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LOS DERECHOS HUMANOS DEL INDOCUMENTADO. SU DESCONOCIMIENTO POR LA JURISPRUDENCIA ESTADOUNIDENSE

M. Guillermina MAGALLÓN GÓMEZ *

En las últimas semanas, los medios de comunicación han estado informando sobre las constantes violaciones e innumerables abusos que padecen los indocumentados en los Estados Unidos de América. A la vez, los robos, asaltos, hostigamientos, abusos sexuales, homicidios, discriminación, deportaciones masivas, forzosos desmembramientos familiares son sufridos a diario por los hombres, mujeres y niños que cruzan la frontera estadounidense en busca de trabajo. De aquí que la violación a los derechos humanos del indocumentado se ha visto incrementada de manera escandalosa en la faja fronteriza. De Tijuana a Matamoros, han surgido grupos de ciudadanos estadounidenses que se dicen vigilantes, organizándose entre ellos para "cazar" al indocumentado. Ello se da, no obstante que se ha incrementado la vigilancia fronteriza, instalando toda clase de alta tecnología con el propósito de detener su paso. Sin embargo, entre los ciudadanos estadounidenses, existe la creencia de que la patrulla fronteriza está perdiendo diariamente el control de la faja terrestre que tiene a su cargo. Críticos de las políticas migratorias comparan la frontera con una zona militarizada. El equipo castrense que se utiliza hoy día en esa región, así como las armas que los patrulleros llevan consigo, demuestran que los críticos no están muy lejos de la verdad. El sentimiento de que no existe control sobre el paso del indocumentado ha llegado a tal grado, que el ciudadano estadounidense ha tomado la ejecución de justicia por su propia mano. Este sentimiento de pérdida de control sobre las fronteras, aunado a la creencia de que el inmigrante ilegal trae consigo toda clase de males sociales -como el desempleo y crimen-, han provocado el ataque frontal directo en su contra,1 que soslaya el gran peligro que corre al cruzar la linea divisoria, ya sea por la acción de los grupos que se dedican a "cazarlos" o al quedar en manos de la patrulla fronteriza. Sin embargo, también están expuestos a resultar víctima de "coyotes" que los roban y abandonan en el desierto a su muerte, y hasta los dejan caer en manos de bandas que se dedican a asaltarlos.

Independientemente de lo anterior, podemos agregar que las políticas migratorias establecidas por el gobierno federal estadounidense y por su agencia de servicios migratorios -conocida en inglés como Immigration and Naturalization Service o por su abreviatura INS-2 tratan al indocumentado como un peligro que amenazara realmente a la sociedad estadounidense. El INS hace muy poco para prevenir o tan siquiera frenar la acción de los grupos de bandidos, pandillas o vigilantes que se dedican única y exclusivamente a cometer actos de violencia en contra del inmigrante ilegal. Creemos pues que mientras subsista el sentimiento de que ese indocumentado constituye una amenaza para la sociedad estadounidense, el odio y violencia en la frontera no sólo continuará, sino que se nutrirá y crecerá a costa de vidas humanas.3

En vivo contraste respecto de las ignominiosas conductas de los diversos sectores que señalamos, resulta en verdad lamentable que el indocumentado no haga del conocimiento de la autoridad estadounidense los abusos y vejaciones a los que se ve sometido, sea por miedo a que lo deporten, o por ignorancia de sus derechos. Es, pues, importante que se exija el cambio de las políticas fronterizas; reclamándose un trato digno y humano aunque se trate de ilegales. Asimismo, es importante que se concientice al indocumentado acerca de los derechos y privilegios que la Constitución de Estados Unidos de América confiere a todo individuo que se encuentre dentro de su territorio, sea éste nacional o extranjero, con o sin autorización.4

El propósito de este artículo es elaborar un breve resumen de los derechos que otorga a toda persona la Constitución de los Estados Unidos de América, y exponer cómo tales preceptos han sido interpretados por el sistema judicial estadounidense. La primera parte de esta labor examinará las cuestiones constitucionales que surgen como consecuencia de la violencia en la frontera. De manera particular, examinaremos la aparente protección limitada que otorgan al indocumentado la cuarta y quinta enmiendas constitucionales, y la sección 1981 del título 42 de la ley federal conocida como Ley de Derechos Civiles, la cual emanó de la decimotercera enmienda constitucional. La segunda parte examinara la aplicación práctica de ambas enmiendas, así como de las reglas de la sección 1981. Incluiremos en nuestra labor los precedentes establecidos por los tribunales y su aplicación en casos recientes. Por último, la tercera parte de este esquema presentará conclusiones; recomendando la práctica de campañas informativas para que el indocumentado conozca sus derechos -no obstante éstos sean mínimos- así como acercarse a los consulados mexicanos, para que se les dé asistencia en la lucha por la protección de sus derechos.

Una vez expuesta dicha consideración, creemos que la injustificada violencia que se ejerce en contra del indocumentado debe de ser severamente reprimida y sancionada en los tribunales estadounidenses.

I. PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

1. La cuarta enmienda constitucional

Los indocumentados5 gozan de manera limitada de una protección jurídica resultante de la cuarta enmienda de la Constitución estadounidense que establece:

    La protección de las personas para tener seguridad sobre sí misma, su domicilio, papeles y bienes, en contra de cateos u aprehensiones arbitrarias, no deberá ser violada, a menos que estén previamente autorizadas. Toda orden deberá estar basada en pruebas idóneas, juradas o declaradas bajo protesta de decir verdad y detallando el lugar donde se practicara el cateo, así como determinándose la persona o cosa que será aprehendida.6

