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SÍNTESIS DE LA LEY DE CONCURSOS MERCANTILES

Gregorio RODRÍGUEZ MEJÍA *

INTRODUCCIÓN

Es propósito de esta síntesis hacer llegar a los lectores, en unos cuantos párrafos, lo esencial de la ley que se cita, con el fin de que no corra ésta, la suerte de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos que fue abrogada sin que fuese debidamente manejada por muchos abogados.

Desde tiempo atrás veníamos criticando y haciendo propuestas de modificación a varias partes de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, la que nos parecía, en diversos aspectos, una mala copia de las leyes mercantiles italiana y española.

Sólo faltando unos meses para que la Ley de Concursos Mercantiles entrara en vigor, entregué mi artículo que denominé "Propuesta de Reformas a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos" para su publicación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es por demás decir que mi propuesta fue extemporánea.

La nueva ley se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo de 2000 para entrar en vigor al día siguiente.

En los siguientes párrafos me referiré muy brevemente a esta nueva ley. Ojalá que mi afán de brevedad en la exposición no limite el contenido esencial de la mencionada normación.*

    TÍTULO PRIMERO

    CAPÍTULO I Disposiciones preliminares

    La materia de la ley que estudiaremos esta dividida en trece títulos que incluyen treinta y ocho capítulos.

    El principal objetivo de la nueva ley es la conservación de la empresa mercantil mediante acuerdo de conciliación de su titular con problemas de pago y sus acreedores, y si esto fuese imposible, la venta de los bienes que la integran, para con ello cubrir los adeudos de la misma.

    El concurso mercantil se desarrolla en dos etapas sucesivas: conciliación y quiebra. La primera etapa corresponde a lo que en la ley derogada fue la suspensión de pagos, si bien no existe coincidencia total en el contenido.

    Como en la suspensión de pagos que establecía la ley derogada, en la etapa de conciliación, que prevé la nueva ley, se pretende la celebración de un convenio entre el sujeto o la empresa mercantil con problemas en sus pagos, y sus acreedores reconocidos, con el fin de evitar ejecución de resoluciones judiciales que podrían destruir dicha entidad productiva.

    Antes de continuar con este desarrollo, parece necesario hacer algunas anotaciones: al igual que en la ley derogada, en la nueva se habla de comerciante como la persona física o moral que ha de ser declarada en concurso.

    Considero que no debe hablarse de comerciantes como los entes que pueden ser sujetos de concurso mercantil, sino de sujetos mercantiles habituales, pues la idea de aceptar como únicos sujetos del derecho mercantil a los comerciantes ha sido superada, tomando en cuenta que comerciante es quien hace del comercio su actividad habitual y que los sujetos mercantiles son los entes a quienes el derecho les da ese calificativo y somete al régimen de las leyes mercantiles.

    Sabido es que el error de sólo hablar de comerciantes es tanto del Código de Comercio como de la ley derogada; pero recuérdese que existen diversos sujetos a quienes dichas leyes les dan tal calificativo y los mismos no ejercen el comercio.

    También, desde tiempo atrás, hemos pensado que debe someterse a concurso para cobrarle sus adeudos cuando es deudor múltiple, a cualquier persona o institución, y no distinguir concursos mercantiles y concursos civiles.

    Por otra parte, nuestra Ley de Concursos Mercantiles habla de personas físicas o morales, como comerciantes posibles de ser sometidas a concurso mercantil, cuando, además, existen patrimonios afectación que realizan actividades mercantiles, cuyas empresas también se pueden colocar en la circunstancia a que la misma ley llama incumplimiento generalizado en el pago de sus obligaciones económicas, y que es condición para ser declaradas en concurso.

    Pensamos que también a las aludidas unidades económicas sin personalidad jurídica se les puede someter a concurso, pues si bien se observa, el concurso en la etapa de quiebra no es otra cosa que la liquidación de un patrimonio. Y una idea más: se ha pensado que olvidándose del origen de las deudas, cuando una entidad, mercantil o no mercantil se encuentre en situación de insolvencia y pluralidad de acreedores, debe someterse a concurso para el cumplimiento de las mismas.

    En la forma anterior se acabará con la distinción entre concurso mercantil y civil, pues, como es de todo mundo conocido, los procesos previstos para someter a liquidación a un deudor múltiple insolvente, ya sea civil o mercantil, son prácticamente iguales; la solución para ello es que la ley no califique la materia de mercantil, o de federal, y que todos los deudores en estas condiciones sean sometidos al mismo proceso.

