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 REVISTA JURIDICA
Boletín Mexicano de Derecho Comparado
           InfoJus     Publicaciones     Anuario Mexicano     Contenido     Vol. XI-XII
 


LA REAL AUDIENCIA DE CARACAS1

Guillermo MORÓN

SUMARIO: I. Introducción. II. La audiencia de las Indias. III. Venezuela tiene audiencia. IV. El distrito de la audiencia, fundamento del territorio nacional.

I. INTRODUCCIÓN

Entre 1786 y 1821 existió la Real Audiencia de Caracas, organismo con el cual se perfecciona el proceso de unificación de las provincias y se dota a su distrito del instrumento legal que servirá de base verdadera al uti possidetis juris de 1810. La Intendencia extiende sus funciones a todas las provincias; los gobernadores fueron subdelegados en un primer momento y luego intendentes en cada una de sus propias provincias, aunque sujetos al de Caracas; la Capitanía General se restringe a la jurisdicción militar; en cambio, la Real Audiencia, encabezada por el gobernador y capitán general como su presidente, interviene en todas las causas tradicionales: gobierno, Hacienda, Guerra y Justicia. El distrito de una real audiencia configura así una totalidad. Hubo dispersión mientras las provincias dependieron de las audiencias de Santo Domingo y del Nuevo Reino; se unifican en 1777 en torno a Santo Domingo y se consolidan cuando se crea la de Caracas el 6 de julio de 1786.2 Los gobernadores siguen teniendo el gobierno político y militar de sus provincias; sus títulos se siguen extendiendo por el rey directamente, acompañado del ministro respectivo; pero se juramentarán ante la Audiencia. Ahora su máxima autoridad es el presidente, en todo el distrito de la Audiencia; gobernador, en la provincia de Venezuela, y capitán general en toda la jurisdicción. La unificación alcanza así un clímax, pero no se consolida del todo. Hubo poco tiempo entre 1786 y 1810, y por eso vemos cómo Guayana y Maracaibo toman caminos distintos; Coro, que está en la provincia de Venezuela, obedece a un mecanismo sicológico diferente: era la vieja capital, deprimida como ciudad.

Si recordamos que el objeto fundamental del Estado español, y en consecuencia del derecho indiano, era administrar la justicia, entenderemos bien la alta función rectora de la Real Audiencia. Los gobernadores eran ministros de justicia, en primera instancia, cuyas apelaciones iban a la Audiencia. Así se anudaba, fortalecía y centralizaba la justicia, que se aplicaba desde el gobernador para abajo. La Audiencia podía finalizar los casos, cuya única apelación era el rey en su Consejo de Indias. En la aparentemente complicada organización administrativa, la Real Audiencia era el remate. No ejerce poder como el gobernador en cada provincia, pero está por encima del alto funcionario y ministro; no ejerce jurisdicción militar, pero interviene en sus juicios y fueros; no administra la Hacienda, pero la fiscaliza. Su presidente permanece mudo en las sesiones, porque la Audiencia debe actuar con autonomía; aconseja, sin embargo, en todas las cuestiones de gobierno a su presidente, el gobernador y capitán general. No es solamente un tribunal, sino también la autoridad misma. Cuando se reúne a deliberar sobre problemas de gobierno, con la silenciosa presencia de su presidente, la Audiencia es el gobierno.3 Los oidores podían escribir directamente al rey, sin informar al presidente, para proponer medidas de toda naturaleza. La Audiencia, de hecho, intervenía en todas las esferas políticas, administrativas militares, judiciales... y personales.

II. LAS AUDIENCIAS DE LAS INDIAS

En la Recopilación (1680) se dedica el título XV del libro II a tratar "De las Audiencias y Chancillerías Reales de las Indias". La ley I señala la alta jerarquía de los cuerpos, cuyo objetivo es nada menos que éste: "para que nuestros vasallos tengan quien los rija y gobierne en paz y en justicia". Esta sola frase indica cómo es la Real Audiencia el Cuerpo por excelencia en el gobierno y administración de justicia y la institución rectora, en todos los aspectos. La ley I es especialmente indicadora de ese destino político:

    Por quanto en lo que hasta ahora se ha descubierto de nuestros Reynos y Señoríos de las Indias, están fundadas doce Audiencias y Chancillerías Reales, con los límites que se expresan en las leyes siguientes, para que nuestros vasallos tengan quien los rija y gobierne en paz y en justicia, y sus distritos se han dividido en Gobiernos, Corregimientos y Alcaldías mayores, cuya provisión se hace segun nuestras leyes y órdenes, y están subordinados á las Reales Audiencias, y todos á nuestro Supremo Consejo de las Indias, que representa nuestra Real Persona, establecemos y mandamos, que por ahora, y mientras no ordenáremos otra cosa, se conserven las dichas doce Audiencias, y en el distrito de cada una los Gobiernos, Corregimientos y Alcaldías mayores, que al presente hay, y en ello no se haga novedad, sin expresa órden nuestra, ó del dicho nuestro Consejo.

Las doce audiencias que están fundadas para aquel año son las siguientes:

1) Santo Domingo, creada en 1511, pero que no se pondrá en vigencia sino a partir de su nueva creación, el 14 de septiembre de 1526. Las diferencias habidas entre Diego Colón y los organismos centrales del Estado impidieron su funcionamiento antes de esta última fecha. Como no se había fundado el Consejo de Indias, esta Audiencia, al nombrarse en 1511, debía depender del Consejo de Castilla. En la ley II se dan como fechas de organización el 14 de septiembre de 1526, el 4 de junio de 1528, el 19 de abril de 1583, el 30 de octubre de 1591 y el 27 de febrero de 1620, sin duda por cédulas que fueron acomodando su estructura y las ordenanzas. El texto de la ley recuerda la creación de 1511 cuando dice:

Mandamos que en la Ciudad de Santo Domingo de la Isla Española resida nuestra Audiencia y Chancillería Real, como está fundada, con un Presidente que sea Gobernador y Capitán General: quatro Oidores, que también sean Alcalde del Crimen: un Fiscal, un Alguacil Mayor, y un Teniente de Gran Chanciller y los demas Ministros Oficiales necesarios.

Esta Audiencia es el antecedente de las demás y directamente madre de la de Caracas; en su distrito estarán, parcialmente durante dos siglos y medio, y totalmente entre 1777 y 1786, las provincias venezolanas. Dice la ley:

y tenga por distrito todas las islas de Barlovento, y de la Costa de Tierra firme, y en ellas las Gobernaciones de Venezuela, Nueva Andalucía, el Río de la Hacha, que es de la Gobernación de Santa Marta; y de la Guayana, o Provincia del Dorado, lo que por ahora le tocare, y no mas, partiendo términos por el Mediodía con las quatro Audiencias del Nuevo Reyno de Granada, Tierra Firme, Guatemala y Nueva España, según las costas que corren de la Mar del Norte por el Poniente, con las Provincias de la Florida, y por lo demás con la Mar del Norte.

Es así como la Audiencia tiene un distrito territorial y da ocasión para hablar de los Reinos de las Indias; las gobernaciones son provincias, incluidas siempre en el distrito de una audiencia, de tal manera que sólo ésta configura un esquema político superior. Si el distrito de la Audiencia de Santo Domingo se hubiera mantenido hasta 1810, la aplicación del uti possidetis juris habría configurado una República bien distinta, cuya capital habría sido Santo Domingo. El modo especial de gobierno queda especificado en la última parte de la ley, donde consta cómo no había confusiones entre ser gobernador y capitán general de una provincia y presidente de una audiencia, al mismo tiempo que ésta, como cuerpo, tiene el más alto rango en la administración de la justicia y en el manejo del gobierno:

y el Presidente, Gobernador y Capitán General pueda ordenar y ordene lo que fuere conveniente en las causas militares, y tocantes al buen gobierno y defensa de la dicha Isla de Santo Domingo, según y como lo pueden y deben hacer los demás nuestros gobernadores y capitanes generales de nuestras Indias, y provea las Gobernaciones, y demás oficios, que vacaren en el distrito de aquella Audiencia, entretanto que nos lo proveyeremos, y haga, exerza y provea todas las demás cosas que fueren de gobierno, y los Oidores de la dicha Audiencia no intervengan en ellas, ni el Presidente en las de justicia y todos firmen lo que proveyeren, setenciaren o despacharen los Oidores.

