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DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA. ANÁLISIS DE LA EJECUTORIA

María Teresa LOBO SÁENZ *

Si damos un vistazo a la Revista de Derecho Privado (año II, núm. 4, enero-abril de 2003), planteamos una serie de argumentos para sostener la irretroactividad del artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal.

Textualmente expusimos que en relación a la nueva figura jurídica, prevista en el artículo 289 bis mencionada, existían tres posibilidades: considerarla inaplicable al matrimonio contraído con anterioridad a la entrada en vigor de la norma; aplicable a los matrimonios contraídos con anterioridad, pero a partir de la vigencia de la norma; o bien, aplicable a los matrimonios contraídos con anterioridad a su vigencia, siempre y cuando no desconozca, violente o suprima un derecho adquirido por alguno de los cónyuges o por ambos.

Señalamos entonces que podía considerarse que con la reforma se había creado un nuevo derecho (para ambos cónyuges) y que en consecuencia, si no existía un derecho anterior, éste no podía ser suprimido, luego entonces, que la reforma legislativa no se aplicaba retroactivamente en perjuicio de persona alguna, aun cuando el matrimonio se hubiese celebrado con anterioridad a la entrada en vigor de la misma.

Ahora bien, por acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día tres de septiembre de dos mil cuatro, se resolvió la contradicción de tesis 24/2004-PS, entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Tercero.

De la ejecutoria que se comenta, es importante destacar las siguientes consideraciones:

La institución y el funcionamiento práctico del matrimonio se asientan sobre determinadas bases económicas que originan el denominado régimen económico del matrimonio, el cual puede definirse como la solución que el ordenamiento jurídico ofrece respecto de la manera en que se responde a las necesidades del grupo familiar originado en el matrimonio, tanto en el aspecto interno, referente a la contribución de cada uno de los cónyuges al sostenimiento de las cargas familiares, como en el externo, referente a la responsabilidad de los dos cónyuges frente a terceros acreedores por las deudas familiares.

Esta naturaleza básica de los regímenes económicos patrimoniales no puede ser soslayada a la hora de entender e interpretar la regulación de las distintas opciones y modalidades que, en relación con los mismos, la ley pone a disposición de los particulares. Los artículos 178 y siguientes del Código Civil para el Distrito Federal, tanto antes como después de la reforma del dos mil, estipulan que el matrimonio debe celebrarse bajo los regímenes patrimoniales de sociedad conyugal o de separación de bienes, pero permite a los cónyuges modular con amplia libertad, en las capitulaciones matrimoniales, los aspectos específicos de estos regímenes que habrán de aplicarse en su caso. Para el caso de que los particulares no hagan uso, total o parcialmente, de su autonomía de la voluntad, el código establece previsiones de aplicación supletoria.

Según los artículos 208, 212 y 213 del Código Civil para el Distrito Federal, vigentes tanto ahora como antes de la reforma que entró en vigor en junio de dos mil, el régimen de separación de bienes es un régimen en el que los cónyuges conservan la propiedad y la administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen; todos los frutos y accesiones de los mismos no son comunes, sino del dominio exclusivo del dueño de ellos. Además, la ley establece que serán propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios profesionales, por el desempeño de un empleo, o por el ejercicio de una profesión, comercio o industria. El criterio que parece orientar la organización legal del régimen de separación de bienes —que puede ser absoluto o parcial— es, por tanto, el mantenimiento de la independencia de las masas patrimoniales de las personas que contraen matrimonio.

Sería erróneo, sin embargo, considerar que el régimen de separación de bienes asegura a las personas un derecho subjetivo definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, a menos que ellas tomen una decisión expresa en contrario. El régimen de separación de bienes no describe una situación propia de dos personas extrañas cuyos patrimonios se yuxtaponen y se comparan en un determinado momento: el régimen de separación de bienes es, antes que nada, un régimen económico matrimonial y, por tanto, un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines básicos e indispensables de esta institución.

