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ALGO SOBRE LA JURISPRUDENCIA (II)

María Teresa LOBO *

I. PRESENTACIÓN

Continuando con nuestra propuesta en este nuevo número, ahora comentaremos algo sobre las diferentes tesis de jurisprudencia, analizaremos un tema relevante en materia de sucesiones a partir de algunos criterios jurisprudenciales, y transcribiremos la reciente resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en materia de aborto.

II. DIFERENTES TESIS DE JURISPRUDENCIA

Los maestros Miguel Acosta Romero y Alfonso Pérez Fonseca publicaron recientemente uno de los pocos libros que analizan doctrinalmente el tema de la jurisprudencia, y nos proponen un sistema para diferenciar las tesis jurisprudenciales que a continuación reseño.

Señalan los autores que atendiendo a las razones teleológicas, existen seis supuestos básicos en los que la génesis jurisprudencial se encuentra legitimada dentro del sistema jurídico mexicano, además de un caso de excepción.

1. Jurisprudencia de interpretación

Interpretar significa dilucidar o explicar el sentido de una expresión no clara. Los tribunales al interpretar la ley deben sujetarse, en primer término, a la redacción misma de la norma sin rebasar y menos aún alterar su sentido. El juez que se enfrenta a la interpretación de un precepto legal, debe hacerlo con la conciencia de que la verdad que busca se encuentra ya en la letra del precepto, aunque tal vez deficientemente redactada, de modo que su sentido aparezca obscuro, ambiguo o incongruente. Así, el juzgador sólo debe usar el método más conveniente para extraer su sentido, sacándolo a la luz. Sobre este punto se discute con frecuencia cuál es la metodología a seguir para lograr tal fin, pues mientras algunas corrientes sustentan que el juez debe tratar de encontrar la intención del legislador, otros defienden la postura de que la ley, una vez expedida, cobra vida autónoma quedando por completo desvinculada de sus creadores, por lo que, dice, sólo debe atenderse a su más estricta gramática; y aún hay quienes afirman que dicha interpretación debe variar con los tiempos y de acuerdo con las necesidades fácticas imperantes en la sociedad.

Ya sea que se prefieran los argumentos de la escuela hermenéutica o los de la exegética que es como se les denomina, o bien, se adopte una postura ecléctica, lo cierto es que la jurisprudencia al interpretar la ley sólo puede hacerlo tomando como referencia la norma escrita, y por lo tanto siempre -en este caso- observará una relación de subordinación hacia ella. El juez al interpretar un precepto no puede soslayar que los textos legales deben observar cierta coherencia en sus interrelaciones con otros textos jurídicos, dado que las leyes en su conjunto obedecen a un espíritu común, que son, por una parte, los parámetros limitativos del derecho constitucional, y por otra, debe atenderse también al sentido común, la ética y desde luego a los principios generales del derecho, que se resumen en conceptos tan diáfanos como la justicia, la equidad, el bien común, etcétera.

2. Jurisprudencia de precisión

Existe una diversa modalidad de la jurisprudencia, similar en muchos aspectos a la interpretación; tanto, que incluso se le confunde frecuentemente, pero que posee características propias suficientes para catalogarla por separado, aun cuando también observa con respecto a la ley una relación jerárquica de subordinación: la jurisprudencia de precisión.

Para distinguir esta clase de jurisprudencia, respecto de la interpretativa, cabe señalar que existen ocasiones en que ni el más intenso análisis de un texto legal revela la verdad que el juez busca, por la sencilla razón de que éste no la contiene. Se abre la puerta de una hipótesis sin limitar su alcance, se trata pues de precisar; de establecer el radio máximo de la hipótesis, cerrando la puerta que estaba abierta.

Procede cuando la corte sí ha interpretado la voluntad del legislador, pero no le fue posible interpretar materialmente su letra. Por ello, establece prudentemente, por su cuenta, el alcance normativo de la expresión en comento, precisándola, limitándola, mas no simplemente interpretándola.