La mencionada cuarta enmienda otorga protección al individuo en contra del ejercicio abusivo de la autoridad del Estado. En ésta, claramente se establece que la autoridad no podrá detener, arrestar o investigar, a menos que las leyes previamente establecidas y las formalidades esenciales del procedimiento se hayan observado. Esta fórmula se encuentra profundamente arraigada en la conciencia del pueblo estadounidense, y debe reconocerse como la expresión de un sentimiento histórico que nació en las trece colonias cuando se buscaba protección en contra de los abusos de la corona inglesa. El desarrollo de este principio permite en la actualidad a todo ciudadano estadounidense, conocer el derecho que le otorga dicha enmienda, que le protege el no ser detenido ni por un instante, a menos que exista una orden judicial previamente expedida por la autoridad competente. La certeza de que nadie podrá ser detenido a menos que exista una orden judicial previa, es uno de los derechos humanos más venerados.7 Ahora bien, resulta indispensable formular las siguientes preguntas: ¿si la cuarta enmienda es eficaz para proteger solamente al ciudadano o también debe proteger al indocumentado?8 ¿Podrá el indocumentado argumentar que las autoridades migratorias están obligadas a observar los procedimientos previamente establecidos en la repetida enmienda antes de ser detenidos o sujetos a inspección? La Suprema Corte de Justicia de la nación estadounidense en el asunto conocido como INS v. López-Mendoza9 examinó la cuestión de si la declaración vertida por el reo en la que reconoció que se encontraba en los Estados Unidos de América, debía ser excluida en las actas de la audiencia del procedimiento de deportación iniciado, en razón de que tal declaración se había obtenido durante la ejecución de su arresto ilegal; violando la multicitada garantía individual. La decisión de la mencionada corte declaró que, no obstante que el arresto había sido ilegal, la regla que excluye toda declaración de aquel que fue detenido ilegalmente, no debe operar en los casos que son materia de deportación, y arguyó la ya mencionada Suprema Corte que el 97.5% de los indocumentados detenidos por los agentes migratorios son deportados sin oposición. Asimismo, advierte que solamente un número pequeño de indocumentados reclaman la celebración de una audiencia formal, en la que puedan litigar el derecho a permanecer dentro del territorio de los Estados Unidos de América.10 Y así lo establece en el asunto de INS v. López-Mendoza, pues reconoce que la entrada ilegal a territorio de la unión se tipifica como un delito, en los términos de la sección 1325 del título 8 de la Ley Federal de Inmigración y Nacionalización,11 ya que López-Mendoza alegaba que tenía el derecho de una audiencia con las autoridades migratorias, en la que pudiera demostrar que se le detuvo en contravención a lo garantizado por la cuarta enmienda constitucional y -por tanto- reclamaba la no admisión y supresión de las pruebas obtenidas como resultado de su detención ilegal. Sin embargo, la corte no aceptó las propuestas de López-Mendoza; argumentado que si se aceptara la premisa de que la cuarta enmienda también debía de ser estrictamente observada por los agentes migratorios, propiciaría el agravamiento de la ya difícil carga que tiene el INS con la administración de las leyes migratorias.12 Por tanto, con este criterio en la audiencia de deportación, la corte sostuvo que el indocumentado no tiene derecho a reclamar la protección de la multicitada enmienda constitucional, no obstante que el INS había detenido ilegalmente a López-Mendoza y, por ende, debía haber desestimado las pruebas obtenidas en su contra. Sin embargo, la misma corte decidió admitir tales pruebas. Con el precedente establecido en esta decisión, las autoridades migratorias resultan autorizadas para violar la repetida cuarta enmienda constitucional, y pueden detener a cualquier persona, sin tener que cumplir con los procedimientos previamente establecidos.

En diverso y posterior caso, registrado como United States v.Verdugo-Urquidez,13 la misma Suprema Corte limita y clasifica a las personas que tienen derecho a la protección de la cuarta enmienda constitucional, ya que Verdugo-Urquidez, ciudadano mexicano que, viviendo en territorio de la república mexicana, fue detenido ilegalmente en su casa por agentes federales estadounidenses que lo llevaron arbitrariamente a Estados Unidos de América para ser procesado, acusándosele del delito de tráfico de drogas. En esas condiciones, él alegó que las evidencias obtenidas en su contra por los agentes federales no debían ser admitidas en el procedimiento penal iniciado en su contra, ya que tales pruebas habían sido obtenidas ilegalmente, en razón de que no se cumplieron las formalidades correspondientes a los procedimientos que exige la cuarta enmienda constitucional. Los agentes no llevaban orden de arresto o cateo. La Suprema Corte desestimó la defensa presentada por el acusado, argumentado que la cuarta enmienda no protege al indocumentado, ya que interpreta el vocablo "las personas" que se reitera a la vez en la primera y segunda enmiendas como "...aquellos individuos que son parte de la comunidad nacional o que de alguna otra manera han desarrollado suficiente conexión con este país, como para ser considerados parte de la comunidad".14 En consecuencia, la decisión determina que el procesado no puede pertenecer a "aquellas personas" para las cuales se estableció la protección constitucional que reclamaba, por lo que las pruebas obtenidas en su contra por los agentes federales podían ser admitidas y desahogadas en el proceso que se instruía en su contra, no obstante que dichas pruebas de cargo fueron obtenidas en contravención a lo que establece la multicitada garantía. Debemos agregar que en esa decisión, los ministros Brennan, Marshall y Blackmun argumentaron contradictoriamente que la interpretación elaborada por el propio tribunal para adoptar el criterio, esgrimió para reconocer a "las personas" como aquellas que "poseen conexiones suficientes" como esencialmente erróneo y contradictorio de los derechos que otorga la Constitución. Por su parte, el ministro Brennan argumenta que la cuarta enmienda no emplea la palabra "acusado", la cual estimaba podía haber sido utilizada, lo que entrañaría que al referir la palabra "personas", claramente se busca con esto limitar la conducta de la autoridad para con todo individuo, tratándose de limitar la conducta del gobernante con respecto del gobernado.15

La consideración del precedente establecido en el caso de Verdugo-Urquidez, representa un golpe mortal a los derechos elementales de todo indocumentado, pues en él se permite que sea la opinión personal de un juez el decidir si el calificativo "indocumentado" atribuye o no suficiente conexión con los Estados Unidos de América, como para considerarlo como parte de su comunidad. Así, depende exclusivamente de la discreción del juez el decidir selectiva y arbitrariamente a quien se reconoce como "personas" para -en su caso- conceder o no la protección de la invocada enmienda. Desde luego que resulta claro que con este precedente, el indocumentado no tiene la elemental protección; careciendo de significación el que se hubiere internado en el suelo extranjero apenas unas horas antes o hubiere permanecido en él hace una década, puesto que el resultado es el mismo, ya que ante los ojos de la ley no se le considera "persona". Este ignominioso precedente tendrá que ser observado y aplicado en contra de cualquier indocumentado por todos y cada uno de los jueces en los Estados Unidos de América.

