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LA ABSURDA NEGACIÓN DE LA PERSONA

Jorge Mario MAGALLÓN IBARRA *

Escribir un artículo de homenaje a la memoria de José María Cajica, que fue -y seguirá siendo- un gran maestro del derecho, permite a quien esto intenta, abrir los viejos ventanales del recuerdo, y contemplarlo hace más de treinta años entrando a la oficina que la Facultad de Derecho me tenía asignada en su planta baja, para atender lo que entonces era la Secretaría del Doctorado y hoy es la División de Estudios de Posgrado. En aquella ocasión, después de los saludos de rigor, el visitante manifestó su interés en inscribirse como alumno de los Estudios Superiores de Derecho Privado que se encontraban a mi cargo, por lo que colocó sobre mi escritorio -dentro de un tradicional marco- el original del título de abogado, notario y actuario con el que la Universidad de Puebla había premiado los loables esfuerzos de José María Cajica para obtenerlo; apareciendo en su lado izquierdo la fotografía correspondiente, que obviamente se encontraba incluida en ese documento con pretensiones de identificación.

Desde luego que, al tener a la vista el título profesional que se me exhibía, verifiqué el nombre de nuestro homenajeado, e instantáneamente reconocí que se trataba del jurista que con vigoroso empeño nos había permitido conocer desde hacía ya casi veinte años su traducción a la 12a. ed. francesa del Tratado elemental de derecho civil de Marcel Planiol -escrito con la colaboración de Georges Ripert- así como la magnífica obra escrita por Julien Bonnecase, Elementos de derecho civil. Sin embargo, en ese momento me percaté que la fotografía que constaba en el diploma que tenía a la vista no coincidía con las líneas faciales de quien lo mostraba, lo que me impulsó a preguntar: "¿y dónde está el maestro Cajica?". A lo que el interlocutor respondió con una sonrisa: "Aquí, ante usted. Soy yo!". Era claro que el paso del tiempo me había confundido, pues el rostro del joven que entonces había obtenido su licenciatura, ya mostraba las señas inconfundibles de una vida fecunda que se encontraba en la madurez de su existencia. La sonora carcajada de ambos lados sobrevino, y la bienvenida se hizo presente, ya que consideré un honor que un profesional con la experiencia y prestigio académico que caracterizaban al visitante, accediera a los estudios superiores que impartía la Facultad de Derecho. Desde luego que no llegó solo, pues en esa experiencia lo acompañaron -entre otros- un grupo de abogados poblanos, entre los que se encontraban Carlos Palafox Vázquez, Fernando García Rosas, Sergio M. Chávez Rojas y José María Fuentes Aguilar, quienes mostra- ban gran respeto y reverencia hacia su preceptor.

La experiencia que relato se vio días después fortalecida, al verme obligado a actuar de suplente de quien era titular de la cátedra de derecho comparado, en la que tuve el privilegio de contar entre los alumnos con un maestro consagrado como lo era José María Cajica. Así, las dos horas semanales en las que se impartía la clase, eran notoriamente estimulantes, pues en ellas se mantenía de manera constante un variado diálogo entre el profesor y los alumnos, constantemente salpicado por anécdotas felices y comentarios oportunos de todos los integrantes de aquella pequeña y entusiasta comunidad académica.

Las labores culminaron con la redacción de un trabajo que el maestro poblano presentó, al que agregó el nombre de los compañeros que le acompañaban en aquella experiencia, mismo que he guardado celosamente y que ahora dan pauta a esta contribución a su homenaje. El mismo está escrito en 218 cuartillas, en las que constan su Introducción, en la que hace profesión de fe sobre el valor y trascendencia del derecho privado, y dos importantes capítulos, uno sobre la lesión y el otro denominado "derecho interespacial", en el que expone el ámbito de aplicación de las leyes, en su aspecto territorial, subjetivo y material.

