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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN MÉXICO

Pedro Alfonso LABARIEGA VILLANUEVA*

¡El oficio! ¡Como si se lo pudiera separar, en
cualquier clase de las artes, del componente
intelectual! ¡Como si para llegar al espíritu se
pudiera prescindir de la destreza de la
ejecución!

Eugene DE LA CROIX, Diario.


I. INTRODUCCIÓN: HACIA LA ERA DEL CONOCIMIENTO

La transición que vivimos en México debe abarcar diversos sectores que, de manera clara y precisa, establezcan acciones concretas y faciliten potenciar el desarrollo integral del país.

Esto es un reto enorme y una grave responsabilidad para la sociedad actual.

Una de las grandes esperanzas es mejorar el capital humano a través de dos mecanismos: proporcionarle mayores recursos económicos y una organización más eficaz con orientaciones precisas hacia dónde vamos y cuáles son los umbrales del saber a los que tenemos que llegar en los próximos veinticinco años.1

Nos ha tocado vivir en el siglo del conocimiento, no entender el camino y la velocidad del mismo sería tanto como condenar al país a un retraso injusto y perverso.

El reto exige preparar a la juventud en las nuevas carreras profesionales que los avances científicos reclaman, de modo tal que las nuevas generaciones respondan inmejorablemente a las posibles oportunidades de trabajo, precisamente para los próximos veinticinco años, en los países desarrollados y emergentes; entre estos últimos, precisamente, se encuentra México.

¿Cuáles son esas actividades de hoy que demandan nuevos profesionales? Parece ser que cada día adquiere creciente importancia la educación en acuacultura, programación digital, técnicas en comunicaciones electrónicas, en fibra óptica, consultoría en tiempo libre, gerencia de centros de información, dirección de club de software, arqueología submarina, especialización en la calidad del agua, robótica, mecánica espacial, etcétera.

Las innovaciones de la próxima década contemplan productos como la genecomédica, es decir, el tratamiento combinado entre la investigación genética y los fármacos.

Además, no hay que olvidar que en los últimos treinta años se ha progresado considerablemente en la neurociencia, en el conocimiento del cerebro humano. Gracias a los neurólogos y neurobiólogos sabemos mucho más no sólo sobre la organización anatómica del cerebro y cómo circula en él la información, sino también sobre la interacción con el mundo exterior. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en la comprensión de los mecanismos moleculares muy íntimos que se producen en la comunicación entre neuronas. El influjo nervioso se transmite de una neurona a otra a través de una sustancia química (un neurotransmisor) liberada por la primera y reconocida por la segunda, gracias a unos receptores específicos. Conocemos ahora unos cuarenta neurotransmisores y más de mil receptores. Sobre todo -dicen los expertos- comprendemos mejor la naturaleza química y el funcionamiento del cerebro.2

    Por otra parte, están las computadoras personalizadas que cada vez más se adaptan a la manera de trabajar del usuario; automóviles que puedan compaginar electricidad, gasolina reformulada y gas natural; televisores next generation de alta definición y súper delgados para información, comunicación y entretenimiento; monitores de salud caseros que realizan análisis automáticos de los signos vitales; sensores que detectan estrés en puentes y edificios; remedios genéticos, frutas y vegetales para controlar el peso y retardar el envejecimiento, y muchos artículos o productos más que nos sorprenderán, tanto por el factor del cambio como por su expansión en el mercado "globalizado".3

Ello nos exige planear e instrumentalizar la cantidad de ajustes que hay que realizar en nuestros sistemas educativos, aunado a los que significan las tecnologías emergentes. Ambos aspectos nos conducen a inferir que si es indispensable entender el cambio para la educación y la capacitación, también lo es comprender la adecuada combinación de programas de desarrollo e inversión que permitan moldear una juventud que pueda enfrentar y manejar ya desde ahora la nueva realidad global.

    Para el 2007 podríamos contar con computadoras personales que reconocerán la voz, escritura y fisonomía del usuario; en el 2009 habrá navegadores inteligentes de software, que filtren y rescaten información estratégica. En 2010 los sistemas expertos serán de uso rutinario para ayudar a la toma de decisiones en administración, medicina, ingeniería y otros campos; las computadoras podrán hacer traducciones en todos los idiomas con la precisión y velocidad necesarias para una efectiva comunicación. Para 2013 los automóviles utilizarán motores de cerámica que soportarán el calor y el desgaste mejor que el acero. En ese mismo año los tratamientos genéticos serán comunes para prevenir y curar enfermedades hereditarias. Para 2014 habrá ordenadores ópticos que mediante fotones, más que electrones, podrán codificar y enviar información a los mercados comerciales a la velocidad de la luz.4

Muchos de nosotros posiblemente nos sorprendamos con esta información, pero la realidad es que estos procesos ya están aquí.

Como hemos podido observar, la tecnología campea ufana en nuestro derredor. Artículos nuevos aparecen cada vez con mayor frecuencia y en menos tiempo. Tanto los autores de conocimientos como los inventores de dichos artefactos reclaman derechos sobre la paternidad de sus obras, ¿qué ha hecho el derecho para protegerlos?

Yo diría que ha hecho bastante frente a un bloque que pesa toneladas, como es la piratería. Elaborar todo un sistema normativo cada vez más sólido y universal que va imponiéndose y respetándose en nuestra sociedad: el derecho de la propiedad intelectual. Precisamente, el contenido de este trabajo versará sobre nociones generales de dicha disciplina.


II. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuación presentamos un marco de referencia para que tengamos idea de la normatividad que ha venido regulando tanto la propiedad autoral como la propiedad industrial.

Hacia 1707, Inglaterra fue el primer país que tomó la iniciativa para legislar en esta materia. Siguió Francia en 1716, luego España en 1764, posteriormente Estados Unidos de Norteamérica en 1790.

Vayamos a nuestro país y situémonos en la época colonial. En dicho momento histórico, como es natural esperar, se aplicó el derecho español, peninsular o ibérico.

La protección que existía en dicha materia era para los monarcas, nunca para los autores. Existía el régimen de licencias previas para publicar.

1) Hasta el régimen de Carlos III (1770) fue cuando por Real Orden del 20 de octubre de 1764 se reconocieron derechos exclusivos a favor de los autores. En 1813, por decreto de las Cortes de Cádiz, se reconoce un derecho de propiedad del autor sobre sus obras, que duraba la vida del autor y diez años pos mortem.

2) México independiente. Consumada la independencia, se continúa aplicando el derecho peninsular. Pero a partir de la Constitución de Apatzingán -de 1814- se consagra la libertad de industria o comercio (artículo 38) y la libertad de expresión e imprenta (artículo 40).

3) Doce años después, en la Constitución de 1824 el legislador mexicano se ocupa de los derechos de autor en particular. En efecto, el artículo 50 asignó al Congreso General la facultad de "promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras..." (fracción I), así como la facultad de proteger y arreglar la libertad política de imprenta (fracción III).

4) Doce años más tarde, la Constitución de 1836 reiteraba el respeto a la libertad de imprenta (artículo 2o., fracción VII). Posteriormente, hacia 1846 se dicta un decreto sobre propiedad literaria en el que se exigía "se fijen los derechos que cada autor, editor, traductor o artista, adquieran por tan apreciables ocupaciones". Dicho decreto fue reemplazado por la Ley de Propiedad Intelectual de 1879.

