Estatuto



El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional es una asociación civil de carácter académico y científico, sin fines de lucro, fundado en la ciudad de Buenos Aires el 22 de marzo de 1974. Su sede es la ciudad de México y tiene por objeto el estudio del derecho constitucional de Iberoamérica.




Los fines del Instituto, en forma enunciativa, son:

  1. Fomentar el estudio del derecho constitucional y de las instituciones políticas.

  2. Facilitar el conocimiento de la legislación, doctrina y jurisprudencia constitucionales de los países iberoamericanos.

  3. Fomentar la enseñanza, investigación y difusión del derecho constitucional iberoamericano.

  4. Organizar, promover y auspiciar cursos, seminarios, conferencias, debates, congresos y otras reuniones.

  5. Facilitar y promover la comunicación y colaboración entre sus miembros.

  6. Establecer relaciones con editoriales especializadas para la publicación y distribución de las obras del Instituto.

  7. Promover la publicación de libros, revistas, boletines y otros documentos relativos a las actividades que realice el Instituto en soportes impresos y electrónicos.

  8. Elaborar bases de datos sobre derecho constitucional iberoamericano, y

  9. Establecer relaciones con entidades y asociaciones afines.



El Instituto está compuesto por miembros fundadores, titulares y honorarios.




Son miembros fundadores quienes participaron en la creación del Instituto en 1974 y quienes se adhirieron a él en dicho año: Manuel Barquín, Germán J. Bidart Campos, Jorge Carpizo, Héctor Fix-Zamudio, Pedro José Frías, Domingo García Belaunde, Jorge Mario García Laguardia, Manuel García Pelayo, Mario Justo López, Alberto Meneses Direito, Luiz Pinto Ferreira, Humberto Quiroga Lavié, Luis Carlos Sáchica, Rolando Tamayo, Diego Valadés, Jorge R. Vanossi, Enrique Véscovi.




Son miembros titulares los fundadores y los designados de acuerdo con lo previsto en este artículo. Todos gozarán de los mismos derechos.

Para ser designado miembro titular del Instituto, se requiere ser propuesto por la sección nacional correspondiente, para lo cual se deberá:

  1. Presentar la propuesta respectiva con el currículum vitae del candidato, circunscrito a sus merecimientos como estudioso del derecho constitucional; y

  2. Acompañar un ejemplar de sus principales publicaciones.

La propuesta será dirigida al secretario general ejecutivo, quien la someterá a la consideración del Comité Directivo para su aprobación.




Son miembros honorarios los constitucionalistas eminentes de cualquier nacionalidad, designados por la Asamblea General, a propuesta del Comité Directivo.




La afiliación no está supeditada a consideraciones de carácter político, étnico, de género, religioso o ideológico, ni a la adscripción a determinada escuela o tendencia científica o filosófica.




Son derechos y obligaciones de los miembros titulares:

  1. Participar con voz en la Asamblea General.

  2. Participar con voz y voto en la Asamblea General cuando:

    1. Sean miembros fundadores.

    2. Sean miembros del Comité Directivo

    3. Representen a una sección nacional en los términos de este estatuto.

  3. Colaborar en las publicaciones y participar en las actividades del Instituto.

  4. Participar en las actividades académicas que organice el Instituto.

  5. Contribuir a la actualización de la información sobre derecho, doctrina y jurisprudencia constitucionales.

  6. Las demás que señale este Estatuto.



Los miembros honorarios pueden ejercer los derechos y obligaciones establecidos en los incisos c), d) y e) del artículo anterior.




Son órganos del Instituto:

  1. La Asamblea General,

  2. El Comité Directivo, y

  3. El Consejo Asesor.



Integran la Asamblea General:

  1. Los miembros fundadores.

  2. Los miembros del Comité Directivo.

  3. Hasta tres representantes de cada una de las secciones nacionales, nombrados por éstas. La votación será por sección nacional.



Corresponde a la Asamblea General:

  1. Designar y remover a los miembros del Comité Directivo, quienes durarán en sus funciones cinco años.

  2. Designar a los integrantes del Consejo Asesor.

  3. Reformar este Estatuto.

  4. Resolver las cuestiones no previstas en el presente Estatuto.




Las decisiones de la Asamblea General se toman por mayoría simple de los presentes. La reforma del Estatuto requiere mayoría absoluta de los presentes.




El Comité Directivo del Instituto estará compuesto por el presidente, el secretario general ejecutivo, cuatro vicepresidentes, un tesorero y cinco vocales, designados por la Asamblea General. Las decisiones del Comité Directivo se toman por el voto de la mayoría de sus miembros presentes.