Desde luego que al releer el contenido de ese ensayo, volvemos a saborear la rica expresividad de sus conceptos, muy particularmente expuestos en la Introducción, en la que destaca el lugar que ocupa el derecho civil mexicano, como un conjunto de normas que rigen a los hombres en tanto que dichas normas consideren a aquellos como sujetos de derecho... Aquí se impone la pausa en la que sobreviene una nota en el pie de página -profesión de fe humanística- en la que el autor advierte:

    Eludimos deliberadamente el término persona. Si pensamos que actualmente [estas líneas se escriben hacia 1966] todo individuo de la especie humana goza de la protección de la ley, bastará con decir que el hombre por el solo hecho de ser hombre es sujeto de derecho. Esto que en la actualidad nos parece obvio no ha sido así siempre, pues en los regímenes esclavistas, el esclavo no era persona sino cosa; en Europa, cuando existía la muerte civil, los declarados muertos civilmente tampoco eran personas. Si la capacidad de goce y de ejercicio dependen de la personalidad y el otorgamiento de ésta depende de la ley, conservando para el hombre el calificativo de "persona" se pone a disposición del legislador la facultad de excluir a determinadas clases de hombres de beneficios que de ninguna manera deben negárseles. Por ejemplo, podría llegar a decirse en un régimen racista que sólo son personas los individuos de una raza determinada y no los de otra. Por otra parte, si bien es cierto que el fin de todo derecho es el hombre, debe pensarse que se trata del hombre de carne y hueso (y esto aun en el caso de las entidades jurídicas que se han denominado personas morales, porque al fin de cuentas esas entidades son constituidas por hombres); que sufre y goza, que tiene sus virtudes y sus vicios, que puede satisfacer todas sus necesidades y aun carecer de lo más indispensable, que odia o ama, con buenos o malos hábitos, con buenos o malos sentimientos, etc. En una palabra, de aquel que afirma nihil humano a me alieno puto. Ahora bien, si el derecho tiene como fin a este hombre, al reglamentar las relaciones que tenga con los demás verá en él no a una persona abstracta, despojada de todo lo humano, sino al hombre real a que nos hemos referido, con todos los lazos de acercamiento y con todos los motivos de alejamiento que tenga para los demás; es decir viéndolo a él y al mismo tiempo al grupo o grupos de que forma parte o de los cuales es excluido; en tanto que si el fin del derecho es el hombre como persona, entendiendo esta palabra como tradicionalmente se le entiende en el derecho, nos encontramos ante un concepto abstracto, falsamente igualador de todos que permite al poderoso, física o económicamente, al ladino, al más preparado, la explotación del miserable, del débil o del ignorante, puesto que al fin y al cabo, no obstante las enormes diferencias que existen entre unos y otros: Todos son personas y la ley civil es igual para todos! Por ello propugnamos por la supresión en la ciencia del derecho, del término "persona", para referimos sólo al hombre o a las "entidades" o "cuerpos jurídicos".

Es evidente que cuando Cajica escribía las líneas transcritas, lo hacía porque creía en el humanismo verdadero que proclama el valor trascendente del hombre, ya que obviamente consideraba que es el beneficiario, depositario y destinatario de la creación, y que sólo en los regímenes esclavistas se podía dar la negativa a su condición de persona. Sus convicciones entrañaban la repercusión del dolor y de las angustias que dan la negación y violación de los derechos humanos cometidos por los tiranos y opresores, fieles partidarios de la desigualdad y de la injusticia, de la esclavitud y servidumbre. La respuesta al reconocimiento de la dignidad de la persona humana se ha manifestado internacionalmente, a partir de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, expedida en diciembre de 1948 -en París- por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que constituyó una respuesta al clamor mundial que se desató -a partir de la terminación de la Segunda Guerra Mundial en 1945-, al sobrevenir la liquidación de los imperios coloniales, que seguían manifestando su vigor en Asia y en África; al precipitarse la lucha en los pueblos pobres para adquirir un desarrollo que les permitiera mejorar sus condiciones de vida frente a las naciones ricas y el surgimiento de los grupos sociales que habían sido sometidos en estado de notoria desigualdad e inferioridad, como sucedía con los individuos de raza negra de origen africano y otras minorías raciales; debiendo reconocerse -como lo manifestaba Antonio Carrillo Flores- que esta situación fue producto de la ceguera a la que se sujetaron países que negaban el valor de la dignidad de la persona humana al tolerar la esclavitud.1 Dicha actitud ha sido y es la negación de los afanes empeñados por el hombre en la búsqueda de una convivencia justa y decorosa que, como expresa Andrés Serra Rojas, es la síntesis del principio internacional que proclama que todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.2

Dentro del esquema que venimos desarrollando, no podemos soslayar que en 1947, la UNESCO, que como la Organización Educativa, Científica y Cultural de las Naciones Unidas coadyuvaba en la preparación de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, realizaba una investigación sobre los problemas teóricos que suscitaba tal declaración, remitiendo una carta a diversos líderes mundiales, requiriéndoles su punto de vista sobre ese temario. Entre las respuestas destaca la que el 25 de mayo de ese año, Mahatma Gandhi escribió al director general de tal organización, doctor Julian Huxley, diciéndole:

    Me temo que no pueda darle nada que se aproxime al mínimo que usted indica. Lo cierto es que no tengo tiempo para hacer el esfuerzo. Pero todavía es más cierto que leo muy poca literatura pasada o presente, aunque me encantaría poder leer algunas de las obras maestras. Viviendo como vivo desde mi juventud una vida turbulenta, no he tenido tranquilidad para dedicarme a la lectura. De mi ignorante pero sabia madre aprendí que los derechos que pueden merecerse y conservarse proceden del deber bien cumplido. De tal modo que sólo somos acreedores del derecho a la vida cuando cumplimos el deber de ciudadanos del mundo. Con esta declaración fundamental, quizás sea fácil definir los deberes del hombre y de la mujer y relacionar todos los derechos con algún deber correspondiente que ha de cumplirse primero. Todo otro derecho sólo será una usurpación por la que no merecerá la pena luchar. Suyo afectísimo, M. K. Gandhi.3

Al leer las líneas que anteceden -iniciadas con las afirmaciones de Cajica- pudiera parecer que existe un consenso general y unánime que apoya los criterios de libertad e igualdad de todos los hombres. Sin embargo, tenemos constancia de que aun en aquel país que preconiza ser quien vigila en el mundo actual el reconocimiento y la observancia de los derechos humanos y que reclama abiertamente a otros pueblos su cumplimiento, continúa manteniendo en su más alto tribunal de justicia un criterio negativo que debe mantener la vergüenza que le corresponde.

En efecto, los anales jurisprudenciales que corresponden a la mitad del siglo XIX, registran la impresionante ignominia de la conocidísima sentencia -entre los estudiosos de la jurisprudencia de los Estados Unidos de América- pero a la vez, impactante decisión judicial, para quienes como José María Cajica ajustan sus criterios y convicciones a las normas jurídicas que hemos recibido de acuerdo con nuestras tradiciones humanas; resolución que fue calificada como una gran torpeza, peor que un crimen, por los juristas de su propio país.4 La misma fue dictada en el lacerante juicio tramitado por Dred Scott vs. John F. A. Sandford. El actor era un humilde esclavo de raza negra africana que habiendo nacido en Virginia fue llevado a Missouri por su amo Peter Blow en 1827. Siete años después fue vendido por sus antiguos amos a un cirujano militar llamado John Emerson, quien al ser trasladado por órdenes superiores a un puesto militar ubicado en Rock Island, Illinois -lugar norteño en el que estaba prohibida la esclavitud-, lo llevó como pertenencia. Dos años después -1836- el médico fue trasladado al Fuerte Shelling, que se localizaba en el territorio de la Alta Louisiana (ahora Minnesota), que se encontraba al norte de la latitud 36 grados y 30 minutos, que era un área en la que también estaba prohibida la esclavitud, en los términos del Acuerdo de Missouri de 1820, y dos años después (1838) el médico regresó a Missouri con su esclavo. Éste -por su parte- se había casado con una mujer esclava de su misma raza, que pertenecía al mismo amo, con la que había procreado dos hijos. Seis años después Emerson fallecía habiendo designado albacea en su testamento a su cuñado John A. Sandford, y dejando sus bienes en confianza a su esposa, para beneficio de su hija.

La viuda de Emerson -que había heredado a los Scott en confianza- tenía dudas en cuanto a que pudiera emancipar a los esclavos que eran parte del caudal hereditario. En estas circunstancias, se casa con Sandford y emigra a Massachussets abandonando a Scott y a su familia. En estas condiciones, Scott buscó el consejo del hijo de Blow que había sido su antiguo dueño, quien consultó abogados que encontraron que ese caso podría verificar la constitucionalidad del Acuerdo de Missouri, así como constatar si por razón de su residencia en el área norteña en la que se prohibía la esclavitud, habría adquirido su libertad por ministerio de la ley.5

De acuerdo con los antecedentes que citamos, era interesante que el tribunal calificara la legalidad desde el punto de vista constitucional del Acuerdo de Missouri, así como -a la vez- aplicar el mismo principio contenido en el artículo 20 de nuestra ley suprema que mantiene el precepto que prohíbe la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos y que, en su texto agrega: "Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional, alcanzarán, por ese solo hecho, su libertad y la protección de las leyes".