    CAPÍTULO II Los supuestos del concurso mercantil

    En el estudio de la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, solíamos hablar de presupuestos de la quiebra y decíamos que éstos eran de dos tipos: de fondo y procesales; eran los primeros un sujeto mercantil insolvente y una concurrencia de acreedores; eran procesales la demanda de declaración (no siempre indispensable) y la competencia del juez que debía conocer del proceso.1

    La ley nos habla de los casos en que se da el incumplimiento generalizado en el pago y de aquellos en que se presume (artículos 9o. y 11). Esta presunción es juris tantum.

    El artículo 10 de la ley vigente explica lo que debe entenderse por incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones de un comerciante, diciendo que:

      Consiste en el incumplimiento en sus obligaciones de pago a dos o más acreedores distintos y se presenten las siguientes condiciones:

      I. Que de aquellas obligaciones vencidas a las que se refiere el párrafo anterior, las que tengan por lo menos treinta días de haber vencido representen el treinta y cinco por ciento o más de todas las obligaciones a cargo del comerciante a la fecha en que se haya presentado la demanda o solicitud de concurso, y

      II. El comerciante no tenga activos enunciados en el párrafo siguiente, para hacer frente a por lo menos el ochenta por ciento de sus obligaciones vencidas a la fecha de la demanda.

    Luego el precepto con propósito de hacer más preciso su contenido indica que:

      Los activos que se deberán considerar para los efectos de lo establecido en la fracción II de este artículo serán:

      a) El efectivo en caja y los depósitos a la vista;

      b) Los depósitos e inversiones a plazo cuyo vencimiento no sea superior a noventa días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda;

      c) Clientes y cuentas por cobrar cuyo plazo de vencimiento no sea superior a noventa días naturales posteriores a la fecha de admisión de la demanda, y

      d) Los títulos valores para los cuales se registren regularmente operaciones de compra y venta en los mercados relevantes, que pudieran ser vendidos en un plazo máximo de treinta días hábiles bancarios, cuya valuación a la fecha de la presentación de la demanda sea conocida.

    Como en la anterior, en la ley en vigor se nos indica que la sucesión del sujeto mercantil puede ser declarada en concurso cuando continúe en operación la empresa de que aquel era propietario.

    Lo anterior es manifestación de que no se necesita persona física o moral para que sea declarada en concurso, sino que es suficiente un patrimonio mercantil.

    Como la Ley de Quiebras, la de Concursos nos indica que el concurso de la sociedad arrastra a concurso a los socios ilimitadamente responsables.

    Como novedad en la nueva ley se apunta el régimen del concurso de empresas controladoras y empresas controladas.

    CAPÍTULO III Procedimiento para la declaración de concurso mercantil

    La nueva ley, sin aludir a otro juzgador, da competencia para conocer del proceso del concurso mercantil a jueces de distrito de la jurisdicción en que se ubique la entidad que será sometida a concurso; consecuencia de ello es que de la apelación de la sentencia respectiva, de acuerdo con el artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, deberá conocer el Tribunal Unitario de circuito de dicha jurisdicción.

    Después del artículo 17 en que alude la ley a la competencia de la autoridad para conocer del concurso, en los siguientes se refiere a la demanda, y a las excepciones, a quién corresponde formular la demanda y a los plazos para contestación a aquella, así como al desistimiento de la misma.

    CAPÍTULO IV De la visita de verificación

    Con el fin de comprobar si ha existido incumplimiento generalizado en las obligaciones del declarado en concurso y otros datos relevantes, el juez ordenará una visita a la empresa de aquel, visita que realizará un visitador designado por el Instituto de Especialistas de Concursos Mercantiles (organismo a cuya integración y funciones más adelante hace referencia la ley, y a que luego nos referiremos).

    Dicho visitador se presentará a domicilio del sujeto mercantil dentro de cinco días a partir de que se dicte la orden de visita.

    El visitador tendrá acceso a los libros de contabilidad y demás documentos que le permitan cumplir su encargo, para lo cual el comerciante y sus dependientes deberán prestarle la ayuda necesaria.

    Los datos obtenidos en la visita se harán constar en un acta que han de firmar el sujeto mercantil y dos testigos por él designados. En caso de negativa de nombrar testigos o de que éstos se rehusen a suscribir el acta, ésta se levantará ante el secretario de acuerdos del juzgado concursal, sin que dicha negativa la invalide.

    El visitador podrá proponer providencias precautorias, como prohibición al sujeto mercantil de hacer pagos, suspensión de procedimientos de ejecución, prohibición al sujeto mercantil de hacer ciertas enajenaciones de bienes, aseguramiento de bienes, intervención de la caja, orden de arraigar al declarado en concurso y cualquiera otra en beneficio de los acreedores; providencias que cesarán si el sujeto mercantil garantiza el pago de sus deudas.