El segundo párrafo del artículo 212 del Código Civil para el Distrito Federal, por ejemplo, establece que los bienes de los cónyuges casados por separación de bienes deberán ser empleados preponderantemente para la satisfacción de los alimentos de su cónyuge y los de sus hijos, si los hubiere. En caso de que se dejen de proporcionar injustificadamente los mismos, las personas mencionadas podrán recurrir al juez de lo Familiar para que autorice la venta, gravamen o renta de dichos bienes, para satisfacer sus necesidades alimentarias. De modo similar, el régimen de separación de bienes no dispensa a los cónyuges de la necesidad, explicitada en el artículo 164, de contribuir económicamente al sostenimiento del hogar, a la alimentación de ellos y de sus hijos, y a la educación de estos últimos en los términos que la ley establece. El patrimonio de los cónyuges casados bajo separación de bienes está, en otras palabras, sujeto a variaciones cuyo impacto final es imposible de determinar ex ante.

El criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que detecta una aplicación retroactiva perjudicial de la ley allí donde, en sentido estricto, no la hay, parte de un entendimiento demasiado exigente de cuáles son los límites del legislador en una materia como la regulación del matrimonio. Por los intereses que entran en juego en dicho ámbito, no puede entenderse que la Constitución "blinda" a los particulares contra toda modificación legislativa; no puede decirse, en otras palabras, que la Constitución otorga un derecho subjetivo a los particulares al mantenimiento del statu quo que deriva de la aplicación de las normas bajo las cuales se casaron.

En efecto, la regulación jurídica del matrimonio, en sus diferentes vertientes, intenta conjugar dos necesidades igualmente importantes e irrenunciables: por un lado, la necesidad de ser un instrumento al servicio de la autonomía de la voluntad de las dos personas que desean contraerlo y, por otro, la necesidad de someter esta autonomía de la voluntad a límites derivados del interés público y social que tiene el Estado en proteger la organización y el desarrollo integral de los miembros de la familia y en asegurar que la regulación jurídica que les afecta esté orientada a asegurar el respeto de su dignidad, así como de otros valores y principios constitucionales, como se deriva, entre otros, del artículo 4o. de la Constitución Federal, y tal como lo explicita actualmente el artículo 138 ter del Código Civil para el Distrito Federal.

Por esto, no puede considerarse que dos personas que se casan bajo una determinada ley tengan un derecho adquirido para que su situación personal y patrimonial se rija perpetuamente por lo dispuesto en las normas vigentes en el momento en que contraen matrimonio. Dada la naturaleza del derecho de familia y, en particular, la de las normas reguladoras del matrimonio, no es posible que las partes pacten inmunizarse completamente de los cambios legislativos que inciden en su estatus personal, en su patrimonio, o en el conjunto de derechos y obligaciones que derivan del matrimonio, del mismo modo que no es posible asumir que las personas adquieren, cuando se casan, un derecho para que dichos efectos sean invariables con respecto a ellos, porque el matrimonio es una institución jurídica que se sitúa en un ámbito en que quedan inseparablemente vinculados el interés privado y el público.

Es importante destacar que las personas que acudieron ante los tribunales colegiados, cuyas resoluciones estamos analizando en el presente caso, provienen de juicios de divorcio en los que se pudieron alegar todas las causales de divorcio enumeradas por la ley vigente en el momento en que se inició el juicio de divorcio. Si —precisamente por los intereses a que debe atender la regulación del matrimonio— es constitucional, legítimo y no retroactivo que en las demandas de divorcio se puedan alegar todas las causales de divorcio contenidas en la ley vigente en el momento del juicio, y no solamente aquellas contenidas en la ley que estaba en vigor cuando las personas implicadas se casaron, no parece haber razón para considerar retroactivo y constitucionalmente ilegítimo tomar en consideración las reglas sobre disolución del régimen económico matrimonial vigente en el momento del juicio. En opinión de esta Suprema Corte, no hay motivo para hacer una distinción tal entre lo que podríamos llamar los efectos "personales" del matrimonio y del divorcio, y los efectos "económicos" de los mismos.