5) En 1846 se promulga el Reglamento de Libertad de Imprenta.

6) El Código Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California de 1870 reguló el derecho de autor en su manifestación literaria, artística y dramática; estableció reglas para la vigencia de los derechos autorales, registro de obras, reservas de derechos, supuestos de falsificación y su penalización (libro II, título octavo -del trabajo-, capítulos dos al siete, artículos 1245-1387).

7) El Código Civil de 1884 introdujo pequeñas variantes a lo ya reglamentado por el Código de 1870 (libro II, título octavo -del trabajo-, capítulos dos al cuatro, artículos 1132-1271).

8) La Constitución de 1917 es más generosa al regular en distintos preceptos los derechos exclusivos de explotación de las obras en favor de sus autores y los privilegios para los inventores.

9) El Código Civil de 1928 independizó la disciplina al rotular el título octavo del libro segundo como de los derechos de autor (artículos 1181-1277), y estableció como obligatorio el registro de obras, entre otras cosas.

10) En 1939 se expidió el Reglamento para el Reconocimiento de Derechos Exclusivos de Traductor y Editor.

11) La Ley Federal sobre el Derecho de Autor, promulgada en 1947, creó el Departamento del Derecho de Autor.

12) Para 1956, la Ley Federal del Derecho de Autor convirtió el Departamento del Derecho de Autor en Dirección General, dependiente de la Secretaría de Educación Pública.

13) Entre 1963 y 1993, la Ley Federal del Derecho de Autor sufrió distintas reformas y adiciones relativas a los derechos morales y patrimoniales; ejecución pública; sociedades de autores; delitos; término de protección; fonogramas y programas de cómputo.

14) El 24 de marzo de 1997 entró en vigor la actual Ley Federal del Derecho de Autor, en virtud de la cual se creó el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Tiempo después se publicó su Reglamento.

En cuanto a la propiedad industrial hallamos varias disposiciones muy concretas.

A) En la Colonia, la Cédula Real de Carlos V, expedida el 9 de noviembre de 1526, al regular las marcas de los objetos de plata, señala que sin limitación, indios, negros o españoles podían trabajar en las minas, como cosa propia, pagando sólo el quinto real.5

B) La Cédula Real del 1o. de octubre de 1773 prohibía vender alhaja de plata sin que llevase la marca del artífice y del marcador.

C) El artículo 30 del Reglamento y Aranceles Reales para el Libre Comercio de España e Indias ordenaba que las mercancías embarcadas para Indias portaran sus respectivas y legítimas marcas, agregando que "siempre que resultara comprobada la falsedad de las marcas y despachos, se castigarán los autores y cómplices de ese grave delito con las penas que van contenidas en el citado artículo diez y ocho de este reglamento".6

D) En la Constitución de Cádiz de 1812 se facultó a las diputaciones provinciales a: "...fomentar la agricultura la industria y el comercio, protegiendo a los inventores de nuevos [sic] descubrimientos en cualquiera de esos ramos" (artículo 335).

E) En la Constitución de Apatzingán -1814- ya se consagra la libertad de industria o comercio (artículo 38).

En el México independiente, varias son las disposiciones que encontramos:

    - La Constitución de 1857 no concedió derechos exclusivos en favor de los autores, sin embargo, sí otorgó privilegios -por tiempo limitado- a los inventores o perfeccionadores (artículo 28 in fine).

    - La Ley sobre Derecho de Propiedad de los Inventores o Perfeccionadores de algún Ramo de la Industria (del 7 de mayo de 1832) tutelaba el derecho de los inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria, asemejándolo al derecho de propiedad. La vigencia de los derechos de patente era por diez años y las mejoras por seis; sin embargo, nada decía respecto al derecho a renovar la patente.

    - En la Ley de Marcas de Fábrica, del 28 de noviembre de 1889, en vigor a partir del 1o. de enero de 1890, se protegían las marcas industriales o mercantiles que amparaban bienes fabricados o vendidos en el país; se prohibía registrar marcas que atentaran contra la moral. La duración de la propiedad de la marca era indefinida.

    - Mediante la Ley de Patentes de Invención o Perfeccionamiento, del 7 de junio de 1890, se protege el derecho de los inventores o perfeccionadores, nacionales o extranjeros, de alguna industria o arte. La patente duraba veinte años, renovable por cinco años más, y era expropiable por el Ejecutivo Federal.

    - Decreto del 30 de junio de 1896 sobre Depósito de Marcas de Apariencia Extranjera. Este decreto reformó y adicionó a uno anterior del 12 de mayo de 1896, el cual a su vez reformaba la Ordenanza General de Aduanas. Conforme al artículo 3o.: "Si el pedimento de despacho de importación comprendiese mercancías... se detallaran las marcas".7

    - Decreto del 8 de febrero de 1897 sobre Marcas de Apariencia Extranjera. Éste tuvo como finalidad indicar los requisitos a los que deberían sujetarse los industriales que diesen apariencia extranjera a sus manufacturas.8

    - Decreto del 11 de marzo de 1897 sobre Manufacturas Nacionales de Apariencia Extranjera. Depósito de marcas.9

    - Decreto de reforma del artículo 4o. de la Ley de Marcas de Fábrica del 17 de diciembre de 1897.

    - Decreto del 28 de mayo de 1903, que fija las bases para legislar sobre propiedad industrial.

    - Ley de Patentes de Invención del 25 de agosto de 1903. Regulaba los privilegios de dar a terceros una licencia de explotación de lo patentado si en los tres primeros años el titular no lo efectuaba, mediante pago a éste.

    - Ley de Marcas Industriales y de Comercio del 25 de agosto de 1903. Define por primera ocasión lo que es una marca, puntualiza los requisitos para su registro y el derecho exclusivo sobre la misma.

    - Decreto del 11 de diciembre de 1903, relativo a la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

    - Decreto del 6 de septiembre de 1909, relativo al Arreglo de Madrid.

    - Reglamento del 9 de noviembre de 1909, relativo al registro de marcas internacionales.

    - Acuerdo del 6 de septiembre de 1919, referente al uso del emblema de la Cruz Roja.

    - Decreto del 17 de marzo de 1920, que fija un impuesto para el registro y renovación de marcas.

    - Avisos al público sobre el empleo de marcas engañosas.

    - Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales, publicada en el Diario Oficial de la Federación -en lo sucesivo DO- del 27 de julio de 1928. Se estableció que los efectos del registro durarán veinte años; se permitía su renovación indefinidamente cada diez años.

    - Ley de Patentes de Invención (DO del 27 de julio de 1928). Reglamentó como patentes de invención: un nuevo producto industrial o composición de materia y el empleo de medios nuevos para obtener un producto o resultado industrial. La patente duraba veinte años y las de perfeccionamiento terminaban con la principal. Ambas no admitían prórroga.

    - Reglamento de la Ley de Marcas, Avisos y Nombres Comerciales del 11 de diciembre de 1928.

    - Código Penal para el Distrito y Territorios Federales del 4 de octubre de 1929.

    - Procedimiento Reglamentario del 6 de julio de 1931, para notificar registros de marcas.