Tras esta larga disertación, podrá pensarse que la fenomenología planteada presenta las características propias de la integración del derecho, más que los de la interpretación; tal parecer no resultaría, ciertamente, alejado de toda realidad, pero faltaríamos a la verdad si catalogamos la referida actuación del alto tribunal como un mero procedimiento de integración. La integración en su justa inteligencia parte de un supuesto sine qua non; la inexistencia de la norma, no su insuficiencia. Justo es, sin embargo, reconocer que esta jurisprudencia de precisión presenta notas comunes con la interpretativa -que ya vimos- y la integradora -que veremos a continuación- por lo que podemos conceptualizarla como una variante híbrida de ambas.

En efecto, la jurisprudencia de precisión comparte con la interpretativa: 1. Que el precepto existe, y 2. Que la verdad que el juez busca (la cabal inteligencia de la norma) no es apreciable a simple vista. Sin embargo, difiere de aquella en que el precepto estudiado, en sí mismo, no contiene tal razón subyacente, que en el caso de la norma interpretable es factible desentrañar. Como hemos visto no es posible ni por virtud del más exquisito análisis, arrancarle al dispositivo el preciso alcance de sus supuestos normativos, pues por más que se lea y se relea o se escrute el texto, éste no dirá qué debe entenderse por "breve término". Un factor más revela las diferencias entre el procedimiento interpretativo y el de precisión: en aquél, el sentido del precepto aparece siempre oculto, esto es, no se entiende la voluntad del legislador, o se puede entender de diversas maneras al mismo tiempo; mientras que en éste, la voluntad del legislador puede incluso resultar clarísima, y sin embargo no sabemos hasta dónde quiso llegar.

El planteamiento entonces, simplificado a su mínima expresión, podría reducirse a lo siguiente: la interpretación se ocupa del análisis de una hipótesis obscura; la integración se opone creativamente a una hipótesis inexistente o no prevista; mientras que la precisión se enfrenta a una hipótesis abierta.

3. Jurisprudencia de integración

Es sustancialmente distinto el caso en que el legislador simplemente omitió prever un supuesto normativo, formándose así lo que comúnmente se ha denominado como una "laguna de la ley"; esto es, que el juez al tratar de resolver el asunto que se le presenta, se tope de pronto con que no existe precepto legal aplicable para dirimir la controversia.

El constituyente previó "en materia civil" la forma de subsanar las lagunas de la ley. En primer término dice que las sentencias deben fundarse en el texto expreso de la ley, y esto supone por principio que la ley exista y además que sea clara; en segundo lugar dice "...o a la interpretación jurídica de la ley...", lo que implica que la ley, existiendo, pudiera no ser clara y debe ser interpretada como ya vimos líneas atrás; pero, como tercera hipótesis dice: "...y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho", lo que da razón de ser a los artículos de los dos códigos civiles anteriormente transcritos en el sentido de que el juez no puede válidamente dejar de resolver las controversias y fija, de una forma genérica pero efectiva, que el juez deberá acudir a los principios generales del derecho, o sea, deberá resolver buscando ante todo el valor fundamental de la justicia y la equidad, atento por supuesto a los lineamientos generales del derecho constitucional y a la coherencia con el resto del orden jurídico vigente.

4. Jurisprudencia de interrelación

Hemos clasificado como jurisprudencia de interrelación, a lo que bien podría conceptualizarse como una forma más de interpretación. Sin embargo, al igual que los otros casos que se analizan en esta obra, creemos que esta modalidad de la jurisprudencia presenta fines teleológicos propios. Su función, ciertamente, tiene gran relación con el apartado que hemos destinado a la jurisprudencia de interpretación, en el cual el juez se topa ante una norma obscura, cuya misión es dilucidar; en la presente hipótesis el juzgador debe adminicular con base en una diversidad de preceptos jurídicos para resolver un caso concreto; preceptos que pueden pertenecer a un mismo cuerpo legal o a varios. En esta circunstancia, la labor del juez no siempre será simplemente la de interpretar, sino la de armonizar o conciliar los supuestos normativos que hay en una misma ley, o con frecuencia, entre leyes diferentes. La función teleológica específica de esta forma de jurisprudencia es, como ya se dijo, interrelacionar las normas de derecho, de modo que el orden jurídico en su conjunto se mantenga coherente y unitario, evitando así que los distintos preceptos vigentes choquen o aparezcan contradictorios.

