Conclusiones

	Panorama del País
	Constitución
	Seguridad Pública y Justicia
	Derechos Humanos
	Valores Autoritarios y Democráticos
	Sistemas de impartición de Justicia
	Cambios en el Diseño del Estado
	Cultura de la Legalidad
	Nuevos temas en la sociedad mexicana

Panorama del País

Para los entrevistados la situación actual del país es muy negativa, lo que contrasta fuertemente con las percepciones recogidas durante el año 2003, en que se levantó la primera encuesta. 73.8% de los entrevistados consideran que empeoró (o sigue igual de mal) en relación con el año pasado. El panorama del país hacia el futuro también muestra percepciones negativas para más de la mitad de los entrevistados. No obstante, aparece una mayor preocupación e interés en los asuntos públicos: casi seis de cada diez entrevistados dijeron interesarse mucho o algo en ellos, lo que indica, si se comparan los datos con otros años, un crecimiento sustancial en los niveles de interés.

Constitución

Esta investigación muestra que existe un gran desconocimiento sobre la Constitución, no obstante, se afirma la necesidad de su observancia y respeto. La percepción del respeto a la constitución en el país es negativa, igualmente lo es su cumplimiento. Destaca la preocupación por efectuar cambios a la Constitución, dado que se considera que ya no responde a las necesidades del país. Sugiere que una de las demandas más fuertes en la sociedad mexicana es la impartición de justicia y aplicación de la ley, campos en los que persisten serias deficiencias.

Seguridad Pública y Justicia

Destaca una tendencia al endurecimiento de la población que percibe a la seguridad pública como un problema central, visión que es reforzada por una percepción de ineficacia de las autoridades para aplicar la ley. Existe una visión fuertemente punitiva de la justicia, la cual se relaciona con una concepción tradicional sobre las “violación de la norma” y el “castigo”, pero también a la socialización en un sistema de justicia donde el “cumplimiento de la ley” podía y puede tolerar o alentar altos niveles de impunidad. Existe una visión predominante de que la principal función de la justicia es “castigar al delincuente” y sólo en menor medida se concibe como la aplicación y el cumplimiento de la ley.

Derechos Humanos

La percepción del respeto a los derechos humanos en el país es negativa, igualmente lo es el cumplimiento de los derechos humanos de grupos vulnerables en el país. La falta de respeto a los derechos humanos se vincula a las autoridades que imparten y procuran la justicia, así como a los políticos. Señala además, que las percepciones sobre los derechos humanos se encuentran vinculadas a factores tales como: las concepciones acerca del bienestar en la sociedad, el acuerdo con el cumplimiento de la ley y las percepciones acerca de la autoridad y el orden.

Valores Autoritarios y Democráticos

Sin embargo, revela también, una faceta autoritaria e intolerante de los entrevistados, por lo que respecta a la aplicación y el respeto de los derechos humanos en casos específicos. Esta tensión entre los ideales y las prácticas, crea serios conflictos para la aplicación y adopción de los derechos humanos como un elemento fundamental de la cultura. Si bien, la igualdad ante la ley es un objetivo muy valorado entre los entrevistados por sobre la posibilidad de que existan posibles excepciones en su aplicación. Las ideas predominantes acerca de la función de la justicia establecen uno de los territorios de mayor tensión con un horizonte de vigencia plena de los derechos humanos.

Sistemas de impartición de Justicia

La mayoría de los entrevistados opina que en México la justicia no funciona bien, por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extra-legales. La gran mayoría de la población se siente desprotegida contra el abuso de autoridad. A su vez que asocia la violación de los derechos humanos con el poder y las autoridades. Sin embargo, estas preocupaciones por el abuso y la violencia de la autoridades se corresponden con el territorio discursivo de la población en general. Cuando pasamos hacia el territorio de los “delincuentes” o los “narcotraficantes” nos movemos en un espacio normativo diferente, donde el abuso tiene otra legitimidad al conectarse con una visión punitiva de la justicia que es altamente compartida.