Existen dos teorías diversas en los Estados Unidos de América que se contraponen a la interpretación que ha venido dando la Suprema Corte de Justicia, sobre a quienes incluye la frase inicial de la declaración de independencia que expresa: "Nosotros el pueblo de los Estados Unidos...".16 Una conocida como universalista17 y otra denominada como exclusionista.18 La primera establece que la protección de la Constitución es general para todos y en todo lugar. En ese criterio está implícita la noción de derecho natural que dio vida a su Constitución. Consecuentemente, apoya el credo que persiguen los grupos protectores de los derechos humanos. La segunda teoría limita la protección de la ley suprema solamente a sus ciudadanos, disponiendo que sólo aquellos individuos que tienen obligaciones, pueden reclamar derechos. En ese estrecho criterio, constatamos que las políticas migratorias establecidas en la unión americana, aunadas a la teoría exclusionista prevaleciente en los tribunales estadounidenses, propician que el indocumentado se encuentre indefenso, carente de los elementales derechos que la Constitución garantiza en la referida enmienda. Como consecuencia de todo lo anterior, resulta evidente que solamente, hasta que el indocumentado presente demandas en los tribunales estadounidenses, y logre que un juez cambie la interpretación que se da a la multicitada enmienda, continuará careciendo de la protección constitucional.19

2. La quinta enmienda constitucional

La quinta enmienda de la Constitución estadounidense establece: "Ninguna persona... podrá ser privada de la vida, libertad, o derechos, sin el debido procedimiento...".20

Esta enmienda garantiza a todo individuo el disfrutar de los mismos derechos (Equal Protection Clause) y obliga a la autoridad a que cumpla con los requerimientos del procedimiento previamente establecido (Due Process Clause). En ella se establece que las órdenes de arresto en caso de penas capitales, tendrán que haber sido autorizadas por un gran jurado y que el acusado deberá de ser informado de la acusación para poder preparar su defensa.21 Asimismo, esta enmienda otorga el derecho de que cuando la persona haya sido juzgada por cierto delito, no podrá volver a ser acusado por el mismo delito.22 La quinta enmienda protege al individuo para guardar silencio, sin poder ser obligado a declarar;23 sea que se trate de un procedimiento civil, penal, administrativo, formal o informal, el derecho a permanecer callado está garantizado, pero aun cuando tal garantía es sagrada para el ciudadano estadounidense, esta garantía constitucional no se aplica en casos en que el acusado o demandado reclame el derecho a permanecer en silencio por miedo de que en su país de origen, usen su declaración en su contra. La Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York decidió que el privilegio de permanecer en silencio tenía como propósito, limitar la autoridad del gobierno estadounidense exclusivamente.24

Por último, debe observarse que la quinta enmienda incluye el derecho a que todo procedimiento previamente establecido deberá de ser observado.25 La pregunta que ahora se formula es ¿si el indocumentado también tiene el derecho de reclamar la protección de la quinta enmienda? Creemos que sí existe la protección constitucional para el indocumentado, pero que al igual que sucede con la cuarta enmienda, sólo opera de manera limitada y ciertamente excluida en su totalidad, cuando el INS se encuentra involucrado. La Suprema Corte ha establecido claramente en innumerables precedentes, que la quinta enmienda protege al indocumentado, pero sólo en ciertas y limitadas circunstancias.26 Vemos pues que, en teoría, el indocumentado tiene derecho a la protección de la quinta enmienda, pero la violencia que sufre en manos de la patrulla fronteriza, en manos de los policías, en manos del Ministerio Público, en manos de grupos de ciudadanos que se dicen protectores de sus fronteras, hacen que la quinta enmienda sea una simple y lejana quimera, difícil de alcanzar y prácticamente imposible de reclamar.

En otra sentencia, conocida como Haitian Refugee Center v. Smith27 se presenta una demanda de grupo (class action) en contra de las autoridades migratorias, reclamando que el INS había instituido un programa para deportar a todos los haitianos, sin revisar la aplicación de asilo de ninguno de los deportados y sin ninguna protección o garantía constitucional, violándose la quinta enmienda. El Tribunal de Apelación, al no poder cambiar los precedentes previamente establecidos, confirmó la sentencia dictada en primera instancia, estableciendo el derecho de las autoridades migratorias a deportar mecánicamente al indocumentado, condicionando estas deportaciones solamente a que el procedimiento de deportación sea parcial y justo. La regla establecida en el caso de Haitian Refugee Center... de ser parcial y justo, es prácticamente imposible e improbable de reclamar cuando no se cumple. No obstante, el indocumentado puede y debe de ejercitar su derecho y tratar de que en el procedimiento de deportación que se lleve en su contra se siga por lo menos de una manera parcial y justa. El juez que dictó la sentencia en el Haitian Refugee Center... estaba consciente de las implicaciones de imponer limitaciones constitucionales al Ejecutivo quien tiene el control en todo lo correspondiente a políticas migratorias. Por lo anterior, restringe su sentencia al declarar "El gobierno viola el derecho fundamental de ser parcial y justo que es la esencia y naturaleza de la quinta enmienda, cuando crea el derecho de petición de asilo y luego hace imposible su obtención".28

Encontramos que la quinta enmienda protege al indocumentado de manera muy limitada frente al Poder Ejecutivo, y que las políticas migratorias establecidas hacen que su protección sea mínima. En realidad, el indocumentado fácilmente será deportado, cortándole toda posibilidad de reclamar sus derechos, a menos que cuente con el apoyo del consulado mexicano para la coordinación de servicios de abogados expertos en la materia que presenten demandas ante las autoridades judiciales; reclamando se ordene al Ejecutivo no lo deporte en razón de que el INS está violando la Constitución, el indocumentado será deportado automáticamente.29 Hasta que se cambie la ley migratoria garantizando al indocumentado que no será deportado, cuando éste se decida a presentar quejas o demanda por violaciones de autoridades gubernamentales, la garantía constitucional de la quinta enmienda es sólo una ilusión, una simple idea o un concepto lejano de la realidad del indocumentado.

Se dice que el número actual de indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos de América rebasa los siete millones de mexicanos. Como no se les reconoce, tampoco se les cuenta, y los censos que acaban de llevarse a cabo no los atiende el indocumentado por miedo a ser deportado, ni tampoco participa el patrón por miedo a ser sancionado. Por esta razón, resulta paradójico que la población a la que pertenece el indocumentado es reconocida como un grupo que existe, pero al que no se le ve. El grupo sólo existe a "la sombra de la población".30 Este término "la sombra de la población" refleja una de las razones por las que el problema en la frontera es ignorado; dado que las autoridades no le dan importancia y nada o poco se hace por proteger al indocumentado cuando éste sufre ultrajes.

II. APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL

1. Derecho igual para todos y Ley Federal codificada

La ya mencionada sección 1981 del título 42 de la Ley Federal conocida como Ley de Derechos Civiles, emanada de la decimotercera enmienda constitucional establece lo siguiente:

(a) Declaración de igualdad de derechos:31

    Todas las personas que estén dentro de la jurisdicción de Estados Unidos tendrán los mismos derechos en cada uno de los Estados y territorios para firmar y obligar a que se cumplan contratos, para demandar, ser parte, rendir pruebas, y tener la misma protección y beneficios que la ley otorga, así como los procedimientos para la protección de su persona y propiedades deberán tramitarse de la misma manera y con el mismo alcance que se aplica al ciudadano blanco. Así mismo, todas las personas sufrirán las mismas sanciones, penas, multas, impuestos, licencias, y cargas de cualquier naturaleza, pero ninguna otra.32

El origen de esta ley se encuentra en la Ley de Derechos Civiles del 9 de abril de 1866 conocida como la decimotercera enmienda constitucional, otorgando los mismos derechos que tenía la raza blanca con los esclavos recientemente emancipados por el presidente Abraham Lincoln.33 Esta ley otorga a todas las personas, sin importar su color o raza, los mismos derechos, privilegios e inmunidades otorgados y protegidas por la Constitución estadounidense.

No obstante, la ley es clara y su lenguaje preciso al establecer la misma protección de derechos civiles "a todas las personas que se encuentren dentro de los Estados Unidos", la interpretación que se le ha dado a esta frase ha ido cambiando y evolucionando con el tiempo. Hoy en día, los juzgados no se han puesto de acuerdo en su interpretación, ni en el alcance de su aplicación, cuando se cuestiona si esta ley también protege al indocumentado. Históricamente, esta ley protectora de los derechos civiles ha sido utilizada por grupos de minorías como la base fundamental para reclamar la protección de la ley, cuando no se le otorgan los mismos derechos que a una persona blanca; sea discriminado por las autoridades gubernamentales o por ciudadanos o por empresas privadas.

No fue sino hasta 1968, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un asunto conocido con el nombre de Jones v. Alfred Mayer Co.,34 reavivó las leyes promulgadas al término de la guerra civil, conocidas como "Los Códigos de Derechos de la Guerra Civil",35 que habían permanecido aletargadas por más de un siglo, iniciándose grandes discusiones y debates sobre la interpretación y los límites razonables que deben o pueden dársele a significativas leyes, producto de una sangrienta lucha entre la libertad y la esclavitud. Cualquiera podría pensar que no debiera haber problema en la interpretación de esta ley, ya que es clara y podría comparársele a una fórmula matemática donde sencillamente dos más dos son cuatro. Pero el problema de su interpretación surge cuando la referida corte, en el año citado, se rehúsa a interpretar y aplicar tal ley en el caso de Jones... en forma lógica y ordinaria. La interpretación de la sección 1981 que externa la mencionada corte en el caso señalado, provoca el caos y una total confusión en el sistema legal. Todos los juzgados se ven obligados a encontrar una respuesta que no es lógica ni natural al caso concreto. En todas las instancias en que el tribunal se viera impelido a interpretar y aplicar las normas contenidas en la citada sección 1981, tendrá que encontrar una respuesta ilógica y en contra de la naturaleza de lo que previamente se había establecido.36 No obstante, cuatro de los ministros de la misma corte, en un asunto posterior conocido con el nombre de Runyon v. McCrary,37 critican la interpretación errónea que había decidido dicha corte en el asunto de Jones... Desafortunadamente, esta crítica sólo representó la opinión de la minoría de votos, por tanto no fue suficiente para cambiar el precedente establecido en la sentencia de Jones... De esto resultó la necesaria aplicación general, en todos y cada uno de los asuntos que se presenten en cualquier juzgado, fuere de un estado o condado de la unión americana; el precedente emanado del caso Jones... se convirtió en la ley.38 Por tanto, aun cuando su interpretación fuere ilógica y errónea, deberá imperativamente de obedecerse.

Vemos pues -sin causarnos sorpresa- que la sentencia conocida como Bhandari v. First National Bank of Commerce39 resuelve que la normatividad de la mencionada sección 1981 no se aplica ni podrá ser reclamada para remediar situaciones, cuando una persona que no es ciudadano estadounidense sufre discriminación al no reconocerle los mismos derechos; independientemente de que sea responsable de la conducta discriminatoria una empresa privada o en un simple ciudadano.40 El demandante, llamado Bhandari, buscó sin éxito que la Corte Federal del Distrito Este del Estado de Louisiana le otorgara la protección de la sección 1981, en contra de First National Bank of Commerce. Cuando esta institución de crédito rehusó otorgarle una tarjeta de crédito debido a que no era ciudadano estadounidense. El Tribunal Federal de Apelación del Quinto Circuito examina detalladamente la exposición de motivos de la precitada ley, en la que encuentra -como lo mencionamos anteriormente-, que esta ley emana de la repetida Ley de Derechos Civiles de 1866,41 así como, de la sección 16 de la ley promulgada en 1870, denominada Ley del Derecho al Voto.42 En consecuencia, el tribunal ad quem constata que la ley de 1870 fue promulgada por unanimidad de votos a instancia del senador William M. Stewart,43 cuando éste presenta una propuesta al Senado el 6 de diciembre de 1869, para que se aprobara una ley que concediera protección a los chinos extranjeros que eran sujetos a explotación, maltrato y degradación por la ley del Estado de California. Un mes después, el proyecto del senador Stewart se presenta como base para la aprobación de la ley de 1870, que otorga el derecho al voto.44 El senador Stewart como autor y responsable de esta ley, en su exposición de motivos, expuso el siguiente razonamiento en los debates del congreso:

    Mientras [los chinos extranjeros] se encuentren aquí, es nuestra obligación el protegerlos. Yo he incorporado la resolución a esta ley, por la recomendación que me hizo el Comité Judicial, para facilitar los asuntos y que el tema se lleve a discusión. Es una obligación solemne de este Congreso, el ver que toda la gente esté protegida, el que todas las personas reciban la misma protección de la ley, no obstante sean extranjeros. El chino o cualquier otro extranjero, que vienen aquí, tienen derecho a la protección de la ley. Si los juzgados estatales no les otorgan la misma protección de la ley; si el sentimiento público es tan inhumano como para robarlos de sus derechos civiles, yo digo que no sería yo hombre, que yo sería menos que un hombre, si no insistiera, y aquí insisto, que la promesa a esta nación que se hace es el de cumplir y proteger a los extranjeros chinos o cualquier otro extranjero que nosotros hemos autorizado venga aquí, y darles el derecho a ser oído en nuestros juzgados, que puedan éstos demandar y ser demandados, tener la protección de todas la leyes y tener el derecho de todas las leyes como cualquier otro hombre que es.