Así se complementaban unos a otros.

2) La Audiencia de México, fundada el 29 de noviembre de 1527 (ley III), la cual debía ser obedecida en toda Nueva España, según cédula del 13 de diciembre; sus primeras ordenanzas fueron firmadas el 22 de abril de 1528.4

3) La Audiencia de Panamá (ley IV), creada el 26 de febrero de 1538, sobre la consulta que el emperador hizo al Consejo de Indias el 26 de enero de 1536. Sólo duró cuatro años en su primera etapa, absorbida después por Lima y los Confines. El 8 de mayo de 1563 el rey ordenó que la Audiencia de Guatemala se trasladara a Panamá. Pero la Audiencia panameña se reconstruye y perdura.

4) La Audiencia de Lima (ley V), fundada el 20 de septiembre de 1542.

5) La Audiencia de Guatemala (ley VI), situada en Los Confines, como se llamó al territorio, el 13 de septiembre de 1543.

6) La Audiencia de Nueva Galicia (ley VII) o de Guadalajara, fundada primero en Compostela, el 13 de febrero de 1548, y trasladada a Guadalajara en 1560.

7) La Audiencia de Santa Fe de Bogotá, o del Nuevo Reino de Granada (ley VIII) creada al mismo tiempo que la anterior.5 Se inauguró de modo formal el 7 de abril de 1550; estuvo sin presidente hasta 1554, cuando fue designado el licenciado Gracián de Bribiesca; éste no toma posesión, de modo que será el doctor Andrés Díaz Venero de Leiva el verdadero primer presidente, desde 1565. Debía tener, según la ley, además del presidente, cinco oidores. Su distrito se determina así en 1680:

las Provincias del Nuevo Reyno, y las de Santa Marta, Río de San Juan, y la de Popayán, excepto los Lugares que de ella están señalados a la Real Audiencia de Quito, y de la Guayana, o Dorado, tenga lo que no fuere de la Audiencia de la Española, y toda la Provincia de Cartagena, partiendo términos: por el Mediodía con la dicha Audiencia de Quito, y tierras no descubiertas: por el Poniente y por el Septentrión con el Mar del Norte, y Provincias que pertenecen a la Real Audiencia de la Española; y por el Poniente con la de tierra Firme.

8) La Audiencia de las Charcas (ley IX), o de La Plata, establecida el 8 de septiembre de 1559, aunque sólo se inaugura en 1561.6

9) La Audiencia de Quito (ley X), creada el 29 de agosto de 1563, inaugurada el 18 de septiembre de 1564.

10) Audiencia de Chile (ley XII), cuyos oidores estaban nombrados en enero de 1565; suprimida en 1574, fue restablecida el 24 de abril de 1609.

11) Audiencia de Manila (ley XI), en las Filipinas, inaugurada el 9 de junio de 1584, pero fundada desde el 5 de mayo de 1583, según la Ley. Suprimida en 1588, se establece de nuevo en 1598.

12) Audiencia de Buenos Aires (ley XIII), propuesta en 1644 por la Junta de Guerra y por el Consejo de Indias el 30 de noviembre de 1660; fue fundada el 6 de abril de 1661, con nombramiento de sus funcionarios. Suprimida el 31 de diciembre de 1671, se restablece sólo en el siglo siguiente, el 14 de abril de 1783, aunque decretada el 25 de julio de 1782.7

III. VENEZUELA TIENE AUDIENCIA

Las gobernaciones de lo que será el distrito de la Audiencia de Caracas en 1786 y la República de Venezuela a partir de 1811, formaron parte de dos de las audiencias fundadas en el siglo XVI; la primera, de Santo Domingo, y la séptima, del Nuevo Reino de Granada.

El 19 de julio de 1787 quedó instalada la Real Audiencia de Caracas. El curioso memorialista Juan Antonio de Navarrete dejó escrita en su Arca de letras y teatro universal,8 la descripción de lo ocurrido:

    26 Audiencia de esta ciudad de Caracas se plantó el día 19 de julio de 1787, día jueves entrando el Sello Real en la ciudad en nombre del Soberano, que es actual Carlos tercero, recibiéndolo como a su propia persona del modo y con la solemnidad siguiente: Fuera de la ciudad en las cantarillas de agua que están entre La Pastora y La Trinidad, que son Templos que están en los mismos confines del cuerpo de la ciudad, camino ya extramuros, se puso una especie de solio muy corto, y en él el Sello Regio. Fue el Cuerpo de la Audiencia a buscarlo, todos a caballo, de golilla y cabalgaduras negras. Acompañó el Cabildo Secular y otras personas distinguidas también a caballo vestido de gala. El Real Sello vino en un caballo aparte enjaezado para solo este fin. Venía entre un cajoncito forrado con terciopelo y ligado con cintas al apero en medio de la silla. Se llevó el caballo por las riendas por dos Alcaldes también a caballo. Se dispuso la procesión por la calle de la Catedral viniendo hasta la esquina del palacio Episcopal. De allí tomó por la calle del Gobernador y fue a parar a la casa de la Audiencia. Antes de entrar en ella como 20 pasos se apearon los Oidores y tomaron el Real Sello por la mano en su cajoncito bajo de Palio el Regente y el Presidente y así lo llevaron hasta el trono. No asistió el Clero, ni comunidades, ni se vio en esta función primera cuerpos eclesiásticos. Al día siguiente 20 de julio se hizo en la Catedral una fiesta de Acción de Gracias, con asistencia de todos Cuerpos y Comunidades, presente la misma Audiencia, y cantó la misa pontificial el Obispo de la ciudad. Dn. Mariano Martí. No hubo sermón en esta fiesta. Se cantó el Te Deum laudamus luego que se acabó y no hubo cosa alguna más. El Cuerpo de la Universidad no asistió a esta función por la competencia de asientos, que nunca falta, tirando demostraciones que repiques, y también iluminaciones en los dos días: víspera y día principal. Y se advierte que los Abogados fueron también a caballo de galanes en esta procesión. Sirva esta noticia del recibimiento de esta Audiencia para lo que pudiere valer en los tiempos futuros. En este año de 1792 se ha hecho otro por el reinado de Carlos IV por el Sello, que siempre es diverso en cada Monarca. Acabóse en el año 1810 en abril 19...