Corresponde al Comité Directivo y, cuando no esté reunido, a su presidente:

  1. Convocar a la Asamblea General.

  2. Cumplir las decisiones de la Asamblea General.

  3. Determinar, entre las propuestas existentes, la sede de los congresos iberoamericanos.

  4. Cambiar la sede del instituto cuando las circunstancias así lo requieran.

  5. Aprobar la incorporación al Instituto de los miembros de las secciones nacionales, así como de los miembros titulares.

  6. Registrar el nombramiento de los representantes de las secciones nacionales ante la Asamblea General, así como de los miembros titulares.

  7. Dictar los reglamentos concernientes a la aplicación del presente Estatuto.

  8. Designar al miembro del Comité Directivo que sustituya a quien falte debido a renuncia o fallecimiento. Este nombramiento será sometido a la ratificación de la siguiente Asamblea General.

  9. Promover la integración de nuevas secciones nacionales.

  10. Acordar las demás medidas que contribuyan al cumplimiento de los fines del Instituto.



El Consejo Asesor estará compuesto por quienes hayan sido miembros del Comité Directivo y por quienes designe la Asamblea, sin que su número total exceda de diez personas.




Corresponde a los miembros del Consejo Asesor:

  1. Cumplir las encomiendas que el Presidente del Instituto le asigne.

  2. Formular al Comité Directivo las propuestas que estime convenientes.




Corresponde al presidente:

  1. Dirigir las actividades del Comité Directivo.

  2. Presentar el informe correspondiente a la Asamblea General.

  3. Las demás que le asigne el Estatuto.




Corresponde al secretario general ejecutivo:

  1. Representar al Instituto, conjuntamente con el presidente.

  2. Ejecutar las resoluciones del Comité Directivo.

  3. Designar y remover al personal administrativo del Instituto.

  4. Llevar el registro de asociados y mantener la correspondencia oficial.

  5. Colaborar con el presidente en las funciones que éste le encargue.

  6. Recibir el informe anual que presenten las secciones nacionales.



Corresponde a los vicepresidentes realizar las funciones que el Comité Directivo le asigne.




Corresponde al tesorero administrar el patrimonio del Instituto y rendir cuenta al Comité Directivo, cuando éste lo solicite.




Corresponde a los vocales:

  1. Participar en las deliberaciones y acuerdos del Consejo Asesor.

  2. Realizar las demás funciones que les asigne el Comité Directivo.




Las secciones nacionales se regirán por sus propios Estatutos. Cada una agrupará y elegirá a sus integrantes. Los miembros de las secciones nacionales pueden ser miembros titulares del Instituto, previa aprobación del Comité Directivo.




Cuando por diversas razones no fuese posible constituir una sección nacional, el Comité Directivo podrá autorizar que una entidad gremial acreditada de constitucionalistas, haga las veces de una sección nacional, con todos los derechos que corresponden a las demás secciones.




El Comité Directivo podrá aprobar la creación de secciones nacionales que estén fuera del ámbito geográfico y cultural iberoamericano, cuando existan académicos en número suficiente para ello y que tengan, al margen de los requisitos generales, un adecuado conocimiento e interés por el constitucionalismo iberoamericano.




Las secciones nacionales deberán informar anualmente acerca de las actividades que hayan realizado.




El patrimonio del instituto se integra por:

  1. Las aportaciones de sus miembros.

  2. Las subvenciones, herencias, legados y donaciones que reciba.

  3. El producto de la venta de sus publicaciones y de la prestación de servicios.

  4. Los demás recursos que pudieran corresponderle.




La comisión organizadora de un Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional deberá intercambiar opiniones con el presidente y con el secretario general ejecutivo del Instituto, sobre los temas a tratar y sobre los ponentes generales.

Los Congresos Iberoamericanos deberán dar a conocer a los participantes, en su última sesión, las conclusiones o relatorías a que hubieren llegado.

Las actividades organizadas y las publicaciones hechas por una Sección Nacional o por quien hace sus veces, son de su exclusiva responsabilidad. Cuando vayan a utilizar el logotipo institucional en sus publicaciones, lo harán con previo aviso al secretario general ejecutivo.




Este Estatuto es la norma suprema del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. En consecuencia, prima sobre cualquiera otra disposición que la contradiga, ya sea de carácter general o de una Sección Nacional.




La disolución del Instituto y el consiguiente destino de sus bienes, será decisión de sus miembros titulares por mayoría de dos tercios y serán destinados a una institución análoga, sin fines de lucro.




El presente Estatuto reemplaza al del 30 de abril de 2005.

(Tucumán, 19 de septiembre de 2013).

Derechos Reservados, (C) 2015 IIJ-UNAM
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria, CP. 04510, México, D.F.
Tel. +52 (55) 5622-7474, Fax. +52 (55) 5665-2193
Contacto: iidc.unam@gmail.com