Mientras la jurisprudencia de interpretación desentraña la expresión obscura de un precepto jurídico, la de interrelación establece la forma en que debe entenderse la interacción de una norma con otra, siendo ésta su teleología específica.

5. Jurisprudencia constitucional

Llamamos jurisprudencia constitucional a aquella que tiene como objeto directo de su estudio un precepto constitucional. Esta clase de jurisprudencia emana directa y exclusivamente del Poder Judicial federal, y específicamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de sus facultades para interpretar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Su metodología de interpretación así considerada, no se limita a las reglas de la hermenéutica o la exégesis jurídica: el intérprete constitucional debe tener entre sus herramientas, ante todo, la conciencia histórica, social, económica, política y jurídica de una nación.

Luego, los elementos que en esta clase de jurisprudencia se dan no son enteramente los mismos que hemos visto hasta ahora, pues la presente modalidad sí los engloba, pero también los desborda y los excede.

Dentro del género jurisprudencial, puede sostenerse teóricamente que tal modalidad presenta una relación de superioridad con respecto a todo el orden jurídico vigente, a excepción hecha de la misma Constitución, dado que únicamente a ésta queda constreñida y sujeta.

6. Jurisprudencia de constitucionalidad

La jurisprudencia de constitucionalidad no tiene como objeto directo versar sobre la Constitución, sino sobre las leyes ordinarias, declarando, eso sí, si dichas leyes se mantienen dentro de los límites normativos que aquélla establece. Siendo así, su función no es la de definir el texto del código fundamental, sino tutelarlo.

Su fundamento dimana, por una parte, del ámbito competencial propio de la Suprema Corte de Justicia para velar el cumplimiento de las disposiciones de la carta política nacional, previsto primordialmente en los artículos 103 y 105 de la misma; y por otra parte, dimana también de las facultades de la Suprema Corte para sentar jurisprudencia dentro de sus respectivas esferas competenciales de acuerdo con el artículo 94, párrafo séptimo, de la propia ley fundamental.

7. Jurisprudencia de excepción por unificación

Esta forma jurisprudencial surge de la resolución que dirime un conflicto de tesis contradictorias sustentada entre dos o más tribunales colegiados de circuito o bien entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Se dice que hay contradicción de tesis cuando dos o más tribunales de la naturaleza antes señalada, sustentan criterios total o parcialmente opuestos o divergentes sobre un mismo planteamiento jurídico. Por ejemplo, cuando dos o más tribunales colegiados, interpretando un mismo artículo de determinada ley, le dan sin embargo interpretaciones o alcances distintos o aun opuestos.

El procedimiento para dirimir una contradicción de tesis previsto por los artículos 107, fracción XIII de la Constitución general de la república, y 192, 196 y 197 de la Ley de Amparo, se inicia fundamentalmente con una denuncia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La denuncia, a su vez, podrá ser planteada por los ministros de la Suprema Corte -en su caso por las salas- y por el procurador general de la república, los tribunales colegiados de circuito -en caso de una contradicción entre colegiados-, o las partes que intervinieron en el juicio donde ésta surge. Una vez hecha la denuncia, el pleno, o en su caso la sala, tiene un plazo legal de noventa días para decidir y resolver en definitiva la contradicción planteada. La corte, para ello, pedirá a los tribunales los autos de aquellos asuntos sobre los que versa la contradicción, así como las tesis que sobre el particular se hubiesen elaborado; se turnará el asunto a un ministro que fungirá como ponente, quien rea-lizará el proyecto que habrá de someterse finalmente a la discusión por el pleno o la sala, según corresponda, surgiendo así el criterio que habrá de establecerse como definitivo.