En efecto, desde 1769 el Cabildo de Caracas pidió al rey la creación de ese Cuerpo9 y la propia Audiencia de Santo Domingo solicitó el día 13 de agosto de 1672 que se la trasladara a Caracas, debido a que en la isla se hacía insostenible, tanto por la pobreza como por los enemigos que la rodeaban.10 Seguramente estas solicitudes, así como el hecho de que el cabildo de Maracaibo pide que la provincia se reincorpore al Nuevo Reino, impulsa a la medida de creación. El decreto de 6 de julio de 1786 ordena la instalación; se le menciona en la cédula del 31 del mismo mes. La primera cédula de que tenemos noticia es la dirigida al intendente de Caracas, desde Aranjuez, el 13 de junio de 1786:

    Habiéndose enterado el Rey mui particularmente de la solicitud del Cabildo Justicia y Rejimiento de la ciudad de Maracaybo, sobre que su Magestad se dignase reintegrar su Provincia al dominio, regimen y gobierno de lo político y militar y todas sus incidencias, al Vireynato de Santa Fé, de que fué segregada por Real Cédula de 8 de Setiembre de 1777; é igualmente de lo que, así el Virey que fué de dicho Reyno Don Manuel Antonio Flóres y el Fiscal de la Real Audiencia de él, como U.S. y el Gobernador de esa provincia han informado sobre el asunto.- Ha resuelto Su Magestad con vista de todo, que continúe la Provincia de Maracaibo unida como lo está a la Capitanía General é Intendencia de Carácas, observándose lo dispuesto por Real Cédula de 15 de Febrero de este año sobre la agregación de la Ciudad de Trujillo y su jurisdicción al Gobierno de Maracaybo; y creación de la Provincia de Barinas en Comandancia separada, con calidad de por ahora. Y para evitar los perjuicios que se orijinan á los habitantes de dichas Provincias de Maracaibo, la de Cumaná, Guayana, Margarita é Isla de Trinidad, comprendidas en la misma Capitanía General de recurrir por apelación de sus negocios á la Audiencia pretorial de Santo Domingo, ha resuelto el Rey crear otra en Caracas, compuesta por ahora por un Decano Regente, tres Oydores y un Fiscal; dejando igual número de Ministros, en la de Santo Domingo, y ciñendo su Distrito á la parte española de aquella Isla, la de Cuba y Puerto Rico; á cuyo fin nombra Su Magestad desde luego los Ministros que han de servir en una y otra.- Lo participo á U. S. de Real Orden para su inteligencia y gobierno. Dios guarde á U. S. muchos años. Aranjuez 13 de Junio de 1786.- Sonora.- Sr. Intendente de Carácas.11

Éste contesta el 22 de agosto.12

Ahora bien, la real cédula por la cual se anuncia la creación de la Audiencia al gobernador y capitán general y se señala su jurisdicción y personal es del 31 de julio de 1786, dada en San Ildefonso.13

El "acto de obedecimiento" de la cédula anterior quedó en el acta siguiente:

    En la ciudad de Caracas a veinte y seis de octubre de mil setecientos ochenta y seis años: el señor Dn Juan Guillelmi Coronel de los Reales ejércitos de Gobernador y Capitán General de esta Provincia y sus agregadas dijo: que ha recibido la Real Cédula expedida en San Ildenfoso a treinta y uno de julio del corriente año en que su Magestad (Dios le guarde) por evitar los graves perjuicios (aquí repite el contenido de la cédula), con lo demás que de dicha Cédula consta, la que su señoría obedecia y obedecio e con el respeto debido, y mandó que para que llegue a noticia de los subditos esta Real Determinacion se publique en esta ciudad y parages publicos de ella en la forma acostumbrada; y para que ejecuten lo mismo, los Gobernadores y Comandantes Generales de las referidas Provincias e Islas, que quedan en el Distrito de la Real Audiencia nuevamente creada, se libren los correspondientes despachos con incersión de la misma Real Cédula previniéndoseles que en tanto se pone en forma la dicha Real Audiencia (que se les habisara) deberan continuar los recursos a la del Distrito, como hasta aquí, lo que les haran saver a los juezes subalternos de su mando, como se hara con los que su Señoría librandoseles los correspondientes Despachos e igualmente al Comandante General actual de la Provincia de Barinas, y que compulsándose testimonio de dicha Real Cedula para archibarlo con el oficio del presente escribano de Gobernación se debuelba la original a la Secretaría. Y por este assi su Señoría lo proveyó mandó y firmo con Dictamen del Señor Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra.- Juan Guillelmi.- Francisco Ignacio Cortínez. Ante mí: Gabriel Joseph de Aramburu, Escribano de Gobernación.

Se hizo público este auto el 28 de octubre de ese mismo año de 1786, "por voz de Manuel Phelipe Barroso pregonero público".

Otra real cédula informó al gobernador y capitán general Guillelmi su designación como presidente, y le ordena tomar el juramento a los ministros nombrados que llegaran a Caracas antes del oidor decano regente. Ésta es la cédula:

    Gobernador y Capitán General de la Provincia de Venezuela y ciudad de Santiago de León de Caracas. En Real Orden de diez y ocho de diciembre último he tenido a bien prevenir a mi Supremo Consejo de las Indias, teneros declarada a vos, como tal Capitán General, la Presidencia de la nueva Audiencia creada en esa Capital, y que sin embargo de lo que se dispone en los Títulos que se han librado a los Ministros nombrados para ella, deben jurar en vuestras manos, los que de estos y demás dependientes de la misma Audiencia llegaren a servir sus destinos antes que el Oidor Decano Regente: lo que os participo para que lo tengáis entendido, y dispongáis (como os lo ordeno y mando), que esta mi Real deliberación tenga su debido cumplimiento, por ser así mi voluntad. Fecha en el Pardo a trece de enero de mil setecientos y ochenta y siete. - Yo el Rey. - Por mandado del Rey nuestro señor. - Antonio Ventura de Taranco. - Y al pie de dicha Real Cédula se hallan tres rúbricas señales de firmas. - Corresponde con la Real Cédula original de su contenido a que me remito y para dejar esta copia en su lugar y devolver aquella a la Secretaría del señor Gobernador y Capitán General según dicho señor lo manda en su auto proveído en doce del que corre la hice sacar y en fé de ello la signo y firmo en Caracas a diez y ocho de abril de mil setecientos ochenta y siete años. - En testimonio de verdad, Manuel del Castillo. - Escribano Mayor de Gobierno de oficio.

Fue obedecida en Caracas, como consta del auto respectivo:

    En la ciudad de Caracas a doce de abril de mil setecientos ochenta y siete años el señor Don Juan Guillelmi, Coronel de los Reales Ejércitos, Caballero del Orden de Santiago, Gobernador y Capitán General de esta Provincia, habiendo visto la Real Cédula expedida en el Pardo a trece de enero del corriente año en que se declara a su Señoría la Presidencia de la Real Audiencia erigida en esta ciudad, comisionándosele el que reciba juramento a los Señores Ministros electos para ella que lleguen antes que el Señor Oidor Decano Regente, obedeciéndola con el respeto debido y acostumbrado manda que con su inserción se pase oficio al Muy Ilustre Ayuntamiento de esta ciudad en la forma acostumbrada, para que le conste en los casos que convengan y para lo mismo se traigan testimonios a fin de remitirlos a las Provincias agregadas y ciudades y cabezas de Partido de esta Provincia, y la Cédula original a la Secretaría dejando testimonio en su lugar, con prevención que será del cargo de cada Señor Comandante y Justicia Mayor de la Capital del Partido hacerlo entender en los demás Pueblos que comprenda aquel. Y por este auto asi Su Señoría lo proveyó, mandó y firmó de que doy fé con dictamen del Señor Don Francisco Ignacio Cortines, Teniente de Gobernador y Auditor de Guerra. - Juan Guillelmi. - Franco. Igno. Cortínez.14

El 12 de octubre de 1786 la participación se hace conjuntamente al gobernador y al intendente, según cédula expedida en San Lorenzo para que "tomen las providencias conducentes al establecimiento de este Tribunal, y que tenga donde colocarse con la posible decencia". El 20 de marzo de 1787 se decretó en Caracas:

    Tomose razón de esta Real Orden en el Tribunal de cuentas y Contaduría General de Estado y Real Hazienda de esta capital, con advertencia de que los gastos que se originen con motivo de habilitación de la casa y demás para el establecimiento de esta Real Audiencia en los términos que corresponden, y S. M. manda, habran de hacerse segun se determinen, y se bayan comunicando con arreglo a las órdenes que se irán pasando al intento.