    ¿Por qué no podemos poner en esta ley este clausulado? ¿Por qué no podemos poner en esta ley las fórmulas para que la enmienda decimocuarta y decimoquinta de la Constitución se cumplan? La enmienda decimocuarta estipula que ningún Estado podrá negar la misma protección de la ley a nadie. Los tratados establecen que ellos tendrán la misma protección de la ley. Justicia, humanidad y decencia lo requiere.45

No obstante es clarísima la exposición de motivos, al explicarnos la razón por la que se promulga la ley de 1870, el mencionado Tribunal de Apelación, en el asunto de Bhandari..., se ve atado a interpretar de una manera diferente el asunto. Explica que el precedente establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jones... debe de ser aplicado, pues de no hacerlo no existiría seguridad jurídica.46 Por lo que resuelve que la sección 1981 no protege al extranjero cuando éste sufre actos discriminatorios en manos de ciudadanos o de empresas privadas. El multicitado Tribunal Federal distingue entre discriminación racial y discriminación de nacionalidad. Concluye que la discriminación racial no se tolera, pero la discriminación de nacionalidad no está prohibida por la ley.47 Que la raza es inmutable, cuando la nacionalidad sí lo es. Continúa exponiendo el mismo Tribunal Federal de Apelación en su sentencia, que ser patriota es una virtud civil y aquellos que no tienen obligaciones de patriota para con los Estados Unidos de América no deben de reclamar la misma protección. El tribunal reconoce en Bhandari... sólo una obligación moral para con el extranjero. Vemos pues que con este precedente, al igual que la sentencia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Jones..., el sistema legal estadounidense se va alejando cada día más de la interpretación natural y lógica de la sección 1981 que otorgó a todo individuo sin importar raza, color o nacionalidad los mismos derechos. Creemos que si el senador Stewart viviera hoy en día, moriría de dolor y vergüenza al ver que su lucha por proteger a cualquier persona o grupo humano, sin importar creencias, raza u origen ha sido descartada, violada, olvidada e interpretada de una manera que nos hace pensar que los ideales buscados en la guerra civil han sido olvidados. Cuando en Estados Unidos de América se le niega la protección de derechos civiles a un individuo por la sencilla razón de ser indocumentado, se está creando de facto algo parecido a la esclavitud. Interpretación que se adoptaba para aplicar las normas de la sección 1981, el propio Tribunal Federal de Apelación revocó el precedente que previamente había establecido previamente, en el asunto conocido como Guerra v. Manchester Terminal Corp.48 en el que Guerra, como ciudadano mexicano, presenta demanda en contra de su patrón reclamando que se le debían salarios vencidos, en el que procedió a interpretar si la sección 1981 protegía al indocumentado en los casos que el patrón le negara el derecho al seguro social. Al revocarse el precedente en ese caso, es claro que hoy en día el indocumentado no tiene derecho ni siquiera a reclamar los beneficios de la seguridad social.

El razonamiento que aplica el mismo tribunal en el caso Bhandari... es ilógico y, por tanto, erróneo ya que sustenta que la ley sólo tiene obligación de proteger al que identifica como patriota. Ignora que la sección 1981 emana y trae consigo toda la justificación del historial de la esclavitud, de la guerra civil, del derecho natural de todo ser humano para ser tratado igual; la lucha de norte contra el sur; la esclavitud contra la libertad; el blanco contra el negro; el humano contra la bestia; el amo contra el esclavo; el poderoso contra el débil; no obstante es claro el propósito de proteger al chino que entonces se encontraba en el Estado de California, abandonado, olvidado y desamparado por todos. La sección 1981 pues, recoge una gran tradición histórica de humanismo. El senador Stewart entonces lo expuso claramente; pero mientras que la Suprema Corte de Justicia de la nación estadounidense no revoque la sentencia pronunciada en Jones..., todos los juzgados tendrán que seguir interpretando la sección 1981 de manera ilógica, inhumana y contra de todo indocumentado. Ello confirma que está sujeto a un sinnúmero de abusos y de violencia; que se encuentra actualmente en una situación similar a la del hombre negro recientemente emancipado en el sur de Estados Unidos de América, y en las condiciones infrahumanas en las que el chino vivía en el siglo pasado en California. No entendemos, pues, por qué la Suprema Corte de Justicia de la nación estadounidense niega el reconocimiento del derecho que otorga la sección 1981 que dispone que todo individuo tiene los mismos derechos a los ojos de la ley. Obligar al indocumentado a que viva en Estados Unidos de América a la sombra de la ley, permite la violencia y abusos en su contra; tolerándose no sólo por la sociedad, sino por la insensata interpretación de la ley. Asimismo, la creencia de que el indocumentado no está protegido por la multicitada sección 1981, propicia a la "víctima ideal," que se abstiene de denunciar los abusos, discriminaciones o delitos que se cometen en su contra, por temor a la deportación, o porque sabe mejor que nadie, que por ser indocumentado, los Estados Unidos de América no le reconocen los mínimos derechos civiles.

2. Alcance de la sección 1981 respecto de los actos de los agentes federales

En la remota circunstancia de que algún agente migratorio fuera demandado por haber violado las reglas de la sección 1981, éste podría defenderse invocando que tiene inmunidad y que no podría ser sentenciado al pago de daños y perjuicios, pues agregaría como defensa que actuaba en funciones gubernamentales. El ámbito de esta defensa exige que aquél haya actuado de manera razonable y prudente.49 Determinar lo que es "razonable y prudente" constituye una tarea que el jurado decidirá. Claro que será complicado y muy difícil para el indocumentado, probar y convencer a un jurado compuesto por doce ciudadanos estadounidense, que el agente federal no actúo de manera razonable o prudente. Ello dependerá de sí el jurado examina las circunstancias desde el punto de vista del agente migratorio, o del correspondiente al indocumentado. La decisión de lo que es "razonable y prudente" dependerá del criterio del jurado para apreciarlo. Ello dependerá de que se mire con la perspectiva del verdugo o del mundo ideal de los agentes que patrullan la frontera o del mundo real de agentes que tratan de impedir algo imposible -frenar el río humano que cada día crece más y más- pretendiendo mantener una vigilancia en más de 3,200 kilómetros sin tener la suficiente capacitación, o el suficiente apoyo; ignorando las condiciones reales del indocumentado, quien es asaltado, acosado, abandonado, violado y degradado, sólo por buscar trabajo. Será pues difícil para un jurado -compuesto exclusivamente de ciudadanos estadounidenses- el medir y contestar a favor del indocumentado lo que es razonable y prudente.

3. Protección para todos

La posible solución que podría dársele al problema sería que se considerara a los indocumentados ante los ojos de la ley como una "clase reconocida", lo que permitiría que se les otorgara como grupo la protección de la sección 1981 de la ley.