    - Decreto del 2 de enero de 1935, que reforma y adiciona en materia penal a la ley de 1928.

    - Circular del 12 de marzo de 1942, a los comerciantes e industriales que explotan marcas.

    - Decreto del 8 de septiembre de 1942, relativo a las marcas no registradas.

    - Ley de la Propiedad Industrial de 1942 y su Reglamento (DO del 31 de diciembre de 1942). Se establece en la Ley la patentabilidad por quince años improrrogables.

    - Aclaración a la Ley de la Propiedad Industrial y al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, ambos del 31 de diciembre de 1942 (DO del 5 de marzo de 1943).

    - Decreto del 9 de marzo de 1943, por el cual se denuncia el Arreglo de Madrid de 1891.

    - Decreto del 10 de mayo de 1949 (DO del 24 de mayo del mismo año) por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las medias de nylon y de otras fibras artificiales o sintéticas.

    - Decreto del 22 de septiembre de 1952 (DO del 29 de noviembre de 1952) por el que se declara obligatorio el uso de marcas para todos los artículos de plata labrada, plateados o de alpaca que se elaboren en la República o que se pongan a la venta en ella.

    - Decreto del 22 de septiembre de 1952 (DO del 4 de octubre de 1952) por el que se declara obligatorio el uso de marcas en los artículos de viaje, así como en los cinturones, carteras, monederos, etcétera, que se fabriquen total o parcialmente con piel, dentro de la República.

    - Decreto del 10 de octubre de 1952 (DO del 24 de octubre del propio año) por el que se declara obligatorio el uso de marcas para las prendas de vestir.

    - Decreto del 20 de mayo de 1955, que establece la tarifa para el cobro de derechos.

    - Decreto del 9 de abril de 1964 (DO del 11 de julio de 1964) por el que se promulga el Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional.

    - Reglamento para la ejecución del arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denominaciones de origen y su registro internacional (DO del 11 de julio de 1964).

    - Decreto que adiciona una fracción XV al artículo 105 de la Ley de la Propiedad Industrial (DO del 16 de diciembre de 1966).

    - Ley sobre el Registro de Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, del 28 de diciembre de 1972.

    - Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial (DO del 4 de enero de 1973).

    - Decreto del 3 de octubre de 1974 (DO del 21 de enero de 1975) por el que se aprueba el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

    - Decreto del 22 de noviembre de 1974 (DO del 9 de diciembre de 1974) que establece la Resolución por la cual se otorga la protección prevista por el artículo X de la Ley de la Propiedad Industrial vigente a la denominación de origen "Tequila", para aplicarse a la bebida alcohólica del mismo nombre.

    - Decreto del 24 de marzo de 1975 (DO del 8 de julio de 1975) por el que se promulga el convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

    - Decreto del 11 de septiembre de 1975 por el que se aprueban las revisiones que se hicieron en Estocolmo, Suecia, el 14 de julio de 1967, al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 (DO del 5 de marzo de 1976).

    - Decreto del 29 de abril de 1976 (DO del 27 de julio de 1976) por el que se promulga el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, adoptado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.

    - Ley de Invenciones y Marcas que abroga la del 31 de diciembre de 1942 (DO del 10 de febrero de 1976). Ésta reglamentó las patentes de invención y de mejoras; los certificados de invención; el registro de modelos y los dibujos industriales. Otorgó catorce años improrrogables para la patente.

    - Aviso a los industriales, comerciantes y público en general sobre el cambio de las siglas DGN que distinguen las Normas Oficiales Mexicanas por el símbolo NOM (DO del 28 de octubre de 1977).

    - Norma Oficial Mexicana Tequila NOM-V-1978 (DO del 19 de abril de 1978), la cual cancela la NOM-V-7-1976 y la resolución que declara obligatoria dicha norma.

    - Aviso de fecha 15 de febrero de 1978 (DO del 8 de marzo del mismo año) que se da a los industriales, comerciantes y público en general sobre la Norma Oficial NOM-Z-9-1978, emblema denominado Hecho en México.

    - Resolución que declara obligatoria la Norma Oficial de calidad para Tequila NOM-V-7-1978 (DO del 19 de abril de 1978).

    - Acuerdo mediante el cual se concede en lo general ampliación por un año, contado a partir del 29 de diciembre del año en curso, para dar cumplimiento a las obligaciones consignadas en los artículos 127 y 128 de la Ley de Invenciones y Marcas (DO del 29 de diciembre de 1978).

    - Ley Federal de Derechos para el Ejercicio Fiscal 1982, Sección Tercera: Invenciones y Marcas, artículos 63-70 (DO del 31 de diciembre de 1981).

    - Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (DO del 25 de noviembre de 1982).

    - Decreto por el que se aprueba el Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico (DO del 28 de enero de 1985).

    - Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas de 1976 (DO del 16 de enero de 1987).

    - Decreto de Promulgación del Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico, adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de 1981 (DO del 17 de marzo de 1987).

    - Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas (DO del 30 de agosto de 1988).

    - Decreto que otorga exenciones en el pago de derechos federales a los contribuyentes que se indican, artículos 1o. y 2o. (DO del 21 de junio de 1991).

    - Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (DO del 27 de junio de 1991).

    - Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial (DO del 2 de agosto de 1994).

    - Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (DO del 23 de noviembre de 1994).

    - Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial (DO del 26 de diciembre de 1997).


III. POSTULADOS CONSTITUCIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Genéricamente hablando, la propiedad intelectual (propiedad autoral y propiedad industrial) se cimienta en los artículos 28, párrafo 9; 89, fracción XV; 5o., párrafo 1, in fine; 6o.; 7o.; 73, fracciones X, XXIX-F y XXX; 25, párrafos 3 y 8; 27, párrafo 3, y 133 constitucionales.

1. De la propiedad industrial

En nuestro país, la propiedad industrial se considera como reservada para ser legislada por el Congreso de la Unión (facultad federal expresa, sobreentendiéndose "exclusiva"), al tenor de lo que dispone la fracción X del artículo 73 de nuestro código político: "El Congreso tiene facultad: Para legislar en toda la República sobre... comercio...".

Al mencionar el vocablo comercio, resulta claro que la hipótesis intenta abarcar todas las instituciones y disposiciones vinculadas con dicha actividad. De ahí que pueda inferirse que los derechos de propiedad industrial sólo hallan cabal comprensión en un contexto comercial, dada su conformación y estructura específica, por lo que es indudable que la facultad constitucional reservada en dicha fracción incluye dicha materia.10

Además, es oportuno considerar la declaración que contiene el artículo 1o. de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) en el sentido de que las disposiciones de dicha ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte, particularmente por el hecho de que, conforme a la jerarquía que establece el artículo 133 constitucional, y de acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia, que resolvió la controversia suscitada al respecto, en el sentido de ubicar en un primer nivel lo regulado por la Constitución y en segundo lugar lo regulado por los tratados internacionales, siempre que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, los cuales serán la ley suprema de toda la Unión, por lo que México es parte obligada. Que dicho sea de paso, en esta disciplina esos instrumentos internacionales son cuantiosos y muy importantes. Más adelante nos referiremos brevemente a ellos.11

En efecto, a raíz de la reforma que sufriera la LPI en 1991, la legislación interna relativa a la propiedad industrial logró una significativa adecuación respecto de los estándares internacionales que consagran los diversos tratados internacionales en la materia, de forma que las añejas incongruencias e inconsistencias que repetidamente aparecían entre la legislación nacional y los tratados se han ido eliminando hasta desaparecer definitivamente.12

El artículo 28 constitucional, párrafo 9, establece claramente que "tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora".