Firmó el intendente Saavedra.15

El 14 de agosto de 1786 fueron nombrados los ministros de la Audiencia cuyos títulos se expidieron el 19, en la forma siguiente: oidor decano regente el doctor Antonio López de Quintana; oidores el doctor José Patricio de Ribera, doctor Francisco Ignacio Cortínez y doctor Juan Nepomuceno de Pedrosa; fiscal en lo civil y criminal, fue nombrado el 14 de noviembre el doctor Julián Díaz de Saravia. Se juramentaron Cortínez y Pedrosa el 12 de abril de 1787, Díaz de Saravia el 4 de junio; Ribera el 5 y López de Quintana el 25. El personal del cuerpo comprendía, además, un relator, un escribano, un capellán, un canciller registrador, dos escribanos receptores, cuatro procuradores, un tasador, un repartidor, un abogado de pobres, un procurador de presos, dos alguaciles, dos porteros y un barrendero, para un total de 25 empleados de todos los niveles.16 Miguel José Sanz fue nombrado relator y el doctor Nicolás García abogado de pobres. El decano regente tenía 5,000 pesos anuales de sueldo, que le fueron rebajados a 4,300 en 1788; los oidores y el fiscal 3,300.17

El oidor, López de Quintana, escribió al intendente Saavedra desde Guadalajara el 9 de febrero de 1787: "La piedad del Rey me ha honrado mandarme pasar a servir la plaza de Oydor Decano Regente de la Nueba Audiencia creada para esta Provincia, y este destino me aserca a recibir y cunplir inmediatamente las insinuaciones de VS que puedan servir a su obsequio, como lo deceo desde que le traté aunque muy de paso en Cádiz" y cierra con dos fórmulas de cortesía, "Nuestro Señor Guarde a V.S. muchos años" antes de la data y "Besa la mano de V.S. su mas atto. sego. servidor" antes de la firma; por donde se ve que el ser oidor daba pie para meter la mano discreta en política o su tinta, ya que el intendente era un personaje muy poderoso en su sitio y frente a los dispositivos del poder.18 Desde Puerto Rico escribió Juan Dabán, seguramente funcionario de Hacienda, al intendente Saavedra para comunicarle que el fiscal Díaz de Sarabia había llegado allí el 9 de mayo de 1787.19 En Caracas tomará nota de la incorporación de los ministros en este orden:

    2o. Oydor [...] Sr. Dn. Fco. Ignacio Cortínez, por Real despacho de 19 de octubre de 1786 con el sueldo de 3.300 pesos al añó desde 12 inclusive de Abril de 1787 en que se le tomó juramento por el Sr. Presidente, 3o. Oydor [...] Sr. Dn Juan de Pedrosa por Real Título de 19 de octubre de 1786 con el sueldo de 3.300 pesos al año desde 12 inclusive de abril de 1787 que juró su plaza; Fiscal de lo civil y criminal de la Real Audiencia, Dn. Julián Díaz de Sarabia por Real Despacho de 14 de noviembre de 1786 con el sueldo anual de 3.300 pesos desde 14 de junio de 1787 en que se le tomó juramento por el Presidente; 1o. Oydor de la Real Audiencia Sr. Dn Josef Patricio de Rivera por Real Título de 19 de octubre de 1786 con el sueldo de 3.300 pesos al año desde 5 de junio de 1787 en que juró su plaza (Nota: Que falleció en 7 de junio de 1788 hasta cuyo día inclusive se abonó su sueldo a su albacea Dn. Joseph de Limonta); Regente de la Real Audiencia Sr. Don Antonio López Quintana por Real Título de 17 de octubre de 1786 en que se le recibió el juramento; Abogado de Pobres de la Real Audiencia Sr. Dn. Nicolás García con el sueldo anual de 300 pesos sobre el ramo de Penas de Camaras asignados en Relación formada y pasada a estas oficinas generales por el Sr. Regente en 20 de Agosto de 1787 cuyo sueldo debe abonársele desde 1o. de julio del mismo año; Relator de la Real Audiencia Dn. Alonso Francisco de la Ballina Real Título de 5 de Marzo de 1787 con el Sueldo de 500 pesos anuales desde 26 de febrero de 1788 en que se le recivió juramento.20

Sobre cómo la maquinaria de la Audiencia se fue poniendo en marcha, es una buena muestra el despacho del gobernador capitán general y ahora presidente Guillelmi, del 30 de junio de 1787 para el teniente justicia de la Villa de San Jaime:

    Dn. Juan Guillelmi Cavallero del Orden de Santiago, Coronel de los Reales Exercitos, Governador y Capitan General de estas Provincias y Precidente de su Real Audiencia. Hago saver al The. Justicia Mayor de la villa de San Xaime, que el Señor Fiscal de Su Magestad en esta Real Audiencia, ha producido ante mi una representacion, que su tenor, con el auto que provei es como sigue. - Representación. Señor Precidente: El Fiscal de su Magestad ha visto la Real Cédula de Treinta y uno de julio del año proximo pasado por la que su Magestad se sirvió crear la Real Audiencia de esta Capital asignandola su districto, y las diligencias practicadas a su continuacion: La de ocho de Diciembre del mismo año, por la que dispone haya en ella los oficios subalternos y entre ellos los vendibles y renunciables de Escribano de Camara Canciller y Rexistrador, dos receptores, quatro procuradores, un tasador y repartidor; y ultimamente la de trece de enero del corriente año, por la que igualmente se sirvió declarar a V. S. (como Capitán General) Precidente de ella, y facultarle para recibir el juramento necesario a los Ministros que llegaren antes que el Sr. Oidor Decano-Regente, y dice: que hallandose cumplidas y contextado su recibo, y a su consequencia las Provincias de su districto; se deveran librar segundos a los Governadores, y demas Justicias, con arreglo a lo que se les previno en el auto de publicación de veinte y seis de octubre último, para que en lo subcesibo ocurran con los recursos a esta Real Audiencia admitan para ella los de sus subditos y remitan los que se hayan introducido para la de Santo Domingo existiendo los autos todavía en sus respectivos jusgados [...] para que no se demore la apertura del Tribunal, y despacho de los negocios de su inspección, se sirva V. S. mandar que en execución de la de ocho de Diciembre citada se pase a Oficio con copia Auténtica de ella al Señor Intendente General de estas Provincias, para que disponga que los relacionados oficios vendibles y renunciables se saquen al pregon por el termino de la Ley precedida la regulación y valuación de su justo valor, y se rematen en pública almoneda en la forma Prevenida por las Leyes y Real instrucción. Otrosí: en atención a que en conformidad de la de trese de Enero del año corriente han jurado en manos de V. S. sus plasas los tres Sres. Oidores y el que representa y está dispuesta la Casa de Audiencia con las piesas de Archivo y demas oficinas, y preparados los Libros necesarios; se servirá V. S. mandar que además del testimonio de dichas cédulas mandado dar para el oficio fiscal; el presente Escribano, a continuación de los duplicados de ellas, o de copias autenticas de las que no se hubieren, le ponga de dicha publicación, y de este expediente, con las providencias que se dieren para que se archiven en el de la citada Real Audiencia, con las demás cédulas que la pertenezcan, y a su tiempo se hagan las nominaciones de los demás oficios, que se previenen, y se disponga la formación de ordenanzas que se mandan que en igual forma ponga los certificados correspondientes de las presentaciones de los Títulos de los Sres.; sus juramentos y posesiones para que siempre consten y se archiben en el Tribunal, y se tome razón de estas diligencias en los libros de acuerdos; disponiendo que para la apertura de reales cédulas y demás que ocurran se formen acuerdos extraordinarios nombrándose provisionalmente sujetos de instrucción y providad que interinamente sirva la Escribanía de Cámara y demás oficios vendibles, hasta que executadas las ventas de ellos entren en poceción los que hayan de servir como propietarios. Santiago de León de Caracas y Junio ocho de mil setecientos ochenta y siete. -Saravia.21