La ubicación como "clase reconocida"50 es una solución que se ha dado a un grupo en particular que ha sido víctima de maltratos o discriminación, con el propósito de darle protección y para que se le considere cuidadosamente cuando demanda la protección de la ley. Para esto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se vería en la necesidad de revocar la decisión comentada, que corresponde al caso conocido como Plyler v. Doe.51 Consideramos que hasta que el sentimiento conservador que guarda hoy la Suprema Corte de Justicia de la nación estadounidense en contra del indocumentado continúe, este precedente seguirá siendo la ley.

Creemos injustificado que se le niegue al indocumentado el reconocimiento como "clase reconocida".52 La corte, en el precedente Pyler,53 emplea el argumento de que la situación del indocumentado es únicamente temporal, y que por ende puede ser alterada al obtener visas o permiso o incluso la ciudadanía. En realidad, es casi imposible para el indocumentado cambiar su situación migratoria, y por eso no encontramos lógico el razonamiento que da la corte, pues aun, en la remota circunstancia que pudiera cambiar su condición migratoria, no dejaría de existir y crecer aquel grupo de siete millones de indocumentados que viven y mueren en la sociedad estadounidense. Hasta que la corte no considere a esos siete millones de mexicanos como "clase reconocida", el indocumentado continuará sufriendo maltratos, violaciones, discriminaciones y abusos, sin tener ninguna protección legal.

El indocumentado que cruza la frontera se encuentra siempre en una situación muy singular. Es miembro de una clase de individuos que habitan en gran número en el sur de Estados Unidos de América, y como tal es un grupo que está creciendo más rápidamente que ningún otro; pero lamentablemente se encuentra sin ninguna representación en los cuerpos legislativos, sea congreso federal o estatal. Como consecuencia no podrá cambiar su situación de un completo desamparo y olvido a los ojos de la ley, mientras no encuentre quien hable por él en el congreso; promoviendo iniciativas de ley, o clarificando que tanto las enmiendas cuarta y quinta de la Constitución así como la sección 1981 también deben de serle aplicadas para preservar su protección. Por último, todo indocumentado debería tener el derecho de poder reclamar la protección de la ley, sin que por este simple hecho lo deporten automáticamente. Los indocumentados necesitan que surja otro senador, con los ideales del senador Stewart, para que los valores de la justicia renazcan en el congreso estadounidense.

III. CONCLUSIÓN

Desde un punto de vista idealista, pocos negarán que el indocumentado tiene derecho a trabajar en los Estados Unidos de América sin que sea víctima de abusos y violaciones cuando cruza la frontera. Asimismo, creemos que nadie negaría que los actos de "cacería humana" son crímenes que nunca deberían de ocurrir y que siempre deberían ser severamente castigados. El indocumentado vive, sufre, llora y lamenta en silencio la ola de violencia que aumenta diariamente en su contra. Frustración y angustia le causa sufrir en carne propia cuando los gobiernos municipal, estatal o federal estadounidenses, no hacen nada para detener, prevenir o castigar a quien comete violaciones en su contra; pero cuando el indocumentado cae en el laberinto judicial, y se da cuenta de que el sistema judicial es el primero que lo abandona, pone en duda la calidad humanitaria de dicho sistema.

Los consulados mexicanos podrían proporcionar información al indocumentado, pues siempre deberían estar en posición de ayudarlos, apoyarlos y buscar por todos los medios posibles que se les proteja legalmente. Creemos que todo indocumentado debe demandar ante los tribunales la protección de la ley, argumentado que tiene el derecho a ser reconocido y tratado como todo ser humano. Mientras el Poder Judicial siga tratando al indocumentado como otro Dred Scott54 -recordaremos aquella aberrante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estadounidense, en la cual se establece que el esclavo no tiene derechos por no estar incluido en el preámbulo de su Constitución- seguirá viviendo a la sombra de la sociedad; sin tener ninguna protec-ción; seguirá sufriendo sin disfrutar de los mínimos derechos que todo humano debe de tener, garantizados por la cuarta y quinta enmienda constitucionales, así como a ser tratado igual que a un hombre de raza blanca. ¿Cuántos Pedro Oregón necesitamos para que se cambie la ley?55 Hasta que los consulados mexicanos informen al indocumentado de que se le puede ayudar; hasta que los indocumentados se organicen buscando y exigiendo el cambio; luchando por sus derechos, marchando para que en el congreso se presenten iniciativas de ley, no habrá manera de que los tribunales le otorguen protección de las invocadas enmiendas constitucionales, ni tampoco la garantía para ser tratado igual que cualquier otra persona de la raza blanca.

Llegó el final del ocaso del siglo XX. Estamos iniciando un nuevo milenio en el cual sabemos que la competencia económica será feroz; así como que la interdependencia entre los países crecerá cada día; que la globalización está aquí y ahora; que el flujo migratorio será constante. Igualmente creemos que ha llegado el momento de que los consulados mexicanos asistan al indocumentado para que luche por sembrar la esperanza; trabajen para alcanzar una meta y se propongan conseguir el sueño que alimentó a uno de los hombres más grandes de la historia de la humanidad, como lo fue el presidente Abraham Lincoln, quien luchó para que la protección de la ley fuera para todos, sin importar raza, color, credo u origen.

*Socia de la firma Magallón & Sklar, L. L. P., en Houston, Texas. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados y miembro de las barras de abogados de Texas y Washington, D. C.