Desde luego, dichas mercedes no tienen la connotación de los vetustos privilegios reales: no son prerrogativas o gracias otorgadas por el rey.

Los privilegios que concede la ley fundamental son el reconocimiento exclusivo de los atributos patrimoniales de los creadores de obras del espíritu, que se otorgan temporalmente por el Estado. Se desconocen los atributos morales, que son los que tienen superioridad, por lo que se considera que dicho párrafo es un dispositivo incompleto.

Dentro de las facultades y obligaciones del presidente de la República se encuentra la establecida en la fracción XV del artículo 89 constitucional, y que consiste en "conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley respectiva [la de la propiedad industrial], a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria". Reminiscencia de lo que antes fue facultad real.

El artículo 5o.constitucional, párrafo 1, in fine, sentencia que "nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial".

¿Acaso, pregunto yo, la redacción de un libro o la elaboración de un invento no son producto del trabajo de su autor? Acaso las novelas que periódicamente redacta un escritor ¿no las realiza en ejercicio de un oficio? Las regalías que obtiene con la venta del producto de su intelecto claro que devienen una especie de salario.

Como nos podemos dar cuenta, este precepto es válido tanto para la propiedad industrial como para la propiedad autoral.

Dentro de las facultades del Congreso de la Unión también se encuentra aquella prevista en la fracción XXIX-F del artículo 73, relativa a "expedir leyes tendentes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional".

¿Acaso las franquicias no son una forma muy efectiva de transferir tecnología? ¿Los libros no difunden los conocimientos científicos y tecnológicos?

La fracción XXX del artículo 73 es el cajón del sastre para completar la facultad reglamentaria, ya que autoriza al Congreso "para hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión".

El artículo 25 constitucional, párrafo 3, expresa: "al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación".

Asimismo, los párrafos 6, 7 y 8 de este precepto ordenan al gobierno apoyar, impulsar y estimular, a través de distintos mecanismos, la actividad económica de los diversos sectores sociales.

Un editor, un radiodifusor, una franquicia mexicana, el producto "tequila" (bebida típica mexicana que se exporta a diversos países) ¿estarán contribuyendo al desarrollo económico del país? Sin duda.

Este artículo, en sus diversos párrafos a los que hemos hecho refe-rencia, es aplicable a ambos tipos de propiedad intelectual.

2. De la propiedad autoral

Los autores, artistas, intérpretes y ejecutantes, entre otros, también encuentran en el artículo 28 constitucional, párrafo 9, tutela expresa, al señalar dicho precepto que: "Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras...".

Desde luego que también es aplicable aquí el artículo 73 constitucional, fracción XXIX-F, que ya mencionamos.

También los artículos 6o. y 7o. constitucionales caen como anillo al dedo, es decir, la actividad autoral reclama le sean aplicables, ya que se refieren ni más ni menos a la libertad de expresión, información, imprenta y difusión, garantías individuales por excelencia.

En efecto, el artículo 6o. indica que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado".

Mientras que el artículo 7o. completa un círculo virtuoso de derechos fundamentales al consagrar que "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza de autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito".

Finalmente, el artículo 27 constitucional, párrafo 3, ordena "...imponer a la propiedad privada [la propiedad intelectual es un tipo de ésta] las modalidades que dicte el interés público".

El artículo 133 constitucional deviene aplicable a ambas legislaciones, dado que en dicho precepto se regula lo relativo a los tratados internacionales, y nuestro país ha signado varios de ellos muy importantes en ambas actividades.

Por otra parte, es muy clara y expresa la Ley Federal del Derecho de Autor -LFDA- cuando, en el artículo 147, limita los derechos de autor por causa de utilidad pública.

Dicho precepto expresa:

    Se considera de utilidad pública la publicación o traducción de obras literarias o artísticas necesarias para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educación nacionales. Cuando no sea posible obtener el consentimiento del titular de los derechos patrimoniales correspondientes, y mediante el pago de una remuneración compensatoria, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, de oficio o a petición de parte, podrá autorizar la publicación o traducción mencionada. Lo anterior será sin perjuicio de los tratados internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos suscritos y aprobados por México.


IV. CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Como se puede percibir, la propiedad intelectual reconoce el derecho de autor o propiedad autoral y la propiedad industrial como las dos grandes vertientes en que, desde el punto de vista jurídico, se escinde el objeto de protección de este campo de conocimiento, según se enfoque hacia la producción literaria o artística, o a la innovación tecnológica o industrial.

El contenido de ambas ramificaciones lo podemos apreciar en el siguiente esquema:

CLASIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Propiedad autoral Obras literarias o artísticas presentadas por sus autores.
Compendios, arreglos, traducciones, adaptaciones de obras literarias o artísticas.
Obras Dancísticas.
Pictóricas.
Escultóricas.
Arquitectónicas.
Cinematográficas.
Radiales.
Televisivas.
Computacionales.
Fotográficas. Gráficas.
Textiles...
(artículo 13, LFDA).
Derechos conexos De los artistas intérpretes o ejecutantes.
De los productores de fonogramas y videogramas.
De los organismos de radiodifusión o televisivos.
Editores de libros.
Gestión colectiva del derecho de autor y derechos conexos.
Propiedad industrial Creaciones industriales nuevas Patentes de invención.
Modelo de utilidad.
Diseño industrial: dibujo y modelo industrial.
Secreto industrial.
Esquemas de trazados...
Signos distintivos Marca.
Nombre comercial.
Denominación de origen.
Aviso comercial.
Transferencia de tecnología.
Know-How.
Variedades vegetales.
Represión de la competencia desleal.

Conviene, por otra parte, mencionar que la propia LFDA prevé en su artículo 4o. una nomenclatura bajo distintos criterios:

    a) Por su autor: conocido, anónimas y seudónimas.

    b) Por su comunicación: divulgadas, inéditas y publicadas.

    c) Por su origen: primigenias y derivadas.

    d) Por su creador: individuales, de colaboración y colectivas.


V. NORMATIVIDAD APLICABLE

En este apartado también hacemos una escisión relativa al ámbito territorial de aplicación de la ley.

1. Marco normativo nacional vigente

A. Sobre la propiedad industrial

A continuación enumeraremos algunos de los ordenamientos nacionales que regulan esta clase:

    - Ley de la Propiedad Industrial (DO del 27 de junio de 1991), reformada por los DO del 2 de agosto de 1994, 26 de diciembre de 1997 y 17 de mayo de 1999.

    - Acuerdo por el que se crea la Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual (DO del 4 de octubre de 1993).

    - Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 10 de diciembre de 1993).

    - Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (DO del 23 de noviembre de 1994).

    - Acuerdo que establece las Reglas para la Presentación de Solicitudes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 14 de diciembre de 1994, reformada el 22 de marzo de 1999).