Asimismo, se pasó una circular a todos los tenientes de Justicia donde no había Ayuntamiento:

    Haviéndose dignado S. M. por Real Cédula de 31 de julio del año próximo pasado erijir un Tribunal de Audiencia en esta capital nombrándose en consecuencia los Ministros y demás personas que lo han de componer y hallándose ya juntos y abierto el expresado Tribunal, lo participo a V. md. para su inteligencia y a fin que remita a ella todas las causas que se hallen pendientes en apelación para la Real Audiencia de Santo Domingo, y que en lo subcesivo admita como legítimos los recursos que se interpongan para la de esta provincia, dándome aviso del recivo de esta orden para mi govierno. - Caracas, 30 de Junio de 1787.22

Sobre los poderes que recibían los oidores y acerca de las especiales consideraciones que se les debían tener, nos servirá de ejemplo el título otorgado a uno de ellos, Ribera:

    Don Carlos, por la Gracia de Dios, etc. Por quanto por mi Real Audiencia en la capital, compuesta de un oidor decano regente de ella que lo ha de ser un Ministro de otra de las establecidas en aquellos mis dominios, con el sueldo por ahora de cinco mil pesos; de tres oidores con el de tres mil trescientos: un Fiscal que lo ha de ser único de ella. Don Julián de Saravia, actual del Crimen de la de Santo Domingo. Y atendiendo los méritos de Vos don José Patricio de Ribera, Abogado de los Reales Consejos, Fiscal de mi Real Hacienda en la Isla de Cuba y Ministro Honorario de la de Santo Domingo, he venido a consulta de mi Consejo de Cámaras de Indias de catorce de agosto de este año en nombraros por Oidor primero de la expresada Audiencia de Caracas. Por tanto quiero y es mi voluntad, sirvais el referido empleo, según y con las mismas facultades de los Oidores de las otras Audiencias y mando al Regente de la misma Audiencia, que luego que vea este título, tome y reciba de Vos el Juramento con la solemnidad que se requiere, y deveis hacer, de que bien, y fielmente ejerceréis el expresado empleo; que habiéndole hecho y puéstose testimonio de él en este título, él y todas las personas estantes y habitantes en aquel Distrito, Os hayan, reciban y tengan por tal Oidor primero de ella, guardandoos y haciendo os guarden todas las honras, preeminencias y prerrogativas, que por esta razon os corresponden; y es así mismo mi Voluntad que hayais, y lleveis salario en este empleo, cada año de los qe. le sirviereis, tres mil trescientos pesos que es lo mismo qe. he tenido a bien señalar por ahora a esta Plaza, y que se os pague segun, y de la manera que los demas Ministros de las otras Audiencias; que con vuestras cartas de pago, testimonio del dia que tomareis posesión, y traslado asi mismo signado de este Título, mando se reciva y pase en cuenta a los oficiales de mi Real Hacienda, o personas a quienes perteneciere satisfacerle sin otro recada alguno, y sin que tengais que pagar media Annata por ser nuevamente creada esta Plaza; y por haverse entendido en el expresado mi Consejo de Indias, las vejaciones y agravios que algunas veses suelen recivir los Indios, cuando van los Virreyes, Presidentes y demas Ministros de las Audiencias de aquellos Reynos, y los Gobernadores de ellos a Comisiones, o a servir sus oficios, precisándoles a que les den bagages y bastimentos sin pagarles lo que justamente se les deba por ello, os mando que cuando paseis a tomar posesion de este empleo no les obligueis a que os den los referidos bastimentos ni bagages sino qe. el haver de acudiros con lo necesario, sea acto voluntario en sus personas, y pagandoles lo que huviereis menester según el común precio y estimación de las cosas qe. necesitareis, sin hacerles perjuicio ni violación alguna por lo que debeis atender a su alivio, y conservasion y ser lo contrario, punto tan escrupuloso y digno de todo reparo; y así lo observareis presisa y puntualmente estando advertido de qe. de qualquiera contravencion que en esto haya se os hará cargo en Vuestra Residencia siendo capítulo expreso de ella para corregirosla en la mayor severidad. y de este Título se tomará Razon en las Contadurías Generales de Valores y de Distribución de mi Real Hacienda (a donde está agregado el registro General de Mercedes) y de mi Consejo de Indias, dentro de dos meses de su Data, y no ejecutándolo asi quedará nula esta gracia, y también se tomará por los Oficiales Reales de las Cajas de la misma ciudad de Caracas. Dado en San Lorenzo, a diez y nueve de octubre de mil setecientos Ochenta y Seis. - Yo el Rey. Yo Don Antonio Bentura de Taranco, Secretario del rey Nuestro señor lo hice escribir por su mandato.23

La Audiencia se mantiene hasta el 19 de abril de 1810. La suprime el cabildo, convertido en gobierno. Si bien era aquélla un cuerpo de alta jerarquía, que había dado solidez a la provincia y a la unión de todas, el cabildo se tomó la representación popular frente a la Real Audiencia. La rivalidad de ambos cuerpos era inevitable. El Estado español intentó mantener la Audiencia a partir de 1812, con los altibajos propios de la guerra, de modo que sólo en 1821 desaparecerá como institución.24

El triple empleo de la cabeza de la Audiencia estaba bien definido, incluso en las ceremonias que se usaban para recibirlo. El 1o. de octubre de 1792, cuando toma posesión Pedro Carbonell, el cabildo levanta un acta, para determinar la entrega de la vara de justicia. Allí se explica cómo el Ayuntamiento, en cuerpo, fue a la entrada de la ciudad y de allí fue en procesión hasta el barrio de la Trinidad "donde este Ilustre Ayuntamiento se reunió con la Real Audiencia y siguiendo hasta el Real Palacio cuyas puertas se despidieron regresandoce a esta sala". O sea que Carbonell va primero a la Audiencia donde debe juramentarse como presidente, gobernador y capitán general; luego va al Ayuntamiento en razón de su cargo de gobernador de la provincia, que es ámbito más reducido en sus funciones; sólo como presidente tiene jurisdicción plena en todas las provincias y como capitán general en su aspecto castrense. Carbonell hizo presente al cabildo, dice el acta "haver merecido de la bondad del Rey Nuestro Señor que Dios Guarde el que se dignase conferirle el empleo de Capitán General de estas Provincias, Presidente de la Real Audiencia de ellas y gobernador político de la ciudad y su distrito" que era toda la provincia de Venezuela, según hemos visto.25 Si el Ayuntamiento va a las puertas de la ciudad, la Audiencia espera a distancia prudencial; pero en cambio envía a dos oidores al propio puerto de llegada. El regente no sólo cumple con firmar la carta oficial, conjunta, de la Audiencia, sino que escribe a Carbonell una particular el 23 de septiembre de 1792, era el jefe del gobierno quien llegaba, pero la Audiencia actúa con dignidad:

    Sin embargo de haber contestado con mis compañeros a la carta de V. S. de 17 del corriente, devo repetirle particularmente la enorabuena de su ascenso a esta Presidencia, en la qual espero ha de tener entera satisfacción, y yo la de concurrir a ella como soi obligado por todos respetos. - En conformidad del ceremonial acordado pasarán dos de los Señores Ministros a ese Puerto para cumplimentar a V. S., y nos avisarán el día y hora en que resuelba entrar en esta capital para salir a recivirle con la solemnidad correspondiente a su dignidad: entretanto ruego a V. S. que me ordene quanto fuere de su agrado.