En conclusión, esta Primera Sala de la Suprema Corte no puede respaldar el criterio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, según el cual aplicar el artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal a los matrimonios contraídos con anterioridad a su entrada en vigor, supone incurrir en una aplicación retroactiva prohibida por la Constitución. Las previsiones del artículo 289 bis se aplican a los juicios de divorcio iniciados a partir de su entrada en vigor, y las mismas operan una modificación en la regulación jurídica de la liquidación del régimen de separación de bienes que no afecta a derechos patrimoniales adquiridos de los cónyuges.

La argumentación desarrollada hasta el momento deja también fuera de duda que no es obstáculo para lo que aquí se sostiene la regla general, según la cual los contratos se rigen por la ley vigente al momento de su celebración (véase, por ejemplo, la tesis 1a./J.56/2003 del rubro: " CONTRATOS. SUS EFECTOS SE RIGEN POR LA LEY VIGENTE AL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN"). El matrimonio es una institución que en ningún modo puede ser equiparada a un contrato típico. El matrimonio es una institución que, aunque tiene un trasfondo contractual relacionado con el encuentro de voluntades entre dos individuos, está rodeado de normas mediante las cuales impone numerosos límites a la misma, normas que se extienden a toda la regulación del matrimonio entendida en sentido amplio, incluyendo, por tanto, el divorcio y la disolución de los regímenes económicos matrimoniales. Como lo ha señalado la Segunda Sala de esta Suprema Corte en la tesis que a continuación se transcribe, la naturaleza jurídica del matrimonio no es la de un acto contractual, sino la de un acto-condición, que coloca un caso individual dentro de una situación jurídica general ya creada de antemano por la ley, la cual conlleva una serie de derechos y deberes que esa ley (atendiendo tanto a la voluntad de los contrayentes como a otros bienes e intereses jurídicos) establece y moldea:

    Quinta Época/Instancia: Segunda Sala/Fuente: Semanario Judicial de la Federación/Tomo: XLVIII/Página: 3297.

    MATRIMONIO, NATURALEZA JURÍDICA DEL. Gastón Jéze, en su estudio acerca de los actos jurídicos, los clasifica, por razón de su contenido, en cuatro categorías, y los comprendidos en la tercera de ellas, a los que denomina actos-condición, por referirse a casos individuales, han sido y son confundidos frecuentemente con los actos contractuales, a pesar de existir profunda diferencia jurídica en la esencia de ambos; pues mientras los primeros pertenecen al campo del derecho público, los segundos se rigen esencialmente por la voluntad de las partes que los crean y pertenecen al derecho privado. El acto-condición consiste en colocar un caso individual dentro de una situación jurídica general, ya creada de antemano por la ley, y como ejemplo típico de estos actos, puede citarse el del matrimonio, que consiste en colocar a los contrayentes dentro de la situación jurídica general de cónyuges, ya establecida por el Código Civil. El matrimonio no crea la situación jurídica de que va a ser investido el individuo; esta situación ya existe y han sido las leyes las que la han creado y reconocido, y el matrimonio no hace otra cosa que investir a un individuo determinado, de los poderes y deberes generales reconocidos por las leyes. Ahora bien, los oficiales del registro civil no tienen funciones semejantes a las de los notarios, sino que son los funcionarios investidos por la ley, del poder necesario para colocar, por medio del acto-condición del matrimonio, los casos individuales de los pretendientes, dentro de la situación jurídica general, ya creada por la ley.

    Amparo administrativo en revisión 1432/36. Hernández Ricardai Jesús. 25 de junio de 1936. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustín Aguirre Garza. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Esto explica por qué el régimen jurídico del matrimonio se aparta en tantas y tan importantes dimensiones del régimen jurídico aplicable a los contratos típicos; como acabamos de subrayar a modo de ejemplo, en un juicio de divorcio se pueden alegar todas las causales contempladas por la ley en el momento del juicio, con independencia de que la misma no las contemplara en el momento de celebración del matrimonio.