    - Acuerdo por el que se delegan facultades en los directores, subdirectores, jefes de departamento y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 5 de diciembre de 1995).

    - Ley Federal de Variedades Vegetales (DO del 25 de octubre de 1996).

    - Acuerdo por el que se establecen los plazos máximos de respuesta a los trámites ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 10 de diciembre de 1996).

    - Ley Aduanera (DO del 15 de diciembre de 1996).

    - Código Penal Federal (reformado por los DO del 24 de diciembre de 1996, 19 de mayo de 1997 y 17 de mayo de 1999).

    - Ley Federal del Derecho de Autor (DO del 24 de diciembre de 1996; reformada por el DO del 19 de mayo de 1997).

    - Acuerdo por el que se da a conocer la lista de instituciones reconocidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para el depósito de material biológico (DO del 30 de mayo de 1997).

    - Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor (DO del 22 de mayo de 1998).

    - Acuerdo por el que se dan a conocer los horarios de trabajo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 31 de marzo de 1999).

    - Acuerdo por el que se dan a conocer los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites Empresariales que aplican la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y su Sector Coordinado (DO del 7 de abril de 1999).

    - Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 14 de diciembre de 1999).

    - Acuerdo que delega facultades en los directores generales adjuntos, coordinador, directores divisionales, titulares de las oficinas regionales, subdirectores divisionales, coordinadores departamentales y otros subalternos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 15 de diciembre de 1999) (aclaración en el DO del 4 de febrero de 2000).

    - Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 27 de diciembre de 1999).

    - Acuerdo por el que se determinan la organización, funciones y circunscripción de las oficinas regionales del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 7 de abril de 2000).

    - Acuerdo por el que se prorroga el plazo de vencimiento para los trámites que se realicen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 13 de noviembre de 2001).

    - Acuerdo por el que se prorroga la entrada en vigor del diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 13 de noviembre de 2001).

    - Acuerdo por el que se señalan los días del año 2002 en los que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial suspenderá los servicios de atención al público (DO del 31 de enero de 2002).

    - Aviso de apertura de la Oficina Regional Sureste del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 4 de marzo de 2002).

    - Aviso de apertura de la Oficina Regional Bajío del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 4 de marzo de 2002).

    - Aclaración al aviso de apertura de la Oficina Regional Bajío del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

    - Acuerdo por el que se suspenden labores en la Oficina Regional Norte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial durante el periodo que se indica (DO del 11 de marzo de 2002).

    - Acuerdo que modifica el diverso por el que se da a conocer la tarifa por los servicios que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 14 de marzo de 2002).

    - Fe de erratas a dicho acuerdo (DO del 2 de abril de 2002).

    - Acuerdo por el que se prorroga el plazo de vencimiento por causas de fuerza mayor para los trámites que se realicen en las oficinas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ubicadas en Periférico Sur número 3106 (DO del 16 de abril de 2002).

    - Reforma al Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 1o. de julio de 2002).

    - Decreto por el que se reforma el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial (DO del 10 de septiembre de 2002).

    - Acuerdo por el que se reforma el Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 10 de octubre de 2002).

    - Acuerdo por el que se suspenden labores por causas de fuerza mayor en la Oficina Regional Sureste del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 10 de octubre de 2002).

    - Declaración General de Protección de la Denominación de Origen "Tequila" (DO del 13 de octubre de 1977; modificaciones publicadas en los DO del 3 de noviembre de 1999 y 26 de junio de 2000).

    - Declaración general de protección de la denominación de origen "Mezcal" (DO del 28 de noviembre de 1994).

    - Declaración general de protección de la denominación de origen "Olinalá" (DO del 28 de noviembre de 1994).

    - Declaración general de protección de la denominación de origen "Talavera" (DO del 17 de marzo de 1995, modificación publicada en el DO del 11 de septiembre de 1997).

    - Declaración general de protección de la denominación de origen "Bacanora" (DO del 6 de noviembre de 2000).

    - Declaración general de protección de la denominación de origen "Café Veracruz" (DO del 15 de noviembre de 2000).

    - Declaración general de protección de la denominación de origen "Ámbar de Chiapas" (DO del 15 de noviembre de 2000.

    - Declaración de protección a la denominación de origen "Sotol" (DO del 8 de agosto de 2002).

    - Extracto de la solicitud de la declaración de protección de la denominación de origen "Tehuacán" (DO del 8 de agosto de 2002).

    - Extracto de la solicitud de la declaración de protección de la denominación de origen "Café Chiapas" (DO del 8 de agosto de 2002).

    - Extracto de la solicitud para modificar la declaración de protección de la denominación de Origen "Mezcal" (DO del 8 de agosto de 2002).

    - Extracto de la solicitud de la declaración de protección de la denominación de origen "Charanda" (DO del 8 de agosto de 2002).

B. Sobre la propiedad autoral

Diversa es también la reglamentación nacional en México sobre el derecho de autor:

    - Ley Federal del Derecho de Autor (DO del 24 de diciembre de 1996).

    - Reglamento a la Ley Federal del Derecho de Autor (DO del 22 de mayo de 1998).

    - Reglamento interior del Instituto Nacional del Derecho de Autor (DO del 22 de noviembre de 1999).

    - Acuerdo por el que se determinan los conceptos correspondientes a la protección de los derechos de autor en materia de comercio que presta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (DO del 2 de mayo de 1997).

    - Acuerdo 114 de 28 de septiembre de 1984 por el que se dispone que los programas de computación podrán inscribirse en el Registro Público del Derecho de Autor (DO del 8 de octubre de 1984).

    - Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, en cuyo artículo 23 se establecen las atribuciones relativas a los derechos de autor.

    - Código Penal Federal, artículos 424-429 y transitorios (DO del 14 de agosto de 1931, en vigor a partir del 17 de septiembre de 1931 con sus últimas reformas del 24 de diciembre de 1996 y 19 de mayo de 1999).

    - Oficio-Circular Indautor 04 mediante el cual se da a conocer el formato RD-03-04-05, así como los formatos modificados que sustituirán a los publicados en el DO del 19 de octubre de 2000 y agosto de 2001 (DO del 25 de julio de 2002 y 8 de octubre de 2002).

    - Oficio-Circular Indautor 05 mediante el cual se modifica el diverso 04, publicado el 25 de julio de 2002.

    - Aviso por el que se señalan los días que el Instituto Nacional del Derecho de Autor suspenderá sus servicios de atención al público (DO del 22 de enero de 2002 y 12 de marzo de 2002).

    - Arancel del Procedimiento Arbitral en Materia de Derechos de Autor para el 2002 (DO del 5 de abril de 2002).

    - Resolución del Instituto Nacional del Derecho de Autor por la que se autoriza a la Unión Iberoamericana de Humoristas Gráficos para operar como una sociedad de gestión colectiva (DO del 5 de junio de 2002).

    - Acuerdo número 315 por el que se instituye el Reconocimiento de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral (DO del 16 de agosto de 2002).

    - Lista de personas autorizadas para fungir como árbitros en el procedimiento arbitral a que se refiere el capítulo III, título XI, de la Ley Federal del Derecho de Autor (DO del 11 de marzo de 2003).

    - Arancel del procedimiento arbitral en materia de derechos de autor para 2003 (DO del 11 de marzo de 2003).