No era una simple fórmula de cortesía.26

III. EL DISTRITO DE LA AUDIENCIA, FUNDAMENTO DEL TERRITORIO NACIONAL

El 22 de septiembre de 1793 se expidió una cédula en San Ildefonso, dirigida a la Audiencia de Caracas, para responder a un planteamiento hecho por su presidente al rey. Decía aquél en carta del 28 de abril del mismo año cómo por encontrarse enfermo no pudo asistir a los oficios religiosos del Jueves Santo en la catedral; comisionó a su teniente el oidor honorario don Rafael Alcalde para que lo representara; previamente hizo la participación de estilo, mediante oficio, al deán, con tiempo suficiente, el marte 25 por la mañana, a objeto de que "tubiese entendido que presidiendo (el teniente) el Ayuntamiento con las mismas prerrogativas que él en conformidad de varias Reales disposiciones, debía también hecharle la Llave del Sagrario, como en todo hacia sus veces"; la ceremonia no sólo tenía una significación religiosa, que ha perdido ya su peso en nuestros días, sino también una significación política, pues se trataba de una regalía correspondiente al vicepatronato que ejercía el presidente, gobernador y capitán general, en este caso como gobernador. El deán no contestó hasta el día siguiente por la noche "repugnando el obedecimiento de su disposición sin otro fundamento que la citación de una Bula Pontificia, y la costumbre, cuyo arbitrios despreciables y nulos, así por no existir sino en su imaginación, como opuestos a mis soberanas Reales declaraciones, le habían obligado a pediros (a la Audiencia) voto consultivo"; la Audiencia confirma la solicitud de su presidente "y legitimidad de la comisión dada a la citada persona de su teniente"; el gobernador pasó testimonio al cabildo eclesiástico el mismo jueves, el cual fue recibido por el deán por mano de escribano de gobierno en el momento en que rezaba las horas canónicas y antes, por lo tanto, de comenzar los oficios; pero el deán devolvió "en el mismo acto con su oficio de remisión al Granadero que lo llebo". E hizo algo peor, pues al concluir los oficios "hecharon la Llabe al Preste sin darle mas abiso, contextacion, ni respuesta que sonrrojar publica y grabemente la persona comisionada, ajar las facultades de su empleo, y bulnerar con su inobediencia la esempcion de mi Rl. soberanía, que siempre habia sido recomendada con particular preferencia". Es por eso que el presidente pidió al rey "me dignara hacer conocer al Venerable Dean y Cabildo, lo respetable de mis regalias, inmunidad con que debe mirarlas, y desacato causado con la usurpación de ellas, en contrabencion de mis Rs. disposiciones". El lenguaje de este instrumento público resulta bien claro: la Iglesia también está sujeta a la autoridad del presidente de la Audiencia, gobernador y capitán general, dentro de los límites del Patronato. En esta oportunidad se fortalece el ámbito de la Audiencia con la medida tomada por el rey de sacar de la esfera del gobernador la regalía de imposición de la Llave del Sagrario el Jueves Santo para trasladarla a la misma Audiencia, con lo cual señala una vez más su jerarquía mayor.

En efecto, dispone el rey:

    Que siempre que buelba a ocurrir el caso de que no pueda asistir vuestro Presidente a la Catedral a la funcion del Jueves Santo por cualquier motibo se ponga la Llabe del Arca del Monumento donde se custodia el Santísimo a vos el Regente, y por vuestra falta a el Oydor mas antiguo; por ser las personas en quien se verifica en tales circunstacias la mayor representación de esa ciudad con arreglo a las leyes, Reales disposiciones y al objeto que en sí encierra semejante apto de distincion, y preheminencia anexa a mi Rl. Patronato, y ordenamos y mandamos asistais a los Divinos Oficios del Domingo, Jueves, y Viernes Santo, como corresponde, en la inteligencia de que por Cédula de este día se previene lo conveniente al Cabildo, por ser así mi voluntad.27

En otra cédula del 1o. de diciembre de 1793 quedó resuelto otro problema de interés protocolar, pero con sentido especial para la Audiencia, si recordamos que el protocolo sigue teniendo vigencia hasta en nuestros democráticos días.28 Por ella se establece el lugar que corresponde a un oidor honorario -como lo era el teniente de gobernador en el caso que acabamos de exponer- en los actos públicos a que asistan con la Audiencia. Dice el documento:

    Los Ministros honorarios aun con antigüedad, si asistieren con las Audiencias en algunos actos publicos deben ocupar asiento con posterioridad a los Oydores, Alcaldes y Fiscales, que son del Cuerpo, y tienen derecho a asistir en los acuerdos, exceptuando solo a los que tubieren honores de mis Consejos que a estos permito se les de asiento en actos publicos despues del Oydor mas antiguo del Tribunal que asista al acto, con tal que este no sea Ministro del propio tribunal que entonces ha de ocupar el lugar que le corresponde.29

Como se puede ver claramente, el cuerpo tiene privilegio como entidad viva, pues no se trata de una simple bagatela de vanidad, sino de un derecho de precedencia por el rango de la Audiencia.

El 22 de julio de 1792, desde Madrid, se aprobó a la Audiencia las medidas que tomó en el sentido de haber nombrado escolta de cuarenta hombres en cuatro cuadrillas con objeto de perseguir los ladrones en la provincia. El 10 de septiembre de 1793 se ordena a la Audiencia que esté atenta en cuanto a los procedimientos que el vicario de Cumaná quiere imponer en el matrimonio que deseaba hacer la hija del gobernador Carbonell, de Cumaná en aquellos momentos, con uno de los Sucre, y al cual se oponía el padre de la novia. El 20 de agosto de 1795 plantea el rey otro asunto a la Audiencia, para su solución, también con motivo de un matrimonio que intentan en Maracaibo don José Joaquín Belloso, "de calidad blanco" y sobrino de don Domingo José Belloso, con Isabel María Rodríguez, mulata, que al parecer tiene el consentimiento de la madre del muchacho doña María Ordoñes, pero no del tío. El 11 de diciembre también de 1795 se recuerda al gobernador y capitán general "de la Provincia de Caracas" lo que el rey tenía dispuesto acerca de los honores militares que correspondían a las Audiencias de América, que son iguales a los rendidos a los capitanes generales de provincia, por ser conveniente "al decoro de mis Reales Audiencias..." y para que "se les conserve el respeto y autoridad que son tan debidos e importantes a la administración de Justicia".30

Toda una documentación podría demostrar cómo la Real Audiencia interviene en los más diversos asuntos de la vida pública y privada, incluidos el fuero militar y el religioso. Por eso conforma, no sólo un tribunal de justicia, sino una institución política de sencilla estructura en el personal, pero de muy compleja acción. La preside la primera autoridad: en la provincia (gobernador), en los cuarteles (capitán general), y en el distrito judicial (presidente). Allí, pues, va a repercutir real y verdaderamente la actividad política toda, el ejercicio del poder y la soberanía sobre el territorio global de las provincias que le están sujetas. La ley ya dijo que las audiencias existen "para que nuestros vasallos tengan quien los rija y gobierne en paz y en justicia". La Audiencia, pues, rige y gobierna.

Si bien es cierto que las audiencias fueron creadas como tribunales de justicia,31 las de América tuvieron desde el principio una dimensión mayor, pues fueron desde la primera de Santo Domingo de 1511, un organismo político. Son razones políticas las que inducen a su creación, incluso en la última, la de Caracas. Había que fortalecer la provincia de Venezuela, acallar a Maracaibo que deseaba incorporarse de nuevo al virreinato y poner en unión a todas.