La tesis que de dicho procedimiento brote como definitiva, tendrá el carácter de jurisprudencia obligatoria, según lo dispone el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, y lo hará sin precisar de un mayor número de precedentes; por lo que, como se ha dicho, constituye un caso de excepción a la regla estructural de la jurisprudencia formulada por Ignacio Vallarta, relativa a que para la formación de la jurisprudencia obligatoria se precise de cinco precedentes en un mismo sentido sin ninguno que lo contradiga. Así pues, en este caso, la jurisprudencia se formará con tal sólo un precedente. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia, al resolver una contradicción de tesis, puede emitir su resolución en uno de cuatro sentidos, a saber: 1) Que determine que la contradicción no existe. Lo que puede ocurrir cuando no exista identidad en la sustancia del criterio o en su fundamento jurídico. Por ejemplo, cuando dos tesis que analizan una misma norma se enfocan, sin embargo, a aspectos diversos de las hipótesis que en ella se pueden encontrar; o bien cuando se analizan preceptos análogos pero pertenecientes a distintas legislaciones, como ocurre entre leyes de dos o más entidades federativas, en las que válidamente pueden preverse soluciones e hipótesis distintas ante un mismo planteamiento jurídico. 2) Que determine que la contradicción existe y opte por una de ellas. En este caso, la corte acepta la existencia de la contradicción y se inclina hacia alguna de las tesis que la motivaron; resolviendo cuál de ellas debe prevalecer como jurisprudencia definitiva y obligatoria, por lo que el criterio contrario perderá su fuerza y será suspendido. No obstante lo anterior, la tesis que resultará obligatoria no será formalmente la que haya resultado vencedora en dicha contienda, sino la que la Suprema Corte de Justicia publicará como una "nueva" tesis en la que se tomarán los argumentos y conclusiones de la tesis vencedora, a veces hasta con las mismas palabras; pero no será ya la tesis del tribunal que la creó, sino la tesis de la sala o el pleno de la corte que resolvió la contradicción. 3) Que la corte determine que la contradicción existe y asuma una postura ecléctica. Llega a suceder con cotidiana frecuencia que la corte estime que cada uno de los criterios sea parcialmente correcto; en este caso hablaríamos más propiamente de una divergencia, que de una contradicción. En esta hipótesis, los criterios originarios se verán suspendidos por igual; sin embargo, la tesis definitiva que la Suprema Corte de Justicia redacte, tomará una postura ecléctica, tomando algunos elementos y desechando otros de las tesis que la precedieron. Por último, puede ocurrir también: 4) Que la corte determine que la contradicción existe pero discrepe de los criterios que la motivan. En ese supuesto, frecuente también, la Suprema Corte puede arribar a la conclusión de que ninguno de los criterios sujetos a estudio tenga la razón ni total ni parcialmente. Por tanto, se dejarán insubsistentes todas las tesis participantes en la controversia y se emitirá una nueva con elementos de juicio y conclusiones enteramente distintas a las anteriores, que se erigirá como el nuevo criterio definitivo.

En el caso de las tesis que quedan insubsistentes, y para efectos de futuras publicaciones, se estila asentar al final de éstas que han quedado sin vigencia por virtud de la resolución de una contradicción de tesis.

La redacción de una tesis jurisprudencial no obedece a razones caprichosas de los jueces, sino a motivos claramente identificables, que en cada caso particular nos señalan la teleología específica que fundamenta la creación y existencia de la jurisprudencia como norma jurídica.

La jurisprudencia tiene un ámbito de existencia bien definido; o sea, no le es válido al juez pretender elaborar una tesis de cualquier criterio plasmado en una resolución, pues son estos fenómenos en que la ley puede incurrir o ante los que la autoridad jurisdiccional se puede encontrar, lo que da sustento y justificación a la génesis jurisprudencial, en la inteligencia de que ésta no tendría razón de ser si las normas reglamentarias, legislativas y constitucionales fuesen perfectas, omnímodas e inequívocas.