    El visitador en plazo de quince días deberá emitir dictamen del estado de la empresa; dictamen del que se dará vista al sujeto mercantil.

    CAPÍTULO V De la sentencia de concurso mercantil

    El juez dará vista del dictamen al concursado, al Ministerio Público y a los acreedores, con el fin de que formulen los alegatos que consideren oportunos en plazo de diez días, y luego, dentro de los cinco siguientes dictará la sentencia respectiva, la que notificará al día siguiente.

    La sentencia produce el efecto del arraigo al sujeto mercantil, y si fuese persona moral, el de quienes sean responsables de la administración de la empresa.

    Si la sentencia fuese en el sentido de que no procede el concurso, volverán las circunstancias de la empresa al estado que guardaban con anterioridad y cesará toda providencia precautoria que se haya decidido.

    CAPÍTULO VI Apelación de la sentencia

    Contra la sentencia que niegue el concurso procede apelación en ambos efectos y contra la que lo declare en el efecto devolutivo.

    La apelación se puede promover por el sujeto mercantil, el visitador, los acreedores y el Ministerio Público.

    Puesto que la sentencia de declaración de concurso debe registrarse, en el mismo registro deberá anotarse la que lo revoque.

    De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (artículo 37) conocerá de la apelación el Tribunal Unitario de Circuito.

    TÍTULO SEGUNDO De los órganos del concurso mercantil

    CAPÍTULO I Del visitador, del conciliador y del síndico

    El instituto formulará y mantendrá una lista de candidatos para visitadores, conciliadores y síndicos, de donde, en forma aleatoria, hará las designaciones respectivas.

    En general, las funciones del visitador, del conciliador y del síndico son las siguientes:

    a) El visitador, según el artículo 30 de la ley, realizará visita a la empresa objeto del concurso para verificar y dictaminar si el comerciante incurrió en los supuestos del artículo 10, por lo que es procedente el proceso a que se le somete, y sugerir al juez providencias precautorias que estime necesarias para la protección de la masa.

    b) El conciliador, según el artículo 151 de la ley, recomendará "la realización de estudios y avalúos que considere necesarios" para que el comerciante y sus acreedores lleguen a un convenio para evitar el desastre de la quiebra.

    c) El síndico tiene como principal función ser depositario y administrador de la empresa quebrada (artículo 178), agregando que deberá inscribir la sentencia de quiebra y publicar un extracto de la misma. Por supuesto, tomará posesión de los bienes, documentos y papeles del comerciante e informará al juez, de quien en exclusiva depende, del estado de la administración de la empresa, y finalmente procederá a la venta en subasta de la misma.

    Ha de aclararse que el visitador y el conciliador constituyen figuras nuevas de colaboración en el proceso de concursos mercantiles, que como brevemente se menciona en los incisos a) y b) precedentes, desempeñan cargos de interés tanto para el concursado como para sus acreedores.2

    CAPÍTULO II De los interventores

    Además de los órganos mencionados en el anterior capítulo, para re-presentar los intereses de los acreedores, nombrará el juez a propuesta de aquellos, el interventor o interventores necesarios que vigilarán la actuación de dichos órganos.

    Las facultades de los interventores se especifican en el artículo 64 de la ley.

    TÍTULO TERCERO Efectos de la sentencia de concurso mercantil

    CAPÍTULO I Suspensión de procedimientos de ejecución

    La sentencia de concurso suspende todo mandamiento de ejecución, y, consecuentemente, el embargo sobre los bienes del comerciante, salvo en lo laboral para garantizar salarios de los dos años anteriores; y, por otra parte, las autoridades fiscales podrán determinar y asegurar los créditos de esta naturaleza.

    CAPÍTULO II De la separación de bienes que se encuentren en posesión del comerciante

    En el concurso mercantil, todos los bienes que se encuentren en posesión del concursado, pero que no sean de su propiedad, o sean inembargables, serán separables con el fin de que no sean afectados por el concurso.

    CAPÍTULO III De la administración de la empresa del comerciante

    Durante la etapa de conciliación, la empresa del concursado será administrada por el mismo, bajo la vigilancia del conciliador y de los interventores.

    En casos de excepción, la administración será llevada a cabo por el conciliador, previa la solicitud de éste al juez que conozca del proceso.

    CAPÍTULO IV Efectos en cuanto a la actuación en otros juicios

    Los procesos de contenido patrimonial en que sea parte el concursado que se encuentren en trámite al dictarse la sentencia de concurso mercantil, se seguirán por el mismo, bajo vigilancia del conciliador, salvo que éste estime conveniente seguirlos personalmente; pero si los bienes a que se refiera el proceso continúan a disposición del concursado, sólo éste continuará dicho procedimiento.