En cuanto a tribunales, dice García Chuecos: "Tenía la Audiencia la jurisdicción contencioso-administrativa y era de su privativo conocimiento resolver los conflictos de competencia entre los tribunales seculares y eclesiásticos". Y agrega: "Adviértase que no constituía la Real Audiencia un tribunal de casación. Y ya veremos que tampoco lo era el Supremo Consejo de Indias como tribunal del Rey. Eran de alzada, ordinario el primero y extraordinario el segundo."32 Pero este autor, al estudiar las rivalidades de la Audiencia con el Ayuntamiento de Caracas y con el gobernador y capitán general, que es al mismo tiempo su presidente, no puede menos que reconocer la otra dimensión del cuerpo, la dimensión política: "Las facultades regias de que se hallaba investida y su encargo de velar por el cumplimiento de la ley le granjearon dos poderosos enemigos que lo fueron el Gobernador y Capitán General y el muy ilustre Ayuntamiento de Caracas".

Cree García Chuecos que se debía al hecho de la influencia que el cuerpo ejercía en todas partes y también "en vista de una campaña, en la que se trabajó por la evolución democrática, por la igualación de las clases sociales, de la que fue abanderado el Oidor doctor Francisco Ignacio Cortínez".33 Ya escribió sobre este fenómeno Laureano Vallenilla Lanz, destacando el hecho de que los enemigos de los pardos estuvieron en el Ayuntamiento y sus amigos y favorecedores en la Audiencia.34 Sin duda que una de las razones por las cuales el Ayuntamiento, alzado en gobierno en 1810, elimina la Audiencia, está en esa actividad popularizante del oidor Cortínez y en el empeño de la audiencia en regir y gobernar en paz y justicia. Sólo que el pueblo se vio más inmediatamente representado en su cabildo, porque lo conocía mejor, como que lo había hecho.

La Audiencia aconsejaba en materias de gobierno y también intervenía. Es entonces cuando chocaba con algunos de sus presidentes. Incluso conocía, de acuerdo con la ley, en apelación, muchas resoluciones de esos presidentes cuando actuaban en su campo específico civil o militar (libro II, título XV, ley 35.) Pero nos interesa destacar especialmente la significación que la Audiencia tuvo en la formación de la nacionalidad y en la creación definitiva del territorio. Creemos a este respecto que el uti possidetis juris de 1810 tiene su fundamentación en la Real Audiencia, esto es, en la jurisdicción territorial que ésta tuvo como su distrito; no sólo políticamente resulta más evidente, sino también jurídicamente. La Audiencia es el tribunal máximo en el territorio, pero también el primer organismo político. Así, pues, sostenemos la tesis de que el territorio nacional heredado por la República de 1811 es el mismo que correspondía al distrito de la Audiencia entre 1786 y 1810, lapso durante el cual no sufrió modificación alguna. El artículo 7o. de la Constitución de 1961, vigente para el momento de enviar a prensas este tomo,35 debía ser modificado en este sentido: "El territorio nacional es el que correspondía al distrito de la Audiencia de Caracas antes de la transformación política iniciada en 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados celebrados válidamente por la República".36

Ya el historiador del derecho indiano, Enrique Ruiz Guiñazú, se refirió a la especial importancia de las audiencias desde el punto de vista político, el cual antepone al jurídico:

    Su órbita inmensa esfumábase en la de la autoridad real fundida en el mismo crisol como que los virreyes y capitanes generales, delegados del monarca, debían en casos extraordinarios de gobierno pedir consejo y dictamen a las audiencias. Sus atributos supremos quedaban consolidados merced a las confirmaciones regias; siendo práctica la relación directa entre ellas y el Consejo de Indias y el mismo emperador; informándoles hasta sobre tópicos de jurisdicción virreinal y sustituyendo al virrey en el gobierno en casos de acefalia. Aparte este papel político, conocían desde luego en materia de justicia.37

También un moderno historiador y crítico de tan elevadas condiciones intelectuales y científicas como Ricardo Zorraquin Bacú, quien les atribuye a las audiencias doble función:

    Además de tribunales de justicia, fueron también organismos que al integrar el gobierno debían procurar la realización de aquel objetivo supremo. Al lado de sus atribuciones judiciales aparecen otras de índole gubernativa, que en la mayoría de los casos sólo implicaban el ejercicio de una justicia legal o política. Así ocurría respecto a la protección de los naturales, a la conservación del orden social, a la buena armonía de los gobernantes, al control de los funcionarios y a la vigilancia que estos cuerpos ejercían sobre toda la vida social y política de sus distritos.38

Las acciones gubernativas eran precisas en todos esos casos y en muchos otros, de modo que la doble función existió claramente. La gran mayoría de los gobernadores interinos de las provincias de Venezuela -aunque existía el privilegio de los alcaldes-, de Nueva Andalucía y Margarita, así como en numerosas oportunidades los de Trinidad, cuando dependió de esa Audiencia, fueron nombrados por Santo Domingo; así como los de La Grita, Mérida, Maracaibo y Guayana, y también Trinidad, antes de la existencia de virrey, fueron puestos por la de Bogotá. Son muy conocidas las intervenciones de esas audiencias en el gobierno interno de las provincias a través de jueces pesquisidores y visitadores, que eran casi siempre oidores. Bastaría con recordar a Chávez y Mendoza en Cumaná. Y más cercano aún, en plena guerra, al regente José Francisco Heredia, que desde la de Caracas metió la mano en cuanto pudo, más para salvaguardar la justicia, que con ánimo político.39

En la bibliografía venezolana sobre audiencias40 en general y sobre la particular de Caracas, ya se ha apuntado también la verdad histórica sobre el papel trascendental que la institución jugó en nuestros siglos XVIII y XIX, desde 1786 a 1821, en cuanto a servir de fundamento a la creación de la nacionalidad jurídica, aunque todos los historiadores centran sus comentarios en la llamada Capitanía General de Venezuela. El atinado crítico de nuestra sociedad histórica, Laureano Vallenilla Lanz, dice en una nota de pie de página: "Las jurisdicciones de las audiencias sirvieron también de antecedente y fundamento al uti possidetis juris de 1810. La de Charcas fue la base de la nación boliviana, a pesar de que las provincias que la constituyeron estaban bajo la autoridad militar y política del virrey de Buenos Aires desde la creación del virreinato en 1777".41 En relación con Venezuela, se dejó ilusionar el gran investigador con la capitanía, y no comprendió que también aquí la audiencia fue la base y fundamento del territorio nacional. Cuando Bolívar crea Colombia el 17 de diciembre de 1819 une los territorios de la "antigua Capitanía General de Venezuela y el Virreinato del nuevo Reino de Granada", que son los distritos de ambas audiencias. Ya antes de Bolívar ambos distritos se quisieron unir, cuando se creó el virreinato, como vimos. No se mantendrán unidos ni con el virreinato ni con la república, exactamente por las mismas razones sociológicas, políticas y económicas. La terminología que usa Bolívar corresponde a la que se usaba normalmente, sin ser la apropiada jurídicamente, era la terminología política y prestigiada por el poder. Una sola voz más puede agregarse a la de Vallenilla, en una tesis de grado: "De ellas se ha dicho que fueron factor determinante en la formación de las nacionalidades americanas, por su posición rectora de toda la vida de las colonias en sus diferentes aspectos: judicial, fundamentalmente, económico, político y social".42

Con la creación y la acción de la Audiencia de Caracas se unificó totalmente el territorio de las provincias, de tal manera que podemos considerar que el territorio venezolano, base geográfica del Estado, es aquel que constituyó el distrito de su Audiencia entre 1786 y 1821. Desde el punto de vista político, dio consistencia a una conciencia global, que tendrá repercusión en 1810 y 1811; desde el punto de vista jurídico, formó el criterio unitario y jurisdiccional; desde el punto de vista histórico, dio unidad a los sentimientos y concepción única al ser venezolano.