Notas:
1 Véase González Bolon, Francisco, "Afecta 'cacería' al turismo", El Imparcial, Arizona, 18 de mayo de 2000; Escobar, Eleazar, "Soy la prueba de que sí hay cacería", El Universal, 18 de mayo de 2000; Ruiz, José Luis, "Green: Hay prueba de agresión a ilegales", El Universal, 18 de mayo de 2000; Pinkerton, James, "Patrulla fronteriza mata a indocumentado", Houston Chronicle, 23 de mayo de 2000.
2 Traducido al español como el Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN).
3 Véase Deterring Illegal Inmigration, 60 Fed. Reg. 7885 (1995). Memoranda del presidente William J. Clinton estableciendo el derecho fundamental de la nación de proteger la integridad de sus fronteras y de sus leyes, en el que consagra la resolución de su administración para combatir la entrada del indocumentado, la cual advierte se ha visto incrementada en un 50% en comparación a 1993. Igualmente, impone la obligación al patrón de exigir prueba al trabajador de que tiene permiso para trabajar; reformándose las leyes penales para exterminar con el tráfico de indocumentados, así como para lograr su rápida deportación. Por último, ordena que 7,000 nuevos agentes fronterizos se contraten para la protección de la seguridad de la frontera, y de quienes la habiten legalmente.
4 Véase Núñez, Michael J., Violence at Our Border: Rights and Status of Immigrant Victims of Hate Crimes and Violence Along the Border Bewteen the United States and Mexico, 43 Hastings L. J. 1573 (1992).
5 Véase Saxbe v. Bustos, 419 U. S. 65 (1974), definiendo claramente los requisitos que se tienen que satisfacer para poder entrar legalmente a los Estados Unidos de América; también véase Dimaren v. Immigration and Naturalization Service, 398 F. Supp. 556 (SDNY, 1974), estableciendo claramente que la entrada de extranjeros a Estados Unidos de América está condicionada y sujeta a la discreción de su propio congreso.
6 Cuarta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América. Las primeras diez enmiendas a ese ordenamiento fueron propuestas por el Poder Legislativo de varios estados en el Primer Congreso Constituyente, el 25 de septiembre de 1789 en Filadelfia, PA. Fueron ratificadas el 15 de diciembre de 1791.
7 Véase Walton v. State, 827 S. W. 2d 500 (Tex. App. Houston [1st Dist.] 1992, no pet.). Esta decisión establece que no todos los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos están protegidos por la cuarta enmienda. Solamente cuando existe detención, sin importar que sea breve, la cuarta enmienda debe de ser observada y respetada. Solamente en aquellos casos en que la autoridad competente presente evidencias y pruebas en donde exista sospecha fundada y razonada para llevar a cabo la detención, sin haber cumplido previamente con las formalidades que exige la cuarta enmienda, serán autorizadas y admitidas en juicio.
8 Véase Yick Wo v. Hopkins, 118 U. S. 356 (1886). Con esta decisión, la Suprema Corte de Justicia de EUA estableció que la protección que otorga la cuarta enmienda protege a toda persona y se debe aplicar universalmente.
9 468 U. S. 1032 (1984).
10 Véase ibidem, p. 1044.
11 Véase 8 U. S. C., parágrafo 1325.
12 Véase INS v. López-Mendoza, 468 U. S. p. 1049.
13 494 U. S. 259 (1990).
14 Véase ibidem, p. 265.
15 Véase ibidem, p. 288 (Brennan, J., disidente).
16 Véase Preámbulo a la Constitución de los Estados Unidos de América ("We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America").
17 Véase Neuman, Gerald L., Whose Constitution?, 100 Yale L. J. 909 (1991).
18 Véase Bosniak, Linda S., Exclusion and Membership: The Dual Identity of the Undocumented Worker under United States Law, 1988 Wis. L. Rev., 955 (1988).
19 La sugerencia de presentar demandas en los tribunales estadounidenses es quijotesca y difícil de lograr en la vida real, ya que esa demanda tendrá que ser puramente civil y requerirá tramitarse a larga distancia. Recordemos que el indocumentado es deportado automáticamente, y que no obstante sus derechos sean violados, no podrá permanecer en los Estados Unidos de América. Una vez deportado, no podrá obtener visa autorizando su entrada legal, aunque éste demuestre que tiene razones legales y que el propósito de internarse en los Estados Unidos de América es para dialogar con abogados y atender su demanda. Más aun, lo único que podrá reclamar el indocumentado en su demanda será que debido a que sufrió la violación de sus derechos, reclama el pago de daños pecuniarios o la expedición de un "injunction" en la que se dicte una orden en contra de la autoridad de no deportarlo. Recordemos el caso de Elian González, los familiares piden al juez competente otorgue una "injunction" en contra de la orden de deportación. El indocumentado tendrá que contratar abogados en Estados Unidos de América desde su país natal, a larga distancia, tratando de coordinar las estrategias legales para poder lograr algún reconocimiento a sus derechos. Estas demandas civiles son muy costosas y complicadas. Será muy difícil lograrlo, pero no imposible, si para ello se cuenta con el apoyo de los consulados mexicanos.
20 Constitución de los Estados Unidos de América, quinta enmienda; véase Mathews v. Diaz, 426 U. S. 67 (1976) (estableciendo el precedente de que la quinta enmienda constitucional aplica a todos los que se encuentren presentes dentro de Estados Unidos de América, no obstante su presencia sea ilegal, transitoria u involuntaria); también véase Choudhry v. Jenkins, 559 F.2d 1085 (7th Cir. 1977), cert. denied, 434 U. S. 997 (1977) (estableciendo que la protección de los derechos que se otorgan en la Declaración de Derechos Constitucionales, también cubre al indocumentado, pero en aquellos asuntos que se relacionan con cuestiones migratorias y de nacionalización no están protegidos). Podría argumentarse como defensa del indocumentado, que cuando los agentes migratorios emplean fuerza excesiva o cometen actos de violencia en su contra, no están actuando en su condición de agentes migratorios, y entonces podría pensarse que en estas ocasiones el indocumentado sí tendrá la protección de la Constitución.
21 El gran jurado se compone por un número de ciudadanos que evalúa las pruebas que presenta el fiscal, y decide en forma independiente si en cada caso existen evidencias suficientes para emitir una orden de aprehensión en contra del presunto acusado. Véase U. S. v. Field, 875 F.2d 130 (7th Cir. 1989).
22 Garantía constitucional conocida como double jeopardy; véase McQueen v. U. S., 897 F. Supp. 960 (S. D. Tex. 1995).
23 Garantía constitucional conocida como self-incrimination; véase New Jersey Div. of Youth & Family Services v. S. S., 645 A.2d 1213 (N. J. Super A. D. 1994). Se establece que nadie podrá ser obligado a testificar en ningún asunto penal en contra de uno mismo.
24 Véase U. S. v. Balsys, 918 F. Supp. 588 (E. D. N. Y. 1996), revocado, 119 F.3d 122 (2nd Cir. 1977).
25 Véase Ricks v. District of Columbia, 601 A.2d 37 (D. C. App. 1991).