Respecto a la segunda parte de la argumentación con la que esta Sala se propone mostrar la debilidad última del criterio sostenido por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, hay que precisar que tampoco es posible sostener que la aplicación del artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal a los matrimonios contraídos con anterioridad a su entrada en vigor equivale a una aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de alguien por contener dicho artículo una sanción, por las razones siguientes.

El origen de la compensación prevista en el artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal se halla en la necesidad de encontrar un mecanismo paliativo de la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen económico de separación de bienes, que es un sistema de organización económica que no permite la comunicación entre las masas patrimoniales de los cónyuges. Esta indemnización, a la que podemos llamar "compensación económica por razón de trabajo", es concebida por el código como una compensación cuyo otorgamiento por el juez es simplemente posible, no obligatoria, en el caso de que concurran una serie de circunstancias expresamente fijadas por la ley.

La indemnización por trabajo es una compensación determinada por el perjuicio económico sufrido por el cónyuge que se ha dedicado a las actividades descritas en el artículo en comento, lo cual le ha reportado unos costos de oportunidad cuyos efectos desequilibradores se evidencian como especialmente graves en un caso concreto. La misma se complementa con (aunque es técnicamente independiente de) la obligación de los cónyuges de contribuir al sostenimiento de las cargas familiares, plasmada en el artículo 164 del Código Civil para el Distrito Federal. En efecto, que dos personas se casen bajo el régimen de separación de bienes no les libera, como ya hemos dicho, de la obligación de contribuir a sostener las cargas económicas familiares, y uno lo puede hacer con dinero y el otro mediante el trabajo, como lo reconoce expresamente ahora el artículo 164 bis del Código Civil: "El desempeño del trabajo en el hogar o el cuidado de los hijos se estimará como contribución económica al sostenimiento del hogar". El cónyuge que no trabaja fuera del hogar cumple con las cargas económicas familiares con una contribución no monetaria. Lo que ocurre es que el desarrollo de esta actividad dentro del hogar le impide dedicar su fuerza de trabajo a obtener ingresos propios por otras vías. Por esta razón, la ley entiende que la forma en la que contribuye al sostenimiento de las cargas matrimoniales y familiares le perjudica en una medida que puede verse como desproporcionada al momento de disolver un régimen económico de separación de bienes. En términos económicos, y como ya se ha dicho, se trata de compensar el costo de oportunidad asociado a no haber podido desarrollar la misma actividad en el mercado de trabajo convencional, en donde habría obtenido la compensación económica correspondiente. Y la ley establece como baremo de cálculo de esta compensación hasta el cincuenta por ciento de los bienes adquiridos por el cónyuge durante el matrimonio.

Es evidente, por tanto, que la compensación prevista por el artículo 289 bis no tiene un carácter sancionador, sino estrictamente reparador. A diferencia de lo que deja entender la tesis del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, la misma puede solicitarse y ser acordada tanto a favor del cónyuge inocente como del cónyuge culpable en un caso de divorcio necesario —es lógico que su procedencia o improcedencia no se plantee en los casos de divorcio voluntario, porque en estos los cónyuges acuerdan todo lo relativo a sus relaciones económicas en el convenio de divorcio—. Se trata de un instrumento que corrige la intensidad de la lógica motora del régimen de separación de bienes en casos en los que, a juicio del juez, esto es necesario para reaccionar ante situaciones de enriquecimiento y empobrecimiento injusto perceptibles en el momento de la disolución de un determinado régimen económico patrimonial. En consonancia con esto, el límite máximo de la compensación es del 50% de los bienes que el cónyuge que trabaja fuera del hogar ha adquirido durante el tiempo de subsistencia del matrimonio, porque este es el periodo de tiempo en el que se ha dado la interacción entre los dos tipos de trabajo de los cónyuges cuyos efectos en el patrimonio de los esposos puede llegar a ser necesario corregir.

Por todo lo dicho, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación llega a la conclusión de que la compensación prevista y regulada en el artículo 289 bis del Código Civil para el Distrito Federal puede solicitarse, y si en el caso de ser acordada por un juez, en todos los juicios de divorcio iniciados con una demanda interpuesta después del momento de la entrada en vigor de dicho precepto, con independencia de que el matrimonio de las personas que se encuentran en proceso de divorcio se hubiera celebrado antes o después de la entrada en vigor del mismo —el 1 de junio del 2000—.

El criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, por encima de la división de opiniones existente entre el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Décimo Tercero, queda redactado con el siguiente rubro y texto:

    DIVORCIO. LA INDEMNIZACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 289 BIS DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE JUNIO DE 2000, PUEDE RECLAMARSE EN TODAS LAS DEMANDAS DE DIVORCIO PRESENTADAS A PARTIR DE SU ENTRADA EN VIGOR, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL MATRIMONIO SE HUBIERA CELEBRADO CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA. La aplicación del citado artículo, que prevé que los cónyuges pueden demandar del otro, bajo ciertas condiciones, una indemnización de hasta el 50% del valor de los bienes que el cónyuge que trabaja fuera del hogar hubiere adquirido durante el matrimonio, no plantea problema alguno desde la perspectiva de la garantía de irretroactividad de la ley contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal, cuando la misma se reclama en demandas de divorcio presentadas a partir de la entrada en vigor del mencionado precepto legal, con independencia de que el matrimonio se haya celebrado con anterioridad a esa fecha. El artículo en cuestión constituye una norma de liquidación de un régimen económico matrimonial que se aplica exclusivamente a las liquidaciones realizadas después de su entrada en vigor y, aunque modifica la regulación del régimen de separación de bienes, no afecta derechos adquiridos de los que se casaron bajo el mismo. Ello es así porque, aunque dicho régimen reconoce a los cónyuges la propiedad y la administración de los bienes que, respectivamente, les pertenecen, con sus frutos y accesiones, no les confiere un derecho subjetivo definitivo e inamovible a que sus masas patrimoniales se mantengan intactas en el futuro, sino que constituye un esquema en el que los derechos de propiedad son necesariamente modulados por la necesidad de atender a los fines básicos e indispensables de la institución patrimonial, la cual vincula inseparablemente el interés privado con el público. Tampoco puede considerarse una sanción cuya imposición retroactiva prohíba la Constitución, sino que se trata de una compensación que el Juez, a la luz del caso concreto, pueda considerar necesaria para paliar la inequidad que puede producirse cuando se liquida el régimen de separación de bienes. El artículo citado responde al hecho de que, cuando un cónyuge se dedica preponderante o exclusivamente a cumplir con sus cargas familiares mediante el trabajo en el hogar, ello le impide dedicar su trabajo a obtener ingresos propios por otras vías, así como obtener la compensación económica que le correspondería si desarrollara su actividad en el mercado laboral; por eso la ley entiende que su actividad le puede perjudicar en una medida que parezca desproporcionada al momento de disolver el régimen de separación de bienes.

Es interesante el manejo en los aspectos sociales que la tesis en análisis utiliza para justificar la irretroactividad de la norma, así como para definir su naturaleza de indemnización, apartándose al tradicional uso de reglas técnico-jurídicas que hubiesen atendido primordialmente al carácter subjetivo de los derechos adquiridos de los cónyuges.

Lo trascendente en este asunto es que la norma tuvo como origen la necesidad de proteger a las mujeres dedicadas preponderantemente al cuidado del hogar y de los hijos, que contrariamente a su cónyuge, y con motivo del divorcio, cayera en un estado desventajoso económicamente hablando, realidad social que notoriamente afecta primordialmente a aquellas mujeres que han permanecido sujetas al vínculo matrimonial por muchos años, entonces, el criterio judicial adoptado por nuestro máximo tribunal permite indemnizar así a las más necesitadas de esta protección.

Sin embargo, es importante señalar que tuvieron que pasar cuatro años para que la corte resolviera sobre el asunto, lo que perjudicó en ese lapso a muchas mujeres (quizá algún hombre que se encontrase en el supuesto del precepto aplicado), lo que tratándose de un asunto de interés social ameritaba una atención más ágil, claro, desde nuestro personal punto de vista.

* Especialista en derecho civil.

 
 

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