La demanda que intentaron los abogados de Scott -iniciada el 2 de noviembre de 1853- invocaba que su cliente era un residente de Missouri y que, en razón de haber sido trasladado al territorio de Illinois, en el que no existía la esclavitud, había adquirido su libertad; que aun cuando hubiere sido regresado a su lugar original de residencia, se había convertido en ciudadano y que, en consecuencia, no podía restituírsele ilegítimamente a su antigua condición de esclavitud.

El demandado se excepcionó reclamando que la corte carecía de jurisdicción, en razón de que el actor era un descendiente de esclavos negros, de sangre pura africana y, por tanto, en razón de continuar siendo esclavo, no podía entonces ostentarse como ciudadano de Missouri. La sentencia del tribunal federal fue emitida el 15 de mayo de 1854, resultando absolutoria en favor del demandado, al rendir en tal sentido su veredicto el jurado.

La decisión que se comenta fue impugnada ante la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, que convocó a las partes a la audiencia que tuvo lugar del 11 al 14 de febrero de 1854. Los conceptos de violación que Scott reclamaba, se concentraban en tres puntos fundamentales: 1) Que él se convirtió en hombre libre al ser trasladado a Illinois y al Fuerte Shelling, bajo las disposiciones del Convenio de Missouri; 2) Que él no podía volver a la esclavitud aun cuando hubiere sido restituido a un territorio donde era válida la esclavitud, y 3) Que como era hombre libre, tenía derecho a ostentarse como "ciudadano".

John Marshall había dejado de ser el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la Unión Americana, y había sido sucedido por Roger B. Taney -cuyo nombre aparece reprobado en los anales históricos-, quien señaló el 12 de diciembre de 1856 como nueva fecha para audiencia, en la que debía escucharse a las partes sobre el punto técnico de si la corte debía considerar la demanda de Scott, basada en su condición de ciudadano.

El desarrollo de la causa había desbordado los intereses locales y se había convertido en causa célebre en toda la unión, puesto que la efervescencia se alimentaba por la proliferación de esclavistas y antiesclavistas; posiciones que estaban en juego por la decisión que tomaría la corte. Los periódicos anticiparon que la sentencia permitiría conocer si esa corte era un tribunal sólo político, integrado por jueces políticos; manteniendo con ello a la opinión pública de manera expectante.

Los argumentos políticos externados por Taney el 7 de marzo de 1857 para resolver definitivamente el caso, fueron los siguientes:

    Un negro no puede convertirse en ciudadano, sin importar la acción que un Estado pueda tomar, puesto que al incluir en el texto de la Declaración de Independencia la palabra "nosotros", la Constitución se refiere únicamente a miembros de la raza blanca (y) sostenemos estas verdades por sí mismas: "que todos los hombres han sido creados iguales..." las palabras antes transcritas podrían parecer que abarcan a toda la familia humana, y si fueran usadas en un instrumento similar en estos días, así se entendería. Pero es tan claro que no puede discutirse que no pretende incluir en esa declaración a la raza africana esclavizada, la cual no formaba parte del pueblo que señaló y adoptó esa declaración Creemos que nadie supone que cualquier cambio en la opinión o sentimiento público en relación con esta raza desafortunada... podría inducir a la Corte para dar a las palabras de la Constitución una interpretación más liberal en su favor que las que se pretendió que tuvieran cuando la misma fue instrumentada y adoptada. Si cualquiera de sus disposiciones se consideran injustas, existe otro método prescrito en la misma ley por el cual puede ser enmendada; pero mientras permanezca sin alteración, debe ser interpretada ahora, tal como era entendida en el tiempo de su adopción.6

Como razonamientos complementarios, Taney opinaba que en el tiempo en que se adoptó la Constitución, los negros eran considerados tan inferiores que carecían de derechos que los hombres blancos estuvieran obligados a respetar; que el acuerdo de Missouri violaba la quinta enmienda de la Constitución, puesto que privaba a los propietarios de esclavos de su propiedad, sin el debido proceso de la ley, ya que los derechos de propiedad están tan unidos a los derechos de la persona y colocados en el mismo nivel por la mencionada enmienda, que dispone que ninguna persona pueda ser privada de la vida, de la libertad y de sus propiedades, sin el debido proceso de ley.7

El resumen del texto de la dramática sentencia referida está publicado en Law Edit. Howard, 17-2a., y su texto es del siguiente tenor:

    Demanda de extinción. Cuándo puede ser revisada. La palabra "ciudadano" en la Constitución no comprende a alguien de la raza negra. El negro no puede llegar a ser ciudadano. El esclavo no se hace libre por residir en un estado o territorio libre. La Declaración de Independencia no incluye esclavos como parte del pueblo. Los derechos y privilegios concedidos por la Constitución a los ciudadanos no son concedidos a la raza negra. La Constitución debe entenderse en el sentido de sus propósitos cuando ella fue adoptada. La Corte puede examinar otros errores además de la demanda de extinción. La Constitución expresamente afirma el derecho de propiedad sobre los esclavos. El Pacto de Missouri es inconstitucional y nulo.8

En el popular debate -con resonancia nacional- sostenido entre Abraham Lincoln y el senador Stephen A. Douglas, cuyo resultado produjo la candidatura del Partido Republicano en favor del primero, éste argumentó:

    Yo creo que los autores de ese notable instrumento (la Declaración de Independencia) intentaron incluir a todos los hombres, aun cuando ellos no pretendieron el declarar a todos los hombres iguales en todos aspectos. Ellos no quisieron decir que eran iguales en color, tamaño, inteligencia, desarrollo moral, o capacidad social. Ellos definieron -con distinciones tolerables- en qué aspectos consideraban se habían creado iguales a los hombres -iguales en ciertas derechos inalienables, entre las que están la vida, libertad y la búsqueda de la felicidad-. Esto dijeron ellos y es lo que pretendían... querían establecer principios regulares para una sociedad libre.9

A la vista de los conceptos que hemos mencionado, pudiéramos tener presente que el caso de Dred Scott se dio en un momento histórico que presagiaba la inminente lucha de secesión -que sobrevino poco tiempo después-, y que la irremediable vergüenza que recayó en el pueblo estadounidense fue generada por la evidente irresponsabilidad de la Corte Suprema de aquel país, y que -en última instancia- como algún proverbio popular lo advierte, los crímenes son del tiempo. Sin embargo, veamos ahora si las corrientes esclavistas, de intolerancia y segregación que entonces se manifestaban, han sobrevivido o sí -por el contrario- han desaparecido de la faz de la tierra.

Tenemos presente que en los últimos meses, la opinión pública internacional está advertida de las agresiones, constantes privaciones de libertad y más aún de la vida, que en la faja fronteriza del norte de nuestro país padecen innumerables personas de origen nacional o centroamericano, sea que se ahogen al no poder superar las corrientes del Río Bravo o que mueran por la deshidratación que les impone la falta de agua y comida en el desierto fronterizo. A esas víctimas del orgullo y de la incomprensión, se les denomina indocumentados. Estas personas son acusadas de ser portadoras de males sociales -entre ellos el desempleo y el crimen- por lo que se les atribuye la condición de ser presas en el deporte de la cacería -que practican impunemente los rancheros del Estado de Arizona de los Estados Unidos de América- que constituyen ataques directos en contra de su vida.

En todo lo anterior está latente una política migratoria del gobierno federal estadounidense que flagela a tales indocumentados, quienes sólo pretenden obtener trabajo, como un peligro que amenaza gravemente a la sociedad de su país; generando odio y violencia permanente en su contra.

Es evidente que aun cuando su situación migratoria no esté revestida por la autorización para internarse en el suelo vecino, no deja de tener una condición humana que reclama se le reconozca como tal y se le provea de un trato digno, dentro de los términos protegidos por las enmiendas cuarta, quinta y decimotercera de la Constitución estadounidense; habiendo emanado de esta última, la sección 1981 del título 42 de la Ley Federal, conocida como la Ley de Derechos Civiles de los Estados Unidos de América.

En efecto, la cuarta enmienda constitucional dispone la garantía y protección -como derecho humano- que toda persona tiene en cuanto a su vida, libertad, domicilio, papeles y propiedades, en contra de actos arbitrarios de autoridad, que se ejecuten o pretendan ejecutarse sin la previa existencia de una orden judicial de autoridad competente. Ahora bien, en el procedimiento judicial identificado con las siglas INS (Servicio de Inmigración y Naturalización) vs. López Mendoza, en el que la Suprema Corte de los Estados Unidos de América debía resolver si la declaración vertida por el reo, en la que reconocía que se encontraba en el territorio de ese país, debía ser excluida de las constancias del procedimiento, en razón de que había sido obtenida por las autoridades en el momento en el que se le había arrestado ilegalmente, vulnerando con ello la garantía de la mencionada enmienda. La sentencia correspondiente resolvió que aun cuando el arresto había sido ilegal, no debía operar la regla que priva de validez a la declaración que el interesado rinda en esas circunstancias, ya que en la especie se trataba de un caso de deportación; argumentando -además- que de llegar a reconocer que el indocumentado pudiera disfrutar de esa garantía y, como consecuencia de su protección, concederle el derecho a ser oído -en estricta observancia de los extremos de tal garantía- se agravaría la difícil carga que tenían los agentes migratorios fronterizos. De aquí se dispuso que "el indocumentado no tiene derecho a reclamar la protección de la enmienda constitucional invocada y, consecuentemente, no puede reclamar contra la admisión de las pruebas obtenidas en la ilegal aprehensión".