III. TESIS NÚMERO VII/2002

    ABORTO. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE LA EXCUSA ABSOLUTORIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. Del análisis de lo dispuesto en el artículo 334, fracción III, del Código penal para el Distrito Federal, se advierte, por una parte, que para que se actualice la excusa absolutoria que prevé es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: I. Que se haya cometido el delito del aborto, es decir, que una o varias personas hayan producido la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez y, II. Que previamente a lo anterior: 1) Dos médicos especialistas hubieren emitido juicio en el sentido de que existe razón suficiente para diagnosticar: a) Que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas; b) Que éstas pueden dar como resultado daños físicos o mentales y c) Que éstos puedan poner en riego la sobre vivencia de aquél. 2) Exista consentimiento de la mujer embarazada. 3) Éste responda a una decisión libre, informada y responsable. 4) Como garantía de que la decisión reúne las características especificadas, los médicos que hicieron el diagnóstico hayan proporcionado a la mujer embarazada una información objetiva, veraz, suficiente y oportuna. 5) Que tal información comprenda tanto los procedimientos, riesgos, consecuencias y efectos, como los apoyos y alternativas existentes; y, por otra, por ser una garantía para las personas que intervinieron en la muerte del producto de la concepción, deben existir las constancias necesarias, sustentadas en pruebas idóneas que acrediten el cumplimiento minucioso de todos y cada uno de los requisitos exigidos, pues si no está demostrado alguno de ellos, la autoridad respectiva puede llegar a la conclusión de que no se actualiza la excusa absolutoria a que se refiere el citado numeral, y, por ende, deban aplicarse las sanciones previstas en los artículos 330 a 332 del citado ordenamiento penal. No escapa a la consideración de este Alto Tribunal que los requisitos de naturaleza médica se encuentran condicionados a la evolución de la ciencia y que la responsabilidad de los diagnósticos, en su caso corresponderá a los dos médicos especialistas a que alude la norma; sin embargo, de llegar a producirse el aborto, dichos diagnósticos podrán ser analizados por otros médicos especialistas, a fin de que la autoridad respectiva esté en aptitud de determinar si tales diagnósticos iniciales tuvieron la sustentación idónea y fueron claros para quienes sin ser peritos en la materia, como en su caso lo puede ser la mujer embarazada, le sean entendibles en cuanto a sus conclusiones.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos; votaron en contra de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número VII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    ABORTO. EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO AUTORIZA LA IMPOSICIÓN DE UNA PENA POR ANALOGÍA O MAYORÍA DE RAZÓN. Del análisis de lo previsto en el citado numeral, se desprende que en su fracción III se contempla una disposición totalmente ajena al principio de certeza jurídica en materia penal, consistente en la prohibición de imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, toda vez que lo único que determina es que, cuando se reúnan los requisitos ahí especificados, no se impondrá la pena señalada en las disposiciones relacionadas con el delito de aborto, por lo que es claro que se transgrede dicho principio.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos; votaron en contra de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número VIII/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    ABORTO. EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IGUALDAD, PUES NO AUTORIZA QUE SE PRIVE DE LA VIDA AL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. Al establecer el citado precepto la posibilidad de que cuando se produzca la conducta delictiva (aborto) prohibida expresamente por el artículo 329 de aquel ordenamiento, pero se reúnan los requisitos consignados en aquella fracción, las sanciones previstas en los diversos numerales 330, 331 y 332, no podrán aplicarse, es indudable que no transgrede la garantía de igualdad contenida en el artículo 4| de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicha norma no dispone que a determinados productos de la concepción, por sus características, se les pueda privar de la vida, lo que sí sería discriminatorio.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos; votaron en contra de Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número IX/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    ABORTO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 334, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, CONSTITUYE UNA EXCUSA ABSOLUTORIA. La hipótesis contenida en el citado numeral relativa a que cuando a juicio de dos médicos especialistas exista razón suficiente parta diagnosticar que el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, al límite que pueda poner en riesgo su sobre vivencia, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada, constituye una excusa absolutoria, pues se trata de una causa que al dejar subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impide la aplicación de la pena, es decir, aun cuando se configura el delito de aborto, no es posible aplicar la sanción.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis no hubo discrepancia entre los once señores Ministros. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 10/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    EXCUSAS ABSOLUTORIAS Y EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD. SUS DIFERENCIAS. Las excusas absolutorias son causas que al dejar subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho tipificado como delito en la ley, impiden la aplicación de la pena, es decir, son aquellas en las que aun cuando se configure el delito, no permiten que se sancione al sujeto activo en casos específicos; en tanto que las excluyentes de responsabilidad se caracterizan por impedir que ésta surja. En otras palabras, en las citadas excluyentes la conducta tipificada en la ley no es incriminable desde el inicio; mientras que en las excusas absolutorias la conducta es incriminable, pero no sancionable, consecuentemente no relevan al sujeto activo de su responsabilidad en la comisión de la conducta típica, sino que determinan su impunibilidad.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis no hubo discrepancia entre los once señores Ministros. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 10/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    DERECHO A LA VIDA. SU PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Del análisis integral de lo dispuesto en los artículos 2o., 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que al establecer, respectivamente, el principio de igualdad de todos los individuos que se encuentren en el territorio nacional, por el que se les otorga el goce de los derechos que la propia Constitución consagra, prohibiendo la esclavitud y todo tipo de discriminación, que nadie podrá ser privado, entre otros derechos, de la vida, sin cumplir con la garantía de audiencia, esto es, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento; y que la pena de muerte sólo podrá imponerse contra los sujetos que la propia norma constitucional señala, protege el derecho a la vida de todos los individuos, pues lo contempla como un derecho fundamental, sin el cual no cabe la existencia ni disfrute de los demás derechos.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discrepó el señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 10/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    DERECHO A LA VIDA DEL PRODUCTO DE LA CONCEPCIÓN. SU PROTECCIÓN DERIVA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES Y DE LAS LEYES FEDERALES Y LOCALES. Si se toma en consideración, por un lado, que la finalidad de los artículos 4o. y 123, apartado , fracciones V y XV, y apartado B, fracción XI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la exposición de motivos y de los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión que dieron origen a sus reformas y adiciones, de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, y treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, respectivamente, es la procuración de la salud y el bienestar de los seres humanos, así como la protección de los derechos de la mujer en el trabajo, en relación con la maternidad y, por ende, la tutela del producto de la concepción, en tanto que éste es una manifestación de aquélla, independientemente del proceso biológico en el que se encuentre y, por otro, que del examen de lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de enero de mil novecientos noventa y uno y el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y uno, y aprobados por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y el dieciocho de diciembre de mil novecientos ochenta, respectivamente, cuya aplicación es obligatoria conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la propia Norma Fundamental, se desprende que establecen, el primero, la protección de la vida del niño tanto antes como después del nacimiento y, el segundo, la protección del derecho a la vida como un derecho inherente a la persona humana, así como que del estudio de los Códigos Penal Federal y Penal para el Distrito Federal, y los Códigos Civil Federal y Civil, se advierte que prevén la protección del bien jurídico de la vida humana en el plano de su gestación fisiológica, al considerar al no nacido como alguien con vida y sancionar a quien le cause la muerte, así como que el producto de la concepción se encuentra protegido desde ese momento y puede ser designado como heredero o donatario, se concluye que la protección del derecho a la vida del producto de la concepción, deriva tanto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , como de los tratados internacionales y las leyes federales y locales.

    Acción de inconstitucionalidad 10/2000. Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 29 y 30 de enero del 2002. Mayoría de siete votos de los señores Ministros Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y Presidente Genaro David Góngora Pimentel respecto de la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal; y en relación con el artículo 131 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en virtud de que la resolución de su inconstitucionalidad no obtuvo la mayoría calificada de cuando menos ocho votos exigida por el último párrafo de la fracción II del artículo 105 constitucional, se desestimó la acción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II de dicho precepto constitucional. En cuanto al criterio específico contenido en la tesis discreparon los señores Ministros Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón.

    LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA Que el Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 10/2002, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos.

    *Especialilsta en derecho civil.

 
 

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