    CAPÍTULO V De los efectos en relación con las obligaciones del "comerciante"

    SECCIÓN I Regla general y vencimiento anticipado

    A partir de la sentencia de concurso no se podrá establecer modalidad o modificación a los contratos del sujeto a concurso que agraven económicamente su situación.

    Sólo para efectos de determinar la cuantía de las obligaciones del sujeto mercantil se tendrán por vencidas todas ellas e incondicionadas, y se expresarán monetariamente las que no lo estuvieran.

    Todo crédito no garantizado dejará de causar intereses a partir de la sentencia y los garantizados los causarán hasta el límite de la garantía.

    Los créditos sin garantía real, además de dejar de causar intereses, se expresarán en unidades de inversión (UDI).

    Los créditos convenidos en moneda extranjera, sin garantía real, dejarán de causar intereses y se convertirán a moneda nacional.

    La ley, si bien aparece criticable, al respecto, establece que sólo ciertas obligaciones del concursado serán compensables.

    SECCIÓN II De los contratos pendientes

    El concurso no afecta los contratos relativos a bienes que conserve el sujeto mercantil; otros contratos pendientes de ejecución serán cumplidos por el concursado, salvo que el conciliador se oponga; el vendedor de muebles al concursado no pagados tiene derecho de omitir su entrega si no se le paga o garantiza el precio; mas si el concursado fuese el vendedor, el cumplimiento no se suspende.

    Los contratos de depósito, de apertura de crédito, de comisión y de mandato han de cumplirse, salvo la opinión del conciliador. Las cuentas corrientes se pondrán en liquidación para exigir o cubrir saldos. Los contratos de reporto se darán por terminados. Pudiera decirse que la norma general es que todo contrato que agrave o pueda agravar la situación de incumplimiento de las obligaciones del concursado ha de suspenderse, salvo el criterio del conciliador.

    Los terceros con quienes ha contratado el concursado, cuyos contratos no han sido cumplidos, tienen derecho a exigir garantía del cumplimiento de parte de la empresa en concurso.

    Existen contratos como el de prestación de servicios de estricto carácter personal, que sí han de cumplirse. Los contratos de seguros los puede rescindir el asegurador. El contrato de obra a precio alzado se rescinde.

    El concurso de un socio de sociedad en nombre colectivo o de responsabilidad limitada o de comandita simple o por acciones le da derecho a pedir su liquidación o a continuar, si no hay oposición del conciliador y demás socios.

    CAPÍTULO VI Actos en fraude de acreedores

    La Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos hablaba de un periodo de retroactividad anterior a la sentencia de quiebra que el juez estimaba, según las circunstancias en que se hubiese producido la insolvencia del quebrado.

    La mayor parte de los actos de contenido económico del sometido a quiebra, que se realizaban en el mencionado periodo, indicaba la ley, eran nulos.

    La Ley de Concursos Mercantiles habla de la fecha de retroacción (a que se retrotraigan los efectos) indicando que será "el día doscientos setenta natural inmediato anterior a la fecha de la sentencia de declaración del concurso mercantil".3

    Indica la ley que los actos en fraude de acreedores realizados por el concursado en dicho periodo son nulos cuando los terceros que hayan intervenido en tales actos tenían conocimiento del fraude; requisito no necesario si el acto es gratuito.4

    Luego la ley alude a actos que se presumen en fraude de acreedores, si se realizan en el periodo de retroacción, salvo que el interesado pruebe su buena fe.

    TÍTULO CUARTO Del reconocimiento de créditos

    CAPÍTULO I De las operaciones para el reconocimiento

    A partir de la última publicación de la sentencia de concurso disponen los acreedores del concursado de veinte días para solicitar el reconocimiento de sus créditos.

    El conciliador dentro de treinta días naturales posteriores a la última publicación de la sentencia declaratoria del concurso presentará al juez lista provisional de acreedores para su reconocimiento, lista en que podrán ser incluidos acreedores que no hayan demandado ser reconocidos.

    Para incluir estos últimos créditos, el conciliador se apoyará en la contabilidad del sujeto mercantil. La lista de acreedores aludirá a la cuantía y al grado de los créditos.5 En la mencionada lista no serán considerados el, o la cónyuge o concubina o concubinario del sometido a concurso. La lista de acreedores será puesta por el juez a la vista del sujeto mercantil y de los acreedores, para que, si así lo deciden, la objeten. Si en el plazo legal no se formulan objeciones, el conciliador presentará al juez la lista definitiva y el juez dictará sentencia de reconocimiento de los créditos.

