no existían marcó al constitucionalismo español. Al haberse tolerado (cuando no propiciado) la segregación de las Américas, las provincias peninsulares ariscas, para volver a utilizar terminología ortegueiana, recibieron un mensaje que ha resultado sumamente pernicioso.

Si la Monarquía hispánica fue obra común, si "España" no es sino una de las muchas naciones que surgieron del colapso de 1808-1824 (la última en independizarse de sí misma, que decía Gaos), la "España" de siempre (llámesele como se quiera: "comunidad iberoamericana", "eje hispánico") sigue siendo tarea compartida. Esto lo supo ver el propio Ortega con aquello de "reforma y América" como las dos grandes tareas para la vertebración de su país. Es necesario abandonar añejos y perniciosos lugares comunes, como aquel que ve en el "traumático" proceso de conquista la causa eficiente (y la eficiente causa) del fracaso de nuestros pueblos, o aquel que, desde Quevedo, ha querido ver en las Indias el origen de la decadencia española. Si los resultados contemporáneos del mundo ibérico distan de ser satisfactorios, acaso debamos cuestionarnos si no se debe a la incapacidad para construir una comunidad de naciones hispanas viable y poderosa. Perdimos la lucha por la hegemonía en Norteamérica y el Caribe, la batalla por la unidad de los pueblos centro y sudamericanos y la influencia decisoria en Europa. ¿No podríamos atribuirlo a nuestro incurable afán particularista? El éxito del nacionalismo entre naciones fracasadas en lo económico y en lo internacional (que no es otra la situación de Iberoamérica), ha sido y será un lastre para la integración. Las raíces pueden hallarse en nuestro primer diecinueve. A la verdad, la idea americanista a lo Bolívar ("para nosotros la Patria es la América") no aparece en Cádiz por ningún lado. Los libertadores, en este sentido (y contra lo que quiere Uslar Pietri), no podrían estar más lejos tanto de los liberales peninsulares como de los provincialistas americanos. Su esfuerzo de cohesión regnícola y su fracaso americanista son igualmente notables.

No todo es, empero, oscuridad y desaliento. Cádiz, en tanto que esfuerzo de libertad, no puede dejar frío a alguien que antes es liberal que monárquico o republicano, de izquierdas o derechas, europeo o americano. Recordarlo a España y a México, campeones en el arte de dar la espalda a su realidad indiana mirando hacia el norte, no está de más. Los "cachorros del león español" dieron amplia prueba de su talento constitucional. Ahí está un Guridi recordando con lujo de precocidad que la Constitución es norma de normas, más ley que cualquier otra ley. Ahí un Argüelles moderando el jacobinismo de la Revolución a través de un envidiable conocimiento de la Happy Constitution inglesa. Allí un Mexía llamando desesperado a la unidad de los pueblos de habla hispana, unidad fundada en la igualdad, la uniformidad y el goce de las libertades. "Nunca, como en el Cádiz de las Cortes, volvió a estar unida en el mismo quehacer la Hispanidad entera", decía don Demetrio Ramos.27 Y en un quehacer tan noble, agregaríamos. El rector de Salamanca deseaba, con ocasión del primer centenario de la instalación de la Asamblea gaditana, que el orden constitucional derivado del doceañismo fuese eterno. "Quiera Dios que no tengamos un día que fraguarnos otra nueva Constitución española, genuina y castizamente española, en otro Cádiz a que nos reduzca más que el ímpetu de los enemigos de fuera la ceguedad de los de dentro". Son palabras del rector Unamuno. La historia se encargaría, poco después, de dejarlas en buenos deseos. Quiera hoy el Creador retirarnos la ceguedad para que podamos comprender que los herederos de las revoluciones hispánicas requerimos dotarnos de un orden constitucional que renueve una alianza años ha olvidada en lo político y diplomático, pero renovada constantemente por nuestros pueblos en lo afectivo, lo cultural, lo social y hoy, creo que afortunadamente, lo científico y lo laboral.

* La presente ponencia es una versión formal del discurso pronunciado en el Seminario-Encuentro sobre Cádiz y los Derechos Humanos organizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y por el Instituto José María Luis Mora en septiembre de 2009, contiene las líneas fundamentales sostenidas por el autor en Monarquía y nación entre Cádiz y Nueva Estpaña, México, Porrúa, 2006.

Notas:
1 Arenal Fenochio, J. del, "Introducción", Un modo de ser libres. Independencia y Constitución en México 1816-1822, Zamora, El Colegio de Michoacán, 2002.
2 Fioravanti, M., Los derechos fundamentales. Apuntes de historia de las Constituciones, trad. de M. Martínez Neira, Madrid, Trotta, 1996.
3 Lorente Sariñena, M., Las infracciones a la Constitución de 1812, prólogo de Francisco Tomás y Valiente, Madrid, CEC, 1988; "América en Cádiz 1808-1812", Cruz, Pedro et al, Los orígenes del constitucionalismo liberal en España e Iberoamérica, Sevilla, Junta de Andalucía, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 1993; "Cultura constitucional e historiografía del constitucionalismo en España", Istor, México, núm. 16, primavera de 2004.
4 Portillo Valdés, J. M., "La historia del primer constitucionalismo español. Proyecto de investigación", Quaderni Fiorentini, Florencia, núm. 24, 1995.
5 La idea permea toda su obra, en especial Anna, T. A., La caída del gobierno español en la ciudad de México, trad. de Carlos Valdés, México, Fondo de Cultura Económica, 1981 y España y la Independencia de América, trad. de Mercedes e Ismael Pizarro, México, Fondo de Cultura Económica, 1986.
6 Guerra, F. X., "Lógicas y ritmos de las revoluciones hispánicas", en Guerra, François Xavier (dir.), Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Complutense, 1994.
7 Brading, D. A., "La España de los borbones y su imperio americano", en Bethell, Leslie (ed.), Historia de América Latina, trad. de Antonio Acosta, Barcelona, Cambridge University Press-Crítica, 1990, t. II.
8 Lluch, E., Las Españas vencidas del siglo XVIII. Claroscuros de la Ilustración, trad. de Rosa Lluch, Crítica, Barcelona, 1999.
9 Rodríguez, J. O., La Independencia de la América española, México, El Colegio de México-Fideicomiso Historia de las Américas-Fondo de Cultura Económica, 1996.
10 Hamnett, B., "Las rebeliones y revoluciones iberoamericanas en la época de la Independencia. Una tentativa de tipología", en Guerra, François Xavier (dir.), Revoluciones hispánicas. Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1994.
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24 Anna, op. cit. , nota 6.
25 Ferrer Muñoz, M., La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España. Pugna entre antiguo y nuevo régimen en el virreinato, 1810-1821, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1993.
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