    - Aviso de suspensión de labores en abril y mayo de 2003 (DO del 17 de marzo de 2003).

    - Acuerdo número 323 que modifica el diverso número 315 por el que se instituye el Reconocimiento de la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, publicado el 16 de agosto de 2002 (DO del 16 de abril de 2003).

    - Oficio-Circular Indautor 06 mediante el cual se dan a conocer las claves de género y especie para el llenado de la solicitud de la reserva del derecho al uso exclusivo (DO del 29 de abril de 2003).

    - Oficio-Circular Indautor 07 mediante el cual se da a conocer el formato ISSN-02 (DO del 29 de abril de 2003).

    - Decreto por el que se reforman los artículos 27, fracciones I y II, inciso e; 29; 78, primer párrafo; 86; 88; 89; 90; 118, último párrafo; 122; 132; 133; 134; 146 y 213, y se adicionan los artículos 26 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor.13

2. Marco legislativo internacional vigente sobre propiedad intelectual

    - Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta de Estocolmo de 1967). Adoptado el 14 de julio de 1967. Vigente en México desde el 26 de julio de 1976.

    - Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional de 1958 (Acta de Estocolmo de 1967). Adoptado el 14 de julio de 1967. Vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

    - Reglamento del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro Internacional (Acta de Lisboa). Adoptado el 31 de octubre de 1958. Vigente en México desde el 25 de septiembre de 1966.

    - Tratado de Nairobi sobre la Protección del Símbolo Olímpico. Firmado el 26 de septiembre de 1981. Vigente en México desde el 16 de mayo de 1985.

    - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Adoptado el 19 de junio de 1970. Vigente en México desde el 1o. de enero de 1995.

    - Reglamento del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT). Adoptado el 19 de junio de 1970. Vigente en México desde el 1o. de enero de 1995.

    - Convención Internacional sobre la Protección de Variedades Vegetales (UPOV) (Acta de 1978). Adoptado el 2 de diciembre de 1961. Vigente en México desde el 9 de agosto de 1997.

    - Arreglo de Estrasburgo relativo a la clasificación internacional de patentes de 1971. Adoptado el 24 de marzo de 1971. Vigente en México a partir del 26 de enero de 2001.

    - Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y los modelos industriales. Adoptado el 8 de octubre de 1968. Vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

    - Acuerdo de Viena por el que se establece una clasificación internacional de los elementos figurativos de las marcas. Adoptado el 12 de junio de 1973. Vigente en México desde el 26 de enero de 2001.

    - Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas. Adoptado el 15 de junio de 1957. Vigente en México desde el 21 de marzo de 2001.

    - Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento en materia de patentes. Adoptado el 28 de abril de 1977. Vigente en México desde el 21 de marzo de 2001.

    - Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas de 1886. Adoptado el 24 de julio de 1971. Vigente en México desde el 24 de enero de 1975.

    - Convenio de Roma sobre la protección de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Adoptado el 6 de octubre de 1961. Vigente en México desde el 7 de mayo de 1964.

    - Convenio de Ginebra para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas. Adoptado el 9 de octubre de 1971. Vigente en México desde el 8 de febrero de 1974.

    - Convenio de Bruselas sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite. Adoptado el primero de mayo de 1974.

    - Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor. Adoptado el 20 de diciembre de 1996. México es país signatario y ya lo ratificó, pero aún no entra en vigor.

    - Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas. Adoptado el 20 de diciembre de 1996. México es país signatario y ya lo ratificó, pero aún no entra en vigor.

    - Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial de Comercio), de 1994. Firmado el 15 de abril de 1994 (Acta Final de la Ronda de Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales). Vigente en México desde el 1o. de enero de 2000.

    - Acuerdo entre México y la Unión Europea Concerniente al Reconocimiento Mutuo y Protección de las Denominaciones en el Sector de las Bebidas Espirituosas. Firmado el 27 de mayo de 1997. Vigente en México desde el 28 de agosto de 1997.

    - Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN) (sexta parte, capítulo XVII -propiedad intelectual-). Firmado el 17 de diciembre de 1992.

    - Decreto aprobatorio publicado en el DO del 8 de diciembre de 1993. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 20 de diciembre de 1993. Vigente en México desde el 1o. de enero de 1994.

    - Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y Costa Rica (capítulo XIV -propiedad intelectual-). Firmado el 5 de abril de 1994. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 21 de junio de 1994. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 10 de enero de 1995. Vigente en México desde el 1o. de enero de 1995.

    - Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres (G3) integrado por México, Colombia y Venezuela (capítulo XVIII -propiedad intelectual-). Firmado el 13 de junio de 1994. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 16 de diciembre de 1994. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 9 de enero de 1995. Vigente en México desde el 1o. de enero de 1995.

    - Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Bolivia (capítulo XVI -propiedad intelectual-). Firmado el 10 de septiembre de 1994. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 28 de diciembre de 1994. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 11 de enero de 1995. Vigente en México desde el 1o. de enero de 1995.

    - Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la República de Nicaragua (capítulo XVII -propiedad intelectual-). Firmado el 18 de diciembre de 1994. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 26 de mayo de 1998. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 1o. de julio de 1998. Vigente en México desde el 2 de julio de 1998.

    - Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Chile (capítulo XV -propiedad intelectual-). Firmado el 17 de abril de 1998. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 30 de diciembre de 1998. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 28 de julio de 1999. Vigente en México desde el 30 de julio de 1999.

    - Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (título IV -propiedad intelectual-. Acuerdo Global y título V. Mecanismo de Consulta. Acuerdo Interino). Firmado el 23 y 24 de febrero de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 6 de junio de 2000. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 26 de junio de 2000. Vigente en México desde el 1o. de octubre del mismo año.

    - Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Israel. Firmado el 10 de abril de 2000. Decreto aprobatorio publicado en el DO del 2 de junio de 2000. Decreto promulgatorio publicado en el DO del 28 de junio de 2000. Vigente en México desde el 1o. de julio del mismo año.


    VI. AUTORIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA RELACIONADAS CON LA PROPIEDAD INTELECTUAL

    Las autoridades que de alguna forma están vinculadas con la propiedad intelectual en nuestro país son varias y diversas, según se trate de propiedad autoral o propiedad industrial. Sin embargo, en un determinado momento, una misma autoridad puede ser competente para relacionarse con ambas subdivisiones.

    1. Propiedad autoral

    La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que a la Secretaría de Educación Pública corresponde el despacho de los asuntos que tienen que ver con la propiedad literaria y artística; le dedica cinco de sus fracciones (artículo 38, fracciones XII, XIV, XXII, XXVIII y XXIX).

    Por su parte, la Ley Federal del Derecho de Autor indica que la aplicación administrativa corresponde al Ejecutivo Federal por conducto del Instituto Nacional del Derecho de Autor, y en los casos previstos por esta Ley, a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (artículos 2o., párrafo 1, segunda parte, de la LFDA y 1o. del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor).

    En un organigrama se representaría así:

    Poder Ejecutivo Federal
    Secretaría de Educación Pública
    Instituto Nacional de Derecho de Autor
    Director General

    La Secretaría de Gobernación tiene facultades por lo que se refiere a las reservas de derechos al uso exclusivo (artículo 70 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor).