    Indica la ley (artículo 134) que la prescripción de créditos se suspende (la ley dice "interrumpe") por solicitud de reconocimiento, por objección escrita, por sentencia de reconocimiento y por apelación.

    CAPÍTULO II De la apelación de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos

    Contra la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos procede recurso de apelación. Dice la ley que pueden apelar el comerciante, los acreedores, los interventores, el conciliador, o en su caso, el síndico o el Ministerio Público.

    Este recurso deberá promoverse ante el mismo juez que dictó la sentencia, quien la remitirá al tribunal de alzada (Tribunal Unitario de Circuito) ante el que se desahogarán las pruebas y se formularán alegados. Desahogada la audiencia, el tribunal citará para sentencia y resolverá la apelación.

    TÍTULO QUINTO De la conciliación

    CAPÍTULO ÚNICO De la adopción del convenio

    La sentencia de concurso será notificada al instituto, y éste en un lapso de cinco días, debe designar, conforme al procedimiento aleatorio, un conciliador, el cual podrá sustituirse por el que propongan el concursado y acreedores o ellos designen con ajuste la ley; el sustituido deberá colaborar con el sustituto.

    El conciliador tendrá como función procurar que el deudor y sus acreedores lleguen a un convenio o conciliación. El concursado debe colaborar con el conciliador proporcionándole toda información necesaria para el desempeño de sus funciones.

    El conciliador se reunirá con el sujeto mercantil y o con los acreedores que considere adecuado y con quienes lo soliciten, conjunta o separadamente, para escuchar demandas y propuestas que conduzcan a una conciliación o arreglo para los pagos de las obligaciones de concursado.

    El convenio podrá estipular quita, espera, o ambas combinadas y se considerará suscrito por todos los acreedores reconocidos comunes. No firmarán el convenio los acreedores laborales (fracción XXIII, apartado A, artículo 123 constitucional) ni el fisco.

    La etapa de conciliación durará ciento ochenta y cinco días naturales a partir de la última publicación de la sentencia de concurso, salvo solicitud del deudor y sus acreedores reconocidos de ampliación de noventa días más, pero en ningún caso excederá de trescientos sesenta y cinco días naturales a partir de la fecha aludida (de la última publicación de la sentencia).

    Los acreedores reconocidos con garantía real que no suscriban el convenio podrán ejecutar sus garantías. El convenio aprobado por el juez obligará al sujeto mercantil, a sus acreedores comunes y a los que tengan garantía real o privilegio especial que lo hayan suscrito; así como a los reconocidos con garantía real o privilegio especial para cuyos créditos prevea el pago.

    TÍTULO SEXTO De la quiebra

    CAPÍTULO I De la declaración de quiebra

    Según la ley, el sujeto mercantil en concurso será declarado en estado de quiebra, si él lo solicita, si en los plazos previstos no se reportó convenio entre el concursado y sus acreedores al juez, o si lo solicita el conciliador.

    La sentencia que declare la quiebra suspende la capacidad de ejercicio del sujeto mercantil sobre sus bienes e implica la orden de entregar al síndico la empresa, la orden a terceros que posean bienes del quebrado que los entreguen al síndico, la prohibición a los deudores del quebrado de hacerle pagos, y la orden al instituto para que designe al conciliador como síndico, en plazo de cinco días. Corresponde al síndico la inscripción de la sentencia de quiebra y publicar extracto de la misma.

    A petición del quebrado y de acreedores reconocidos que representen por lo menos el cincuenta por ciento de los créditos reconocidos, el síndico podrá ser sustituido por otro registrado en el instituto. Asimismo podrán solicitar la sustitución el sujeto mercantil y acreedores que re-presenten por lo menos el 75% de los créditos reconocidos; caso en que deberán convenir con el sustituto sus honorarios. La sentencia de quiebra es apelable en los términos que lo es la de concurso.

    CAPÍTULO II De los efectos particulares de la sentencia de quiebra

    La sentencia de quiebra implica la remoción del quebrado de la administración de sus bienes, que serán entregados al síndico; pero continuará en la administración de los bienes que conserve.

    En tanto el síndico no toma posesión de su cargo, el conciliador continuará en sus funciones. El síndico a partir de su designación deberá iniciar la ocupación de los bienes del sujeto mercantil, e iniciar su administración. La toma de posesión de los bienes por parte del síndico se hará constar por el secretario de acuerdos del juzgado que conozca

    del proceso.6 A las diligencias de ocupación de los bienes podrán asistir los interventores y el sujeto mercantil o su representante.