Notas:
1 Tomado de Morón, Guillermo, "Historia de Venezuela", Enciclopedia Británica de Venezuela, Caracas, libro primero, cap. cuarto, 1995, t. VI, pp. 49-65.
2 El decreto de creación nos es conocido por los diversos instrumentos posteriores. Sobre esta institución política esencial, sólo han escrito Héctor García Chuecos y Héctor Parra Márquez, hasta septiembre de 1971. El primero es un estudio básico y pionero, como tantos otros de su infatigable investigación, titulado "Real Audiencia de Caracas. Apuntes para su Historia", Estudios de historia colonial venezolana, t. II, pp. 1-3. El segundo, basado en el anterior, dedica parte del capítulo VI de su Historia del colegio de abogados, a presentar la institución, con valiosas observaciones críticas, pp. 105-122. Hoy día, hay que añadir los magníficos trabajos de Ali Enrique López Bohórquez, "Los ministros de la Audiencia de Caracas (1786-1810). Caracterización de una élite burocrática del poder español en Venezuela", BAHN, vol. 174, 1984, y "La Real Audiencia de Caracas en la historiografía venezolana (materiales para su estudio)", BAHN, vol. 187, 1986; así como el muy útil de Santiago-Gerardo Suárez, "Las reales audiencias indianas. Fuentes y bibliografía", BAHN, vol. 200, 1989.
3 Disiento en este punto de la aseveración de García Chuecos, cuando asegura: "Fue (la de Caracas) una Audiencia Pretorial, y nunca, en sus treinta y cuatro años de vida, tuvo el ejercicio del gobierno. Mantúvose siempre en su carácter de tribunal superior de justicia y de cuerpo consultivo del Gobernador y Capitán General", est. cit., p. 47. En ninguna parte ejerció el gobierno como cuerpo, pues para eso estaban los gobernadores y capitanes generales. Pero estos funcionarios le estaban sometidos. No tenía poder ejecutivo, pero representaba todo el poder. García Chuecos, gran investigador y maestro de nuestra historiografía contemporánea, sostiene la tesis de que el capitán general, como tal, era el que ejercía el gobierno. He aclarado este error historiográfico e histórico en el capítulo tercero de mi "Historia de Venezuela", cit.
4 Para la cronología, sigo el estudio inédito de González de Bracho, Isabel, Edición crítica de las ordenanzas de audiencia de Indias, tesis doctoral presentada en 1955 ante la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Agradezco a la autora el permiso para leerla y usarla. Esta obra es de gran interés en lo que al estudio de la máxima institución política indiana se refiere.
5 Dice la doctora González de Bracho ya citada: "La Audiencia de Santa Fe, del Nuevo Reino de Granada, fue fundada al mismo tiempo que la de Compostela en Nueva Galicia, en el año de 1548", p. 21. García Chuecos informa que se fundó el 17 de julio de 1549, basado en la fecha que trae la ley. Los Acuerdos se conservan desde el 6 de marzo de 1573. Véase Libro de acuerdos públicos y privados de la Real Audiencia de Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada, 1, Bogotá, Tipografía Colón, 1938.
6 Zorraquín Becú, Ricardo, La organización judicial argentina en el período hispano, Buenos Aires, 1952, pp. 149 y ss.
7 Ibidem, pp. 158 y ss., trata extensamente sobre el particular.
8 BANH, vol. 60, pp. 9 y ss.
9 Sucre, Gobernadores, p. 297.
10 AGI, Santo Domingo, p. 62.
11 Blanco y Azpurúa, I, p. 214. Reproducida por García Chuecos, La capitanía, pp. 56 y 57.
12 AGN, IERH, vol. XXXIV, f. 334.
13 AGN, Reales Cédulas, vol. XI, núm. 52, ff. 303 y ss. Reproducida en García Chuecos, op. cit., pp. 57 y 58.
14 AGN, Reales Cédulas, vol. XI, ff. 315 y ss. Reproducida por García Chuecos, op. cit., pp. 58 y 59.
15 AGN, Reales Órdenes, vol. IX, f. 152.
16 García Chuecos, Estudios de historia colonial venezolana, cit., pp. 10 y ss., y Parra Márquez, op. cit., pp. 110-112.
17 Reglamento de plazas y sueldos, AGN, Real Hacienda, vol. 449, ff. 40 y ss.
18 AGN, IERH, vol. XXXVII, f. 340.
19 Ibidem, vol. XXXIX, f. 357.
20 AGN, Real Hacienda, libro de títulos, ff. 106-111.
21 AGN, Gobernación y Capitanía General, vol. XXXVI, núm. 141, ff. 226 y ss.
22 Ibidem, f. 235.
23 Reproducido por García Chueco, op. cit., pp. 8 y ss.
24 Sobre estos pormenores el estudio de García Chuecos es imprescindible; por único, y también por contener investigación de primera mano.
25 AGN, Gobernación y Capitanía General, vol. VII, núm. 201, f. 261.
26 Ibidem, vol. VII, núm. 172, f. 226.
27 AGM, Reales cédulas, vol. V, f. 92.
28 Una de las diferencias que enemistó a dos políticos de tan larga carrera juntos como Luis Beltrán Prieto Figueroa y Rómulo de Betancourt fue la consideración especial que este último dio al cardenal José Humberto Quintero con motivo de una sesión del Congreso en 1963, cuando lo puso a su derecha, antes de Prieto Figueroa, que era, en ese momento, presidente del Congreso.
29 AGN, Reales Cédulas, vol. V, f. 106.
30 Ibidem, vol. V, ff. 1 y 84; vol. VI, ff. 32 y 88.
31 La primera fue creada en 1371, en las Cortes de Toro por Enrique II. Véase el estudio de Alonso, Carlos Miguel, "Las audiencias en los reinos y señoríos de las Indias", Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, núms. 116-117, agosto-septiembre de 1959, pp. 189-204.
32 Real Audiencia de Caracas, Estudios de historia colonial, II, cit., p. 54.
33 Ibidem, pp. 82 y ss.
34 "Los iniciadores de la revolución", Cesarismo democrático, s.p.i., 1952, pp. 31-55.
35 Octubre de 1971 (se refiere al de la Enciclopedia Británica de Venezuela).
36 Sostengo asimismo la tesis de que el tratado de límites con Colombia, de 1941, no es válido históricamente porque se hizo sobre falsos presupuestos documentales.
37 La magistratura indiana, Buenos Aires, s.p.i., 1916, p. 18.
38 La organización judicial argentina en el periodo hispano, cit., p. 143.
39 Sobre este singular personaje de nuestra historia, léase a Briceño Iragorry, Mario, El regente Heredia o la piedad heroica, Caracas, Biblioteca Popular Venezolana, núm. 21, 1947, y el propio protagonista Heredia, J. F., Memorias del regente Heredia (de las Reales Audiencias de Caracas y México), divididas en cuatro épocas: Monteverde, Bolívar, Boves, Morillo, Madrid, América, s.f. Últimamente, BANH ha reeditado ambas obras: vol. 184, 1986 y vol. 186, 1986, respectivamente.
40 Véase la nota 1 ut supra.
41 Disgregación e integración, s.p.i., p. 4, nota 3.
42 González de Bracho, Isabel, op. cit., p. 8.