    Las facultades del Indautor como autoridad administrativa están reguladas en el artículo 103 del Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. Mientras que las facultades del director general se rigen por el artículo 106 del mismo ordenamiento.

    2. Propiedad industrial

    Por lo que respecta a la propiedad industrial, la Secretaría de Economía, por mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene el encargo de "normar y registrar la propiedad industrial y mercantil... y la transferencia de tecnología" (artículo 34, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal).

    El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios (artículo 6o., párrafo 1, de la LPI). Mientras que el Reglamento de dicha Ley expresa que esa disposición "tiene por finalidad determinar la organización y competencia de las autoridades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para el ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de la Propiedad Industrial".

    Dicho Instituto depende de la Secretaría de Economía, conforme al organigrama siguiente:

    Poder Ejecutivo Federal
    Secretaría de Educación Pública
    Instituto Nacional del Derecho Autor
    Junta Directiva
    Director General

    La estructura orgánica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se fundamenta en los artículos 7o. de la LPI y 3o. de su Reglamento.

    Las facultades del Instituto están reguladas por el artículo 6o. de la LPI.

    La junta de gobierno se compone de diez representantes:

      a) El secretario de Economía.

      b) Un representante designado por la Secretaría de Economía.

      c) Dos representantes designados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

      d) Un representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

      e) Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

      f) Un representante de la Secretaría de Educación Pública.

      g) Un representante de la Secretaría de Salud.

      h) Un representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (artículo 6o. del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).14

      i) Un representante del Centro Nacional de Metrología (artículo 7o. bis de la LPI).

    El director general del Instituto es el representante legal de dicha institución (artículo 7o. bis 1 de la LPI).

    Las facultades del director general están reguladas en el artículo 7o. bis 2, el cual remite al artículo 6o. de la ley.

    Delegaciones de la Secretaría de Economía

    En las delegaciones regionales de la Secretaría de Economía se realiza la recepción de solicitudes y se efectúa el enlace con promoventes.

    La Comisión Intersecretarial para la Protección, Vigilancia y Salvaguarda de los Derechos de Propiedad Intelectual es la encargada de coordinar las acciones que lleven al cabo las distintas dependencias de la administración pública federal para asegurar el cabal cumplimiento y la debida aplicación de las disposiciones de la LFDA y de la LPI.

    Dicha comisión se conforma por:

      a) Un representante de la Secretaría de Gobernación (secretario técnico de la comisión).

      b) Un representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

      c) Un representante de la Secretaría de Economía.

      d) Un representante de la Secretaría de Educación Pública.

      e) Un representante de la Procuraduría General de la República.

      f) Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

    Los miembros de la comisión tienen un rango no inferior a subsecretario.

    En el caso de la Procuraduría General de la República se cuenta con una fiscalía especial para delitos en materia de propiedad intelectual.

    En la cuestión de administración de justicia, como es lógico, intervienen: los juzgados de distrito en materia administrativa para conocer de los amparos contra resoluciones del Indautor y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; los tribunales colegiados en materia administrativa para conocer de la revisión de dicho recurso; los juzgados de distrito en materia penal para conocer de los delitos (artículo 215 de la LFDA, el cual remite al título vigésimo sexto del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal: artículos 424-429) y la reparación del daño material (artículo 226 de la LPI, relacionado con el artículo 221 bis); los tribunales unitarios para conocer de la apelación; los tribunales colegiados para conocer del amparo; los juzgados de distrito en materia civil (artículos 213 de la LFDA y 227, párrafo 1, parte I, de la LPI) para conocer del pago de daños y perjuicios, nulidad de transmisión de derechos y disolución de copropiedad de marcas.

    En la Secretaría de Economía:

    La Dirección de Análisis y Seguimiento de Tratados Internacionales; por ejemplo el capítulo XVII del TLCAN y los correspondientes de los otros tratados de libre comercio que México ha suscrito, bilaterales o multilaterales, relativos a la propiedad intelectual.

    La Dirección General de Normas; por ejemplo normas oficiales para denominaciones de origen: tequila, mezcal, talavera y olinalá.

    Corredores públicos para avalúos de bienes intangibles.

    Tanto la Secretaría de Economía como la Secretaría de Relaciones Exteriores intervienen en la negociación de acuerdos, convenios o tratados internacionales.

    La Secretaría de Relaciones Exteriores interviene para el registro de denominaciones de origen en el extranjero.

    La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, mediante el Registro Nacional de Variedades Vegetales, otorga el título de obtentor de variedades vegetales.

    Las juntas de Conciliación y Arbitraje conocen de las controversias cuando el inventor o autor sean asalariados, precisamente por tratarse de trabajadores.

    La Dirección General de Aduanas.

    Medidas de frontera. En el supuesto de libre circulación de mercancías de procedencia extranjera mediante resolución emitida por la autoridad administrativa de propiedad intelectual, hecha efectiva o realizada por la autoridad aduanera, cuya actividad consiste en retener y poner a disposición de autoridad competente dichas mercancías (artículo 148 de la Ley Aduanera).

    El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, competente para impugnar las multas impuestas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.


    VII. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

    Existen ciertos conceptos que por su importancia deben conocerse.

    Propiedad intelectual. La propiedad, antes que una institución jurídica, es una cualidad metafísica que implica unicidad y atribución perenne de una cualidad a un sujeto.

    La propiedad intelectual internacionalmente engloba todo lo que es producto del intelecto humano (las artes y las invenciones en general). Deviene la emanación de la personalidad humana.

    1. Derecho intelectual

    "Conjunto de normas que regulan las prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los autores y de sus causahabientes por la creación de obras artísticas, científicas, industriales y comerciales".15

    El derecho de propiedad intelectual es el conjunto de disposiciones jurídicas que regulan las prerrogativas otorgadas por el Estado a las personas sobre las creaciones de su mente. O bien, es el conjunto de disposiciones jurídicas establecidas en la carta magna, tratados internacionales, leyes, reglamentos y demás ordenamientos sobre los que se fundamenta el Estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones, el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de obras literarias, artísticas, científicas, industriales y comerciales.

    2. Derecho de propiedad autoral y derecho de propiedad industrial

    La creación intelectual puede entenderse como el acto y el resultado de producir una obra.

    Considerada como acto, se produce cuando el autor pone en juego su inteligencia con el propósito de crear una obra literaria, artística, científica, industrial o comercial.

    El aspecto humano de la propiedad intelectual sitúa en la creación la esencia de la misma. Ello significa que la actividad intelectual presupone atributos como los de aprender, valorar, sentir, innovar y expresar, todos ellos exclusivos de la persona humana.

    La obra, pues, deviene el acto creativo objetivado.

    En tal virtud, la obra intelectual "es toda producción humana que, gozando de originalidad, haya sido expresada en alguna forma material perdurable y pueda ser reproducida por cualquier medio".

    Ahora bien, cuando las obras producto del ingenio humano van dirigidas a la satisfacción de sentimientos estéticos o están relacionadas con el conocimiento y la cultura en general, caen bajo el dominio de los derechos de autor o propiedad autoral.

    Por otro lado, si la creatividad de la persona humana proporciona productos o herramientas útiles en el ámbito de la industria y del comercio o brinda medios distintivos de negociaciones, mercaderías y servicios, será objeto de la propiedad industrial.