    El síndico debe tomar las medidas necesarias para la conservación de los bienes de la empresa en tanto no se enajenen. En tanto no se enajena la empresa para cubrir los créditos insolutos, continuará su operación bajo la administración del síndico.

    En plazo de sesenta días a partir de que el síndico tome posesión de la empresa, el sujeto mercantil le entregará un dictamen de su situación contable, un inventario de los bienes y un balance de dicha empresa.

    A partir de la declaración de quiebra, cualquier acto de administración del quebrado sobre su empresa sin autorización del síndico será nulo; igual suerte correrán los pagos que le sean hechos.

    TÍTULO SÉPTIMO De la enajenación del activo, graduación de créditos y del pago a los acreedores reconocidos

    CAPÍTULO I De la enajenación del activo

    Declarada la quiebra, el síndico debe proceder a la enajenación de los bienes de la empresa, mediante subasta que se realizará en lapso no menor de diez días ni mayor de noventa naturales a partir de la primera convocatoria.

    Quien presente postura, debe manifestar si tiene vínculos familiares o patrimoniales con el quebrado; lo contrario hará nula la adjudicación, sin perjuicio de las responsabilidades que resulten de la falsedad que exista.

    Puede el síndico, con autorización del juez, hacer enajenación de los bienes fuera de subasta cuando así se pueda lograr un mayor precio. El síndico, bajo su responsabilidad, podrá proceder a la venta de bienes que por su naturaleza requieran inmediata enajenación. Los bienes objeto de demanda de separación no podrán enajenarse en tanto no se dicta sentencia firme que la deniegue.

    Si la empresa se vendiese como tal, o la venta fuese de conjunto de bienes que constituyen unidad de operación, se notificará a quienes tengan contratos pendientes de ejecución relacionados con la empresa o con tales bienes con el fin de que manifiesten si desean dar por terminados dichos contratos, lo que deberán hacer en plazo de diez días. El síndico podrá tomar toda medida que sea en defensa de la masa o la beneficie, ya sea sin autorización del juez o con ella, cuando así lo establezca la ley.

    CAPÍTULO II De la graduación de los créditos

    Los créditos en la quiebra se clasifican y gradúan en singularmente privilegiados, con garantía real, con privilegio especial y comunes. Son créditos singularmente privilegiados los de gastos de entierro del quebrado y los de la enfermedad que haya causado su muerte. La ley ordena que antes que estos créditos, se cubrirán los que son contra la masa.

    Créditos con garantía real son los prendarios y los hipotecarios; éstos cobrarán sobre su garantía. Créditos con privilegio especial son los que según el Código de Comercio o leyes de la materia lo declaren u otorguen un derecho de retención. Los créditos diversos de los mencionados son créditos comunes.

    La ley en el artículo 223 establece que no se realizarán pagos a los acreedores de un grado, sin que queden saldados los del anterior, según la prelación establecida para los mismos.

    Igualmente indica la ley en el artículo 224 que son créditos contra la masa y serán pagados en el orden indicado y con anterioridad a cualquiera de los (a) que se refiere el artículo 217:

    a) Los referidos en la fracción XXIII, apartado A, del artículo 123 constitucional.

    b) Los contraídos para la administración de la masa por el comerciante.

    c) Los contraídos para atender gastos normales para la seguridad de los bienes de la masa.

    d) Los procedentes de diligencias judiciales o extrajudiciales en beneficio de la masa.

    e) Los honorarios del visitador, conciliador y síndico, y los gastos en que éstos hubieren incurrido.

    Los créditos laborales y los fiscales se pagarán después de los singularmente privilegiados. Los créditos comunes se cobrarán a prorrata. No se pagarán créditos de un grado sin que antes se cubran los del anterior.

    Finalmente se habla de créditos contra la masa que se cubren antes que cualesquiera otros; éstos son los que representan salarios de los dos años anteriores (según la ley) y los que representan los gastos hechos por la administración de la quiebra.

    CAPÍTULO III Del pago a los acreedores reconocidos

    Por lo menos, cada dos meses el síndico presentará al juez reporte de enajenaciones realizadas y situación del remanente, así como lista de acreedores que serán pagados y cuota que les corresponda; reporte que se pondrá a la vista del sujeto mercantil y de los acreedores reconocidos, con el fin de que en tres días expresen lo que a su derecho convenga. Si se hubiesen impugnado algunos créditos, el juez esperará a que concluya la impugnación para declarar la terminación del concurso.

    Se considerará realizado todo el activo cuando el restante carezca de valor económico, o que su valor fuese inferior a las cargas que existen sobre el mismo; caso en el cual el juez, oyendo a los interventores, decidirá su destino. A la conclusión del concurso, los acreedores que no hayan sido pagados total o parcialmente conservarán su derecho.