Cambios en el Diseño del Estado

Un análisis del rediseño del estado implica tomar en cuenta tres elementos básicos: las normas y procedimientos institucionales que regulan las formas y canales establecidos para el acceso y organización del poder político del gobierno; el nivel de institucionalización del régimen; y los valores y prácticas sociales en los que se fundan las instituciones y las representaciones de los ciudadanos acerca del estado. No obstante los esfuerzos realizados durante los últimos años por instituciones, grupos organizados y actores políticos y ciudadanos, todavía las reglas, instituciones y valores de la democracia no han arraigado profundamente en las instituciones y en la cultura política del país. Se observa la permanencia de una cultura política caracterizada por la existencia de redes verticales de patronazgo, la presencia de intermediarios políticos y la implantación de estructuras propias del ámbito privado en la vida pública. Ello ha traído como consecuencia, un alejamiento de los individuos de la esfera pública que es concebida como lejana y por ende, también de la política; pero al mismo tiempo, ha alentado el desarrollo de prácticas políticas no democráticas y obstaculizado la instauración plena de las instituciones de la democracia.

Cultura de la Legalidad

La existencia de redes sociales y la implantación en el ámbito público de estructuras de la vida privada en una sociedad jerarquizada, han contribuido a desalentar la participación de los ciudadanos en la vida política, al mismo tiempo que han propiciado el crecimiento de actitudes y prácticas que tienden a propiciar un alejamiento, cuando no una plena contradicción entre las prácticas vigentes y la norma; es decir las reglas no escritas establecidas por la costumbre y que son parte sustancial del sistema y de la propia sociedad mexicana. Existe en México una cultura política de la legalidad, que se basa en la diferencia aceptada por los gobernados entre la normatividad jurídica y las prácticas políticas reales, lo que contribuye a una cultura de la permisividad, la aceptación y la complicidad de los gobernados con los gobernantes y la discrecionalidad. En materia de cultura de legalidad, sigue vigente la vieja tradición de negociar políticamente la ley, de la ley como un referente de la negociación o la presión. La politización de los procesos judiciales ha sido sistemática en la vida pública mexicana, lo mismo que la judicialización de la política. La larga tradición negociadora del sistema corporativo y clientelar ha permeado profundamente a la cultura política: pactar, ceder, negociar, incluir, y repartir espacios de poder mecanismos de control del sistema político se han trasladado al campo de la legalidad y obediencia a la ley. La pervivencia de redes clientelares y estructuras corporativas impiden que la organización colectiva de la sociedad establezca los parámetros de un cambio cultural y la conformación de un contexto ciudadano.

Nuevos temas en la sociedad mexicana

En la sociedad mexicana existen múltiples ámbitos de pertenencia para el individuo. Hoy la percepción positiva de la identidad ciudadana se acompaña de un proceso de formación de nuevas identidades políticas y sociales, proceso que se nutre de las llamadas “identidades restringidas”, como por ejemplo, las mujeres, los grupos étnicos, los homosexuales, etc. que a través de múltiples discursos, prácticas y formas de organización reclaman su lugar en el escenario político. Los cambios en la sociedad intensificados por los procesos de globalización económica, la migración y los sistemas de información han dado lugar a nuevos procesos de constitución de identidades que plantean la búsqueda y construcción de nuevas bases de identificación política. Han dado lugar, además a la presencia y discusión de nuevos temas en la sociedad mexicana, como la despenalización del aborto y la eutanasia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la representación de varios grupos en las instituciones clave para la toma de decisiones, como la Cámara de Diputados. Si bien, en la encuesta aparece un reconocimiento a los derechos de determinados grupos como las mujeres y temas como la despenalización de la eutanasia, desafortunadamente, todavía en México persisten la desigualdad en el trato y la intolerancia hacia diversos grupos sociales, al mismo tiempo, algunos grupos sociales objeto de prejuicios y desigualdades en el trato, también mantienen prejuicios y estereotipos acerca de los demás en la sociedad. Se trata de buscar una solución al problema de las minorías sociales o culturales para las que el concepto de ciudadanía integrada supone la eliminación de sus identidades diferenciadas (sociales o culturales). Se hace entonces necesario diseñar un concepto de ciudadanía que permita a los grupos sociales desfavorecidos o marginados y a las minorías étnicas, religiosas o culturales su integración al Estado, sin perder por ello sus rasgos diferenciados propios. Se precisa un concepto de ciudadanía que permita la integración de tales minorías, no sólo como individuos, sino también y especialmente, como grupos específicos. Este nuevo concepto de ciudadanía puede implicar cambios decisivos en la política social y cultural, e incluso en la concepción tradicional del Estado. La representación política es una modalidad de la constitución de las identidades sociales, entidades colectivas que no existen en sí, sino que son el producto del trabajo social de producción de sentido. La identidad se sitúa así en el corazón del proceso de composición y recomposición de los espacios políticos.