26 Véase Flores v. Meese, 942 F.2d 1352 (9th Cir. 1991). En este asunto, a principios de 1985, el Centro para la Protección del Derecho del Indocumentado, S. C., presentó una demanda representando a todos los niños que estuvieran en la misma situación que la demandante (class action) durante el procedimiento de deportación. La demandante, una niña menor, reclama la protección de la quinta enmienda; alegando que no puede ser privada de la libertad sin haberse cumplido con el procedimiento previamente establecido. Seis años después, y al final de una larga contienda litigiosa, la Suprema Corte le otorgó a esta menor y a todo menor que se encontrara en la misma situación, el derecho a reclamar la protección de la quinta enmienda.
27 676 F.2d 1023 (5th Cir. 1982).
28 Véase ibidem, p. 1039. Este precedente conlleva, como consecuencia, que en todas las deportaciones cierta audiencia, aun cuando sea breve y limitada, tendrá que celebrarse a cabo, antes de que el individuo pueda ser deportado. También véase Armstrong v. Manzo, 380 U. S. 545, 552 (1965) (estableciéndose que la audiencia de deportación tendrá que llevarse de manera que tenga sentido, a una hora razonable).
29 Véase González v. Reno, 86 F. Supp.2d 1167 (S. D. Fla. 2000). Recordemos una vez más el caso de Elian González en el que los parientes del menor pelearon la orden de deportación, y el Procurador de Justicia alego con éxito que todas las cuestiones migratorias son de la exclusiva jurisdicción del Ejecutivo federal.
30 Véase Plyler v. Doe, 457 U. S. 202, 218 (1982). En esta sentencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que la política del gobierno federal ha tenido como resultado que la población de ilegales sea tolerada, así como bienvenida por los patrones y comerciantes; pero abandona y desampara al indocumentado, sin manera de protegerle en contra de los abusos y explotación que les agobia todos los días, tanto de parte de los ciudadanos, como de los gobiernos estatales, llegándose a dictaminar que el Estado de Texas no podía negarle educación gratuita a los hijos de ilegales. Desafortunadamente, la corte no otorga a la población de ilegales ser reconocidos como "clase reconocida". Si lo hubiese hecho, habría dado cierta protección a los indocumentados como grupo.
31 "Igualdad de derechos" es traducido al inglés como equal rights.
32 42 U. S. C. parágrafo 1981(a). Asimismo, cuando digo Ley Federal Codificada, hago referencia a la ley promulgada por el Congreso de la Unión y no a la ley creada y reconocida por los precedentes o sentencias. Recordemos que el precedente/sentencia es la fuente primordial del derecho en el sistema legal anglosajón.
33 La enmienda trece a la Constitución prohíbe la esclavitud y establece que el congreso tiene el poder de verificar que exista legislación apropiada para que se cumpla la enmienda ("Section 1. Neither slavery nor involuntary servitude... shall exist within the United States, or any place subject to their jurisdiction. Section 2. Congress shall have the power to enforce this article by appropriate legislation").
34 392 U. S. 409 (1968). El señor Jones presentó demanda alegando que el demandado estaba violando la Ley de Derechos Civiles cuando se rehúsa a venderle una casa en un fraccionamiento privado, por la única y exclusiva razón de su raza. La Suprema Corte después de una larga discusión, resuelve que no se puede discriminar con base en la raza del demandante. La tesis que la Suprema Corte sustentó es la distinción entre discriminación por raza y discriminación por nacionalidad. Aceptando la discriminación con base en la nacionalidad y prohibiéndola con base en la raza.
35 Traducido del inglés "The Civil War Rights Statutes".
36 En el sistema legal anglosajón, el principio conocido como stare decisis, traducido al español como "obligatorio lo que se ha decidido", establece que los tribunales de primera instancia están obligados a aplicar la ley como se interpretó por los tribunales de mayor jerarquía. Los jueces de primera instancia no están en libertad de interpretar, y no pueden dejar de tomar en cuenta lo ya establecido como ley por las cortes de mayor jerarquía. Véase Black's Law Dictionary, 7a. ed., St. Paul, MN, West Publishing Company, 1999, p. 1414.
37 427 U. S. 160 (1976).
38 Véase Magallón, Guillermina, Algunas Características del Sistema Legal Anglosajón, conferencia sustentada en la XXVIII Convención Anual de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, San Luis Potosí, S. L. P., 1999.
39 829 F.2d 1343 (5th Cir. 1987), cert. denied, 494 U. S. 1061 (1990).
40 Véase Bhandari, 829 F.2d, pp. 1349 y 1350.
41 Traducido del inglés "1866 Civil Rights Act" (Ley de 9 de abril de 1866, ch. 31, 14 Stat. 27).
42 Traducido del inglés "1870 Voting Rights Act" (Ley de 31 de mayo de 1870, ch. 114, 16 Stat. 140).
43 Senador de Estados Unidos por el Estado de Nevada, (1827-1909).
44 Véase Bhandari, 829 F2d. p. 1346.
45 Véase Bhandari, 829 F.2d p. 1347 (citando Congressional Globe, 41o. congreso, 2a. sesión, p. 3658, 20 de mayo de 1870).
46 Recordemos el mismo argumento que se hace en la obra magistral de Shakespeare, en el Mercader de Venecia, cuando Persia responde al argumento de Bassanio: "No puede ser, no hay fuerza en Venecia que pueda alterar un derecho establecido". Shakespeare, William, Mercader de Venecia, 25a. ed., México, Espasa-Calpe Mexicana, 1989.
47 Véase Bhandari, 829 F.2d, p. 1352.
48 498 F.2d 641 (5th Cir. 1974).
49 Véase Harlow v. Fitzgerald, 457 U. S. 800 (1982) (estableciendo que cuando se alega y se prueba que el empleado federal actúa de buena fe y éste lo demuestra, tendrá la protección que corresponde a la inmunidad gubernamental).
50 Traducido del inglés suspect class.
51 457 U. S. 202 (1982).
52 Véase ibidem, p. 213.
53 Véase ibidem, p. 219.
54 Véase Dred Scott v. John F. A. Sandford, 60 U. S. 393 (1856).
55 Pedro Oregón, mexicano indocumentado de 23 años, muere cuando siete policías entran a su hogar, sin haber obtenido ninguna orden previa de cateo o de arresto. Los policías le disparan más de 15 balazos a quemarropa. Pedro Oregón no estaba armado. Su hija menor de tres años estaba con él. El Ministerio Público y la policía de la Ciudad de Houston, Texas, investigan y determinan que no obstante los policías no tenían ninguna orden judicial y entraron sin ninguna orden a casa de Pedro Oregón, debido a que existían indicios que ciertos actos ilegales ocurrían en casa de Pedro Oregón, el allanamiento de morada fue justificado, y ninguno de los siete policías enfrentaron ningún cargo. La comunidad mexicana en Houston se moviliza y presiona para que el fiscal federal presente acusaciones penales de violación a los derechos constitucionales de Pedro Oregón, y pide se investigue. El juez federal Nancy Atlas, basándose en la ley y en la defensa de inmunidad que presentan los policías, deshecha el argumento del fiscal y niega el auto de radicación. Asimismo, el 17 de noviembre de 1998, la viuda de Pedro Oregón presenta una demanda civil en contra de los policías, en el Juzgado Federal en Houston, Texas, reclamando daños por la violación a la Ley Federal de Derechos Civiles.

 
 

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