    TÍTULO OCTAVO Concursos especiales

    CAPÍTULO I Concursos mercantiles de comerciantes que prestan servicios públicos concesionados

    La ley prevé concursos mercantiles de prestadores de servicios públicos (artículo 237); de instituciones de crédito (artículo 245) y de instituciones auxiliares de crédito (artículo 254). Los concursos especiales aludidos se ajustarán a esta ley, en lo que no se oponga a la regulación especial a que están sometidos dichos sujetos.

    En el concurso de prestadores de servicios públicos, la autoridad concedente intervendrá con el fin de que la operación y venta de la empresa no sea en perjuicio del servicio.

    CAPÍTULO II Del concurso mercantil de instituciones de crédito

    Este concurso sólo podrán demandarlo el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dicho concurso deberá iniciarse siempre en la etapa de quiebra.

    La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros podrá designar hasta tres interventores en protección de los acreedores. Las propuestas de venta de la empresa deberán contar con la aprobación del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.

    CAPÍTULO III Del concurso mercantil de las instituciones auxiliares de crédito

    Este concurso podrá demandarlo cualquier acreedor de la institución, el Ministerio Público o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, declarado el concurso, podrá iniciarse en la etapa de quiebra.

    A la Comisión Nacional Bancaria y de Valores corresponde proponer designación, remoción y sustitución del síndico y del conciliador; en tanto que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, podrá designar hasta tres interventores que representarán los intereses de los acreedores de la institución declarada en concurso mercantil.

    TÍTULO NOVENO De la terminación del concurso mercantil

    CAPÍTULO ÚNICO De la terminación del concurso mercantil

    El juez declarará concluido el concurso mercantil por convenio, por pago íntegro a los acreedores reconocidos, por pago concursal, por insuficiencia económica para cubrir los créditos contra la masa, o por solicitud del concursado y la totalidad de los acreedores reconocidos.

    La sentencia de terminación del concurso será apelable por el sujeto mercantil, por cualquier acreedor reconocido, por el Ministerio Público, así como por el visitador, el conciliador y el síndico.

    TÍTULO DÉCIMO De los incidentes, recursos y medidas de apremio

    CAPÍTULO I Incidentes y recursos

    Para conocer y decidir sobre diversas cuestiones que se susciten en el trámite del concurso mercantil, que no tengan prevista sustanciación especial, se podrán plantear por el interesado incidentes cuyo trámite se sujetará a lo previsto por el artículo 267 de la ley. Si no existiese prevista apelación, procederá la revocación.

    CAPÍTULO II De las medidas de apremio

    Para hacer cumplir sus determinaciones en el proceso del concurso, el juez podrá emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio:

    I. Multa.

    II. Auxilio de la fuerza pública y fractura de cerraduras.

    III. Arresto a los responsables.

    TÍTULO DÉCIMO PRIMERO Aspectos penales del concurso mercantil

    CAPÍTULO ÚNICO De los delitos en situación de concurso mercantil

    La conducta dolosa del concursado amerita pena de prisión de uno a nueve años, que el juez determinará.7 Se presume conducta dolosa si la contabilidad del sujeto mercantil no permita reconocer su verdadera situación financiera.

    La pena será de uno a tres años si requerido por el juez, el sujeto mercantil no pone a disposición de quien el mismo juez designe su contabilidad en el tiempo que se le señale; ello salvo que el concursado demuestre la imposibilidad de hacerlo. Quien solicite en el concurso reconocimiento de un crédito inexistente será sancionado con pena de uno a nueve años de prisión. Los delitos en el concurso mercantil se perseguirán por querella. Indica la ley que es exclusivo del juez de la quiebra conocer de la reparación del daño por los delitos en la misma.

    TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO De la cooperación en los procedimientos internacionales

    CAPÍTULO I Disposiciones generales

    La Ley de Concursos Mercantiles se aplicará (además de a los procesos nacionales) a) cuando un tribunal extranjero o un representante extranjero solicite asistencia en la república mexicana en relación con un procedimiento extranjero, b) se solicite asistencia en un Estado extranjero en relación con un proceso que se tramita con arreglo a la misma, c) se tramite al mismo sujeto un proceso extranjero y uno en la república mexicana, d) cuando los acreedores interesados que estén en el extranjero tengan interés en solicitar la apertura de un procedimiento o en participar en un procedimiento que se tramita con arreglo a esta ley (artículo 278). Nuestra ley se aplicará si no se opone a lo previsto en un tratado suscrito por México, salvo que no exista reciprocidad.