Por otra parte, en el diverso procedimiento judicial registrado como United States (Estados Unidos) vs. Verdugo-Urquídez,10 la misma Corte Suprema restringe y clasifica a las personas que pueden reclamar la protección de la repetida cuarta enmienda, puesto que el procesado -ciudadano mexicano que vivía en territorio de la república mexicana- fue detenido ilegalmente en su casa y secuestrado por agentes federales del gobierno estadounidense, que sin orden de cateo o de arresto, y sin tener competencia para actuar en territorio extranjero, lo trasladaron al de su propio país, con el objeto de incoar un procedimiento judicial en su contra, acusándolo del delito de tráfico de drogas. En ese caso, el procesado reclamó que las pruebas recabadas en su contra por los agentes que lo habían secuestrado, no debían ser admitidas en el procedimiento penal iniciado en su contra. En esa ocasión, la corte fue más allá de lo que cualquier abogado pudiera pensar, ya que no sólo negó la existencia de la protección de la repelida enmienda al indocumentado, sino que además razonó la aplicación de tal criterio, al interpretar el significado jurídico de lo que son las personas; concluyendo que ellas sólo pueden ser:

    Los individuos que son parte de la comunidad nacional o que de alguna otra manera han desarrollado suficiente conexión con este país, para ser considerados parte de la comunidad. Por tanto, el procesado no puede pertenecer a "aquellas personas" para las cuales se estableció la protección constitucional reclamada, por lo que las pruebas obtenidas en su contra por los agentes federales que lo secuestraron, debían ser admitidas y desahogadas en el proceso que se instruía en su contra, no obstante que éstas habían sido obtenidas en contravención a la garantía de la repetida Enmienda.

    En esta ocasión, los ministros Brennan, Marshall y Blackmun se manifestaron en contra de la interpretación del Tribunal, calificándolo como erróneo y contradictorio de los derechos que garantiza la Constitución de su país.

La lectura del texto que citamos reitera la ignominia e indignidad que se manifiesta en tan aberrante resolución, que obviamente rebasa los límites de la más elemental prudencia y equidad que debe caracterizar a un Tribunal de Justicia y que anticipa la decadencia moral de un poderoso pueblo; propiciando que recordemos las palabras del maestro José María Cajica -con las que iniciamos este merecido homenaje a su memoria- para ubicarlas al lado de otras -que pudieran ser un presagio actual- que en su momento aseveraron-: "La historia de los romanos es la siguiente: vencieron con sus máximas a todos los pueblos; pero luego que lo hubieron conseguido, no pudo subsistir su república; fue necesario mudar el gobierno; y empleadas en este nuevo gobierno unas máximas contrarias a las primeras, hicieron caer su grandeza".11

* Profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Notas:
1 Carrillo Flores, Antonio, "Teoría general de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos del hombre?", en varios autores, Antología de clásicos mexicanos de los derechos humanos: de la Constitución vigente a nuestros días, México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1993, t. I, p. 10.
2 Ibidem, p. 177. "La consideración contemporánea de los derechos humanos" , El Foro, México, Órgano de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, núm. esp., 1970, pp. 21-42.
3 Gandhi, Mahatma, Los derechos del hombre. Estudios y comentarios en torno a la nueva declaración universal, reunidos por la UNESCO, introd. de Jacques Maritain, México-Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1949, p. 23.
4 Magallón Ibarra, Jorge Mario, Instituciones de derecho civil, t. IV: Derechos reales, México, Porrúa, 1990, pp. 313 y 314.
5 Ibidem, pp. 314-315.
6 Ibidem, pp. 317-320.
7 Idem.
8 Ibidem, p. 314.
9 Idem. Cfr. Woldman, Albert A., "Lincoln, Douglas, and the Dred Scott Devision", Lawyer Lincoln, Nueva York, Carrol & Graf Publishers, 1994, pp. 253-270.
10 494 U. S. 259 (1990).
11 Montesquieu, Consideraciones sobre las causas de la grandeza de los romanos y de su decadencia, París, 1825, p. 178.

 
 

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