    Así pues, la propiedad autoral se refiere al estudio de la protección de los derechos otorgados a los autores y otros creadores de obras, tales como literaria; musical, con o sin letra; dramática; danza; pictórica o de dibujo; escultórica y de carácter plástico; caricatura e historieta; arquitectónica; cinematográfica y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotográficas; obras de arte aplicado, que incluyen el diseño gráfico o textil, y de compilación, integrada por las colecciones de obras como enciclopedias y antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual. Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas (artículo 13 de la LFDA).

    Hablamos de derecho de autor cuando las reglas tienden a proteger las obras que se ubican en el campo del conocimiento y la cultura en general o intentan tutelar la satisfacción de sentimientos estéticos.16

    Es decir, el derecho de autor tiene que ver con la protección de los derechos otorgados a los autores y otros creadores de obras, tales como literatura, música y artes, entre otras, así como la protección de los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas, videogramas y organismos de radiodifusión.

    Derecho de autor designa, pues, el conjunto de prerrogativas que el derecho positivo reconoce y confiere a los creadores de las obras intelectuales externadas mediante la escritura, la imprenta, la palabra hablada, la música, el dibujo, la pintura, la escultura, el grabado, la fotocopia, el cinematógrafo, la radiodifusión, la televisión, el disco, el disco compacto, el cassette, el videocassette y por cualquier otro medio de comunicación existente.

    En pocas palabras, el derecho de autor es el "conjunto de prerrogativas morales y pecuniarias que poseen los creadores de una obra por el hecho mismo de haberla creado".17

    Luego entonces, el derecho de autor es el reconocimiento del beneficio que se otorga temporalmente a los autores de obras para usarlas y explotarlas en exclusiva.

    Mientras que, por su parte, el derecho de propiedad industrial tutela los derechos concedidos a los inventores o autores de creaciones industriales (patentes de invención, registros de modelos de utilidad, registros de modelos y dibujos industriales, secretos industriales y variedades vegetales); signos distintivos (marcas, nombres comerciales, denominaciones de origen y anuncios o avisos comerciales); conocimientos técnicos o know-how (transferencia de tecnología), así como la represión de la competencia desleal.

    En otras palabras, el derecho de la propiedad industrial es

      un conjunto de ordenamientos legales compuesto por leyes, tratados internacionales y reglamentos, sobre los cuales se basa el Estado para otorgar a individuos, empresas o instituciones el reconocimiento, el derecho y la protección al uso exclusivo de invenciones e innovaciones o signos distintivos utilizados en los procesos productivos y en los productos o servicios que son el resultado final de dichos procesos productivos.18

    Por tanto, la LPI protege:

      a) Un producto técnicamente nuevo (patente de producto).

      b) Un proceso de fabricación novedoso (patente de proceso).

      c) Una mejora sencilla a un aparato o herramienta para hacerlo más funcional (registro de modelo de utilidad).

      d) Un diseño novedoso que atrae la elección del consumidor (diseño industrial).

      e) La creación original de un esquema de trazado de circuitos integrados (registro de circuito integrado).

      f) Información confidencial que representa una ventaja competitiva para su poseedor frente a terceros (secreto industrial).

      g) Un signo exterior que distingue a un producto o servicio (marca).

      h) Una denominación identificadora de un establecimiento (nombre comercial).

      i) Un anuncio publicitario (aviso comercial).

      j) El nombre y origen geográfico que distingue y hace único un producto (denominación de origen).

      k) Los derechos de autor, con base en el artículo 34 de la LFDA (infracciones en materia de comercio).19

    En síntesis, podemos decir que el derecho de propiedad industrial es el conjunto de prerrogativas pecuniarias que poseen los autores de creaciones industriales, signos distintivos o conocimientos técnicos conferidas y reconocidas por el derecho positivo.

    La patente "es un derecho o privilegio legal que concede el Estado a una persona física o moral para producir o utilizar en forma exclusiva y durante un plazo fijo, o a través de un tercero bajo licencia, un producto o proceso que haya sido desarrollado por dicha persona".20

    La patente es, pues, tecnología protegida legalmente.

    La marca "es cualquier signo visible o cualquier combinación de signos (una palabra, figura, combinación de colores, forma tridimensional, razón social, nombre propio de una persona o cualquier combinación de los anteriores) que se utilice para distinguir un producto o servicio de otros de su misma especie".21

    Finalizo con la frase que expresara un valioso mexicano, secretario de educación pública y director general de la UNESCO, el doctor Jaime Torres Bodet: "Defender el derecho del autor [el derecho de la propiedad intelectual en el sentido más amplio del término] es, en cierta manera, ayudar a la civilización a difundirse; es someter las energías materiales, que la civilización multiplica, al servicio del hombre; es, sobre todo, elevar a la humanidad, merced al fomento del humanismo".

    * Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

    Notas:
    1 Millán, J. A., "Hacia la era del conocimiento", Expansión, México, XXXII, 811, 21 de marzo de 2001, p. 27.
    2 Cfr. Thévenon, E., "La revolución de las neurociencias", entrevista a Jean-Pierre Changeux, Label-France, 38, enero de 2000.
    3 Véase, supra, nota 1.
    4 Loc. cit.> 5 Rangel Medina, D., Tratado de derecho marcario; las marcas industriales y comerciales en México, México, Libros de México, 1960, p. 6.
    6 Lawrence, A., El arte de la platería en México, México, Porrúa, 1956, p. 33.
    7 Véase Macedo y Rodríguez, Anuario de legislación y jurisprudencia. Sección de legislación. Año de 1896, México, 1987, pp. 750-754. Visible también en Dublán y Lozano, Legislación mexicana, México, Imprenta del Comercio, 1898, t. XXVI, decreto núm. 13567, pp. 326-329.
    8 Macedo y Rodríguez, ibidem (Año de 1897), pp. 133-135. Dublán y Lozano, ibidem, t. XXVII, decreto núm. 13844, pp. 73 y 74.
    9 Macedo y Rodríguez, ibidem, pp. 194 y 195.
    10 Véase Jalife, M., Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, México, McGraw-Hill, 1998, p. 5.
    11 "Tratados internacionales. Se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución federal". Cfr. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Pleno y salas, t. X, noviembre de 1999, p. 46. Se trata de una tesis aislada en vías de constituir jurisprudencia.
    12 Jalife, M., op. cit., nota 10.
    13 Visible en la página web del Senado de la República: 30 de abril de 2003; fecha en que dicho decreto fue aprobado por el Senado. A la fecha todavía no aparecen publicadas esas reformas en el DO.
    14 Discordante con el artículo 7o. del Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
    15 Rangel Medina, Derecho intelectual, México, McGraw-Hill-UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1998, colección Panorama del Derecho Mexicano, p. 2.
    16 Loc. cit.> 17 Herrera Meza, H., Iniciación al derecho de autor, México, Limusa, 1992, p. 18.
    18 Concepto proporcionado por Jorge Amigo Castañeda, director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, en el Diplomado sobre Delitos en materia de Derechos de Autor, el 25 de junio de 1999.
    19 Información textual en idem.
    20 Loc. cit.> 21 Idem.>

 
 

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