    CAPÍTULO II Acceso de los representantes y acreedores extranjeros a los tribunales mexicanos

    Con sujeción a la ley mexicana, todo extranjero será tratado como nacional en el proceso concursal.

    CAPÍTULO III Del reconocimiento de un procedimiento extranjero y medidas otorgables

    Sin violación a la Ley de Concursos Mercantiles, el procedimiento extranjero será reconocido en México. El proceso que se siga en México se ajustará a la ley nuestra.

    CAPÍTULO IV De la cooperación con tribunales y representantes extranjeros

    Para colaborar con autoridades extranjeras en la materia de concursos mercantiles, no serán necesarias cartas rogatorias u otras formalidades, y juez, conciliador, visitador y síndico cooperarán con dichas autoridades.

    CAPÍTULO V De los procedimientos paralelos

    Si en forma simultánea se estuviesen tramitando respecto de un mismo sujeto mercantil un procedimiento extranjero, y otro con arreglo a la Ley de Concursos Mercantiles, el juez nuestro procurará colaborar con el extranjero y coordinar su actuación con la del otro procedimiento.

    TÍTULO DÉCIMO TERCERO Del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles

    CAPÍTULO I De la naturaleza y atribuciones

    El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, que con autonomía se encarga de preparar, nombrar, o revocar el nombramiento de conciliadores, visitadores y síndicos, establecer el régimen de su remuneración, expedir la normación para el ejercicio de sus atribuciones, así como informar al Congreso de la Unión semestralmente sobre el desempeño de los mismos.

    CAPÍTULO II De la organización

    El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles estará encomendado a una Junta Directiva, integrada por el director general del mismo y cuatro vocales que nombra el Consejo de la Judicatura Federal.

    Para ser miembro de la Junta Directiva se deberá a) ser mexicano, b) de reconocida probidad, c) tener experiencia administrativa, d) no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal, e) no ser cónyuge, concubina o concubinario, ni tener parentesco hasta el cuarto grado por consanguinidad o segundo por afinidad o civil con miembros de la junta, f) no tener litigios pendientes contra el instituto.

    Los miembros de la junta podrán ser removidos cuando su conducta, de acuerdo con la ley, lo amerite. Dichos miembros de la junta no podrán desempeñar otro cargo o empleo remunerado durante su encargo.

    La junta sesionará, por lo menos, cada tres meses, con la asistencia de tres de sus miembros, como mínimo; sus decisiones se tomarán por mayoría; su director general tendrá voto de calidad.

    CAPÍTULO III De los visitadores, conciliadores y síndicos

    El instituto, a petición de los interesados en ejercer funciones de visitador, conciliador o síndico, los incluirá en una lista de candidatos, si satisfacen los requisitos que la ley establece. Los visitadores, conciliadores y síndicos deberán caucionar su correcto desempeño en cada concurso mercantil para el que sean designados.

    CAPÍTULO IV Del registro de los visitadores, conciliadores y síndicos

    El instituto conservará actualizada la lista de candidatos a visitadores, conciliadores y síndicos, y de la misma, en forma aleatoria, hará las designaciones respectivas para cada concurso.

    Si la conducta de los funcionarios mencionados no se ajustasen a la ley, serán sancionados administrativamente por la Junta Directiva con amonestación, suspensión temporal o cancelación de su registro, según la gravedad de la infracción cometida.

*Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Notas:
* Consideré necesario, para el desarrollo de mi exposición, respetar la secuencia de títulos y capítulos que la Ley de Concursos Mercantiles tiene originalmente.
1 Es ilustrativo, para el estudio de este capítulo, leer a Garrígues, Joaquín, Curso de derecho mercantil, México, Porrúa, 1983, pp. 378 y ss.
2 Véase ibidem, pp. 442-446.
3 Para ampliar el contenido de la ley, se sugiere la lectura de Brunetti, Antonio, Tratado de quiebras, trad. de Joaquín Rodríguez Rodríguez, México, Porrúa, 1945, pp. 228 y ss.
4 En relación con los delitos cometidos en el citado periodo, véase de Márquez Piñero, Rafael, Delitos de quiebra, México, Porrúa, 1999.
5 Para graduación de créditos, véase Rivolora, Mario, Derecho comercial argentino, Buenos Aires, Compañía Argentina Editores, 1940, t. V, tít. II, cap. IV, pp. 245 y ss.
6 La intervención del secretario de acuerdos en la toma de posesión de los bienes nos parece un acierto de la ley, que en la de Quiebras y Suspensión de Pagos no se daba, por lo que en el pasado la criticamos repetidas veces.
7 Véase Márquez Piñero, Rafael, op. cit., nota 4, pp. 110 y